Tras llamar a los líderes sindicales de las corporaciones públicas a retomar el diálogo, el gobernador Alejandro García Padilla se valió de expresiones del presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), Ángel Figueroa Jaramillo, para restarle justificación a los votos de huelga que tanto ese sindicato como la Unión Independiente Auténtica (UIA) aprobaron para reprochar una propuesta legislación que establecería una emergencia fiscal en el Gobierno y le quitaría derechos adquiridos.

 Durante una conferencia de prensa realizada luego de culminar un foro económico promovido por el periódico español El País en el Centro de Convenciones de Puerto Rico, en Miramar, el gobernador ordenó a su equipo a poner en dos ocasiones un audio de Figueroa Jaramillo en el que se le escuchaba hablar sobre la exigencia que tenían los sindicatos para negociar con el Gobierno.

“La salida era sencilla, una enmienda que se retrotraiga a los derechos de hoy”, se escuchó decir a Figueroa Jaramillo cuando salió el pasado lunes de un encuentro en Fortaleza con la secretaria de la Gobernación, Ingrid Vila.

 Acto seguido, García Padilla dijo a la prensa “como ellos hicieron esa petición ayer y dijeron que eso era lo único que hacía falta, anoche se introdujo la siguiente enmienda”. De inmediato, pasó a leerla.

La enmienda a la que hace referencia la propuso el senador Cirilo Tirado y detalla que "a partir del primer año de la vigencia de esta ley y anualmente por los próximos tres años, toda corporación pública establecerá anualmente un proceso mediante el cual el director ejecutivo de la entidad y los representantes de sus respectivos gremios, evaluarán de forma transparente la situación económica y las realidades fiscales de la respectiva corporación pública. A la luz de la evaluación, según el mecanismo adoptado y de establecerse que la corporación pública no opera con déficit, cuenta con una condición financiera estable, y no depende del Fondo General para su operación, se podrán iniciar negociaciones de aquellas cláusulas del convenio colectivo que han sido congeladas bajo las disposiciones de este Artículo. Al finalizar la vigencia de esta Ley, se reestablecerá el convenio colectivo vigente al momento de entrar en vigor esta ley por el termino restante de vigencia, si alguno, y tendrá efectos de carácter prospectivo".

 De inmediato, García Padilla agregó que “anoche se enmendó ese proyecto de ley. ‘¿Qué mejor que eso?’, (Esas) fueron sus palabras”.

 Antes de sacar a relucir esta exigencia, el líder del Partido Popular Democrático (PPD) alegó que entiende que los sindicatos tienen que hacer sus reclamos.

 “No hay ninguna palabra de reproche de mi parte contra los líderes sindicales. Ellos entienden que tienen que hacer unos reclamos, recordando que los derechos de uno terminan donde comienzan los derechos del otro”, dijo.

 No obstante, el ejecutivo criticó los altos sueldos que se llegan a tener en las corporaciones públicas. Además, recordó que estas entidades no están capacitadas ahora mismo para continuar con estos gastos.

 “Una persona que se gana en una corporación pública $10,000 al mes y es secretaria, en esa ecuación de rico y pobre, ¿en qué área la ubican?”, mencionó García Padilla cuando se le cuestionó sobre las manifestaciones que llevaron los sindicatos a Plaza Las Américas para supuestamente demostrar que su malestar es contra los ricos.

 El funcionario también mencionó sueldos de hasta $680,000 y pagos de sobre $300,000 por enfermedad.

 Explicó lo que a su juicio se lograría decretando una emergencia fiscal en el Gobierno.

 “Aquí se trata de que por un periodo de tiempo los bonos excesivos, para la cual las corporaciones no tienen hoy para pagar, se reduzcan para que no le cueste el empleo a nadie. El Gobierno pasado lo hacía botando gente. Este es un Gobierno sensible”.

 “Todo el mundo tiene que aportar un poco”, añadió García Padilla, antes de exponer que “yo estoy aquí para sacar el país de la crisis que heredé… Para eso me eligió el país y lo vamos a lograr”.

 La UIA y la Utier aprobaron este martes votos de huelga para repudiar la propuesta legislativa que crearía la Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno. Tras decretarse esta acción contra el Gobierno, los trabajadores irrumpieron en el centro comercial Plaza Las Américas para dejarse sentir.