El gobernador Pedro Pierluisi adelantó este lunes que no apoyará ninguna medida legislativa que incluya aumentar los impuestos a la propiedad inmueble, esto en momentos en que en la Asamblea Legislativa se discute un proyecto que busca retasar las propiedades a su valor en el mercado actual en sustitución de las que datan de 1957, tal como se calcula en el presente.

“Aunque este trámite no ha culminado y no está aun bajo mi consideración, yo siempre he estado opuesto y seguiré opuesto a aumentos contributivos, incluyendo aumentos en la contribución sobre la propiedad inmueble. Así que si la medida conlleva un aumento a la propiedad inmueble no va a contar con mi apoyo”, sostuvo el Primer Ejecutivo.

Acotó que sí está a favor de que se modernice o se reforme el Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM), una iniciativa que aseguró que está en curso.

“El propósito de esa modernización y reforma es, por ejemplo, ampliar el número de propiedades que tiene en su catastro. Eso está ocurriendo de forma digital”, explicó.

Agregó que si el propósito es identificar propiedades que tienen exenciones indebidas o que se obtuvieron de forma irregular, hay vías para lograrlo sin tener que legislar. Asimismo, apoyó que se promuevan nuevas amnistías para aquellos que tienen retrasos en sus pagos.

A preguntas de la prensa también señaló que se puede cambiar el sistema del CRIM para que sea a base del valor actual de la propiedad, siempre y cuando se baje sustancialmente la tasa que se le aplica a ese valor “cosa que no conlleve un aumento”.

“La idea es estructurarlo de tal manera que no conlleve un aumento, pero que estemos a la altura del siglo 21, porque ese sistema actual que funciona a base de una forma que, básicamente, nadie lo entiende y con precios de propiedad de 1957. Eso hay que actualizarlo. Pero no debe ser penalizando a los contribuyentes”, enfatizó al insistir que la fórmula actual para las tasaciones es “rarísima” y ha sido criticada hasta por la Reserva Federal.

El Proyecto de la Cámara 827 ordena al CRIM que a partir del año 2024 utilice como referencia el valor de mercado actual de las propiedades para determinar el impuesto que los dueños de residencias y empresas pagarán. Además, la medida elimina la exoneración automática que, al presente, recibe más de la mitad de las propiedades residenciales en Puerto Rico. Según se expone en la medida, de cada 10 propiedades en la isla hay seis que gozan de alguna exención o exoneración contributiva.

El proyecto fue aprobado en junio por la Cámara de Representantes y, actualmente, se evalúa en el Senado. El Departamento de Hacienda y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) no tuvieron reparos con la medida. Mientras, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) también favoreció la pieza legislativa.