El gobernador Pedro Pierluisi sostuvo que no tiene un plan alterno ante la posibilidad de que la Legislatura no apruebe algunos nombramientos, incluyendo los nombramientos de Larry Seilhamer a secretario de Estado y Manuel Torres a contralor, y afirmó que ambos deberían ser evaluados por sus capacidades, fuera de otras consideraciones políticas.

La legislatura, bajo mayoría del Partido Popular Democrático (PPD), está en curso de colisión con el gobernador, del Partido Nuevo Progresista (PNP). En ese escenario, ya la Legislatura ha rechazado varios nombramientos y amenaza con colgar otros si el gobernador no accede a algunos reclamos.

“Cuando hablamos de confirmaciones, voy a repetir lo que he dicho anteriormente. Aquí puede haber diferencia de criterios entre la Rama Legislativa y la Rama Ejecutiva cuando estemos considerando legislación. Eso va a ocurrir. Eso ha ocurrido hasta cuando tenemos un gobierno que no es compartido. Pero esas diferencias de criterio que van a surgir no tienen nada que ver, ni deben tener nada que ver con la evaluación de los méritos de los nominados a dirigir agencias de gobierno”, afirmó Pierluisi.

La confirmación de los nombramientos se da ante el Senado, a excepción de los puestos de secretario de Estado y Contralor, que también tienen que ser confirmados por la Cámara de Representantes.

Aclaró que temas con una posible reforma electoral, o el contrato con la compañía LUMA que en días asumirá control de las operaciones de transmisión y distribución de la Autoridad de Energía Eléctrica, “no tienen nada que ver” con la confirmación de los nominados.

“Yo espero que voten, que voten de acuerdo a su conciencia... espero que (los legisladores) hagan su trabajo”, insistió. “No deben atar una cosa con la otra. Es totalmente impropio. Es hasta falto de ética”.

Sobre su veto expreso al Proyecto de la Cámara 500, que buscaba devolver poderes a la Legislatura, Pierluisi dijo que esa medida “ignora o hace caso omiso del hecho de que todavía el gobierno está en quiebra, de que existe una emergencia fiscal. La medida también hace caso omiso o ignora que se aprobó la Ley Promesa para precisamente lidiar con esta situación de insolvencia del gobierno de Puerto Rico y se creó una Junta de Supervisión (Fiscal) que a su vez tiene la última palabra en el proceso presupuestario... ese proyecto pues como que hace caso omiso de todo eso. Es inconsistente con la Ley Promesa, que tiene supremacía, es decir, va por encima de nuestras propias leyes, aunque no nos agrade”.