El gobernador Alejandro García Padilla le dio la razón este miércoles al juez federal José A. Fusté al reconocer que el Departamento de Educación (DE) enfrenta serios problemas que atentan contra la eficiencia y el funcionamiento del sistema de educación pública, y laceran la calidad de los servicios que recibe el estudiantado.

En tanto, el secretario de Educación, Rafael Román, validó algunos puntos traídos por el juez del Tribunal Federal en una orden de interdicto preliminar, pero se apartó de su apreciación general de que la educación en las escuelas públicas es "deficiente, incompleta, vergonzosa, negligente, lamentable y no honorable".

"Estoy totalmente de acuerdo con las expresiones del juez Fusté, 100% de acuerdo con las expresiones del juez Fusté. Esa es la realidad que estamos cambiando. Es necesario cambiarla, y la vamos a cambiar. Mi compromiso es transformar el DE, y ya esa transformación comenzó", señaló el primer ejecutivo.

"Claro, décadas de problemas no se resuelven en dos meses. Estoy totalmente de acuerdo con las expresiones. El juez federal Fusté, con sus expresiones, corrobora lo que les he dicho: hemos heredado unos problemas gigantes en mi Gobierno, y yo los voy a atender", aseveró.

García Padilla reaccionó a los comentarios de Fusté durante una rueda de prensa en La Fortaleza en la que, acompañado por el titular del DE, anunció que el gobierno federal autorizó la semana pasada la extensión del plan de flexibilidad aprobado el año pasado, mediante el cual se le conceden al Gobierno estatal una serie de dispensas en el cumplimiento con la ley federal "No Child Left Behind".

Mientras el gobernador hablaba sobre las expresiones del juez Fusté, Román permaneció a su lado sin intervenir ni comentar sobre el tema. Sin embargo, al concluir la actividad y ya fuera del teatro de la Mansión Ejecutiva, el secretario del DE arremetió duramente contra las críticas que el juez federal le hizo al sistema de enseñanza pública como parte del caso de una estudiante del Programa de Educación Especial cuya madre reclamó mejores servicios.

"Yo respeto la opinión del juez. Ahora, también los jueces no tienen poderes omnipotentes. Todo tiene sus límites, el departamento ha estado dispuesto a trabajar su responsabilidad, a cumplir con sus responsabilidad. Yo he estado dando instrucciones siempre de cumplir con los tribunales, pero si es cuestión de matices, los jueces tampoco en este País son intocables", manifestó visiblemente molesto.

En su orden de interdicto preliminar, el juez Fusté enumera una serie trámites que el DE deberá cumplir en el caso de la estudiante identificada por sus siglas ECC, cuyas necesidades especiales se relacionan con la condición del síndrome de Down. En caso de que la agencia incumpla, advierte la determinación judicial, los funcionarios se exponen a que se celebre una vista en su contra por desacato civil o criminal, que podría acarrear su posible encarcelamiento y otros remedios provistos por la ley.

El secretario del DE dijo que, antes de que el juez Fusté emitiera la orden, su administración ya había tomado medidas respecto al caso de la menor.

Admitió que en el DE hay áreas para mejorar, pero aseguró que en el último año el funcionamiento de la agencia ha dado señales de mejoría.

"Las expresiones del juez son las expresiones del juez. Coincidimos en el punto de vista de que hay asuntos que hay que atender y que requieren mayor urgencia. Nosotros acatamos las órdenes de los tribunales, lo hemos demostrado", enfatizó Román.

En cambio, García Padilla incluso significó la iniciativa de Ivis Colón Vázquez de demandar al Gobierno en el foro federal para exigir los servicios que requiere su hija, pues ese es el nivel de involucramiento que desea ver en los padres y madres respecto a la educación de sus hijos.

"Aunque el departamento trabaje al 100%, si los padres no hacen su parte, los niños no van a lograr la coeficiencia que necesitan para entrar al mundo universitario como debe ser. Tenemos que lograr que los padres hagan su parte", sostuvo al opinar que los progenitores tienen más de la mitad de la responsabilidad en el aprovechamiento de los alumnos.

Al referirse nuevamente a las declaraciones del juez Fusté, García Padilla dijo que coincide con su apreciación de la misma manera en que validó los comentarios que hizo el secretario de Educación federal, Arne Duncan, sobre el reiterado incumplimiento del DE cuando se reunieron por primera vez para gestionar el plan de flexibilidad.

"Él (Fusté) tiene razón. Cualquier juez que lleva dirigiendo un caso tanto tiempo, cualquier tribunal que tiene un caso por 34 años y ve que siempre el Gobierno incumplía, le da un ultimátum. Es que yo acepté esa recomendación el 2 de enero del año pasado cuando juramenté como gobernador. Él tiene razón; hay que cumplir", puntualizó.