El gobernador Alejandro García Padilla rechazó este martes que haya anticipado el cierre de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y otros componentes del sistema de transporte público como un mecanismo de presión para intentar romper el tranque con la Asamblea Legislativa, y lograr que finalmente se apruebe el proyecto de ley que aumentaría el arbitrio sobre el barril de petróleo y sus derivados.

El primer ejecutivo reconoció, no obstante, que la urgencia de aprobar la controvertida medida no es solo para pagar la nómina de la entidad pública, y mantener funcionando las guaguas de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) y el Tren Urbano (TU), sino que es necesaria para cumplir los compromisos que tiene a ACT con instituciones financieras adicionales al Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

“Es que no tenemos con qué pagar a los empleados. Me parece que algunas personas lo que no han comprendido es que el cerrar la AMA, el tren y la Autoridad de Carreteras no es un mecanismo de presión, es que no hay dinero para pagar, como si pensaran que es una carta que estamos jugando para poner presión, eso sería una irresponsabilidad. El que piense de esa forma, no me conoce”, argumentó el mandatario durante un encuentro con la prensa en La Fortaleza.

El Ejecutivo ha insistido en la necesidad de aprobar cuanto antes el Proyecto de la Cámara 2212 sobre el aumento al crudo para garantizar las operaciones de la ACT, la AMA, el TU, y el sistema de Metro Urbano, que discurre entre Toa Baja y Bayamón.

García Padilla y el secretario de la Gobernación, Víctor Suárez, reiteraron este martes que, si antes del lunes próximo no obtienen una garantía de la Legislatura de que se aprobará la legislación, tendrían que paralizar el sistema de transporte colectivo que, según estimados del Gobierno, sirve a unas 50,000 personas diarias.

Esta no sería la primera vez que la administración de García Padilla incrementa el impuesto sobre el barril de petróleo, y en ambas ocasiones ha justificado el alza con la necesidad de repagar la deuda de unos $2,200 millones que arrastra la ACT con el BGF, y devolverle liquidez al banco del Gobierno.

Además de agotarse el presupuesto operacional de la ACT y la AMA, el lunes próximo Carreteras deberá pagar a RBC Capital Markets (RBC) cerca de $18.3 millones correspondientes a una emisión de bonos realizada en agosto de 2013.

El director ejecutivo de la ACT, Javier Ramos Hernández, reconoció temprano este martes que esa corporación pública todavía adeuda alrededor de $275 millones de esa transacción.

Pero García Padilla aseguró que, si se aprueba el aumento al arbitrio del petróleo, la ACT saldaría su deuda con el BGF y con RCB.

“Esta emisión lo que permitiría es, no solo hacer el pago, sino darle una fuente de repago a una emisión que haga que se saque la deuda del Banco Gubernamental y se libere la capacidad del Banco Gubernamental para solventar el país en su obra futura. Esto hace mucho más que permitir que la Autoridad tenga el flujo para pagar la hipoteca con el banco (BGF), sino que permite que la Autoridad tenga el flujo para la hipoteca de todas sus deudas ”, explicó el gobernador.

Uno de los objetivos del proyecto sobre el crudo es que la Autoridad para el Financiamiento de Infraestructura (AFI) asuma la deuda de la ACT con el BGF, y que el aumento en el arbitrio sirva como fuente de repago para que esa corporación pública pueda emitir deuda nueva para cumplir con la obligación.

Sin embargo, García Padilla admitió que el plan de completar esa transacción a finales de este año quedó pospuesto a raíz del tranque con el Poder Legislativo.

“El Gobierno de Puerto Rico, cualquier emisión que tuviera a bien hacer con esa fuente de repago, tiene que posponerla porque no está aprobada… Mientras no haya fuente de repago, no puede haber emisión de bonos”, enfatizó.

Suárez, por su parte, recalcó que lo que se necesita de manera urgente es el compromiso de las cámaras legislativas de que la medida se aprobará. Con esa garantía, según dijo, podrían permitir que los empleados de la ACT y otras entidades públicas se presenten a sus puestos el lunes, y cuando la pieza se convierta en ley, el BGF podría adelantar fondos para el pago de la nómina de la primera quincena de diciembre.

Precisó que, de los gastos operacionales de a ACT, el 68% es para el pago de la deuda, y que si se liberan esos compromisos, se podrían utilizar los recursos para cubrir todos los gastos operacionales.

El secretario de la Gobernación dijo, además, que un informe de la firma de consultoría Álvarez y Marzán de octubre de 2012 y otro de la empresa consultora FTI de mayo pasado recomendaron incrementar al arbitrio del crudo entre cinco y 10 centavos por litro para atender el problema de la ACT.

García Padilla, en tanto, dijo que las propuestas alternas que han sometido representantes como Manuel Natal y Luis Raúl Torres no son viables, pues no generarían ingresos suficientes.

De otra parte, el gobernador defendió las partidas incluidas en dos resoluciones conjuntas para desarrollar obra y mejoras públicas, y aunque reconoció que hay quien pueda objetar el uso de fondos públicos para construir boleras, parques acuáticos o pistas de patinaje, destacó que también se asignan recursos para instalaciones de salud e infraestructura vial.

“¿Qué buscamos? Proyectos que sean prioridad para los municipios y que estén listos para construirse para activar la economía”, sostuvo.

“Uno puede discrepar. Entiendo que se discrepe de si ese dinero debería ser en la construcción del CDT de Culebra o en la pista para trotar de un municipio, pero la discrepancia es si debe ser utilizado para esa obra de infraestructura, y no es si se van a usar esos fondos para la operación y la nómina de una agencia que no genera economía para el país”, puntualizó García Padilla.