Río Grande. Para el gobernador Pedro Pierluisi, la Constitución del Estado Libre Asociado es “clara” al defender la libertad de expresión, incluyendo la libertad de prensa, y sostuvo que “hay que defenderla”.

Las expresiones del Primer Ejecutivo surgen como reacción a la discusión del caso que involucra al comunicador Alex Delgado, quien acudió al Tribunal Supremo de Puerto Rico para mostrar oposición a revelar la identidiad de una fuente que le suministró un documento del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) para un reportaje publicado en 2018 que investigaba a empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que, presuntamente, recibieron dinero a cambio de unas certificaciones para restablecer el servicio energético a abonados afectados por el azote del huracán María. El Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Apelaciones ordenaron al periodista -en aquel entonces vicepresidente de noticias de Wapa- a revelar la fuente.

“La prensa, la libertad de prensa hay que defenderla. Las fuentes de la prensa son indispensables y hay que evitar por todos los medios interferir con el trabajo periodístico. Esa es mi posición. Sé que el Departamento de Justicia está evaluando el asunto. Pero esa es mi posición”, subrayó el gobernador tras participar de la reapertura de El Portal El Yunque, en Río Grande.

Ante la pregunta de si promovería legislación para defender la protección de las fuentes, acotó que es un criterio a evaluar, dependiendo el desenlace del caso que ahora está ante la consideración del máximo foro.

“Hay que ver cómo se desarrolla el caso para entonces evaluar esa posibilidad, pero nuestra Constitución es clara defendiendo la libertad de expresión, incluyendo la libertad de prensa. Así que esto va más allá de legislación. Esto es cuestión de hacer valer nuestra Constitución”, puntualizó Pierluisi.

La sección 4 de la Carta de Derechos de la Constitución indica que “no se aprobará ley alguna que restrinja la libertad de palabra o de prensa o el derecho del pueblo a reunirse en asamblea pacífica y a pedir al gobierno la reparación de agravios”.

Tanto Delgado como la reportera Yesenia Torres Figueroa (que ahora labora para TeleOnce) presentaron el reportaje en discusión a través de la unidad de Noticentro Investiga. Ambos figuran como codemandados en un recurso de difamación radicado por el fiscal Idelfonso Torres. Resulta que como parte del reportaje y el documento al que los periodistas tuvieron acceso, el fiscal, a quien originalmente se le delegó la pesquisa, quedó revelado de la misma luego de que se diera a conocer que también había pagado por la certificación que otorgaban estos empleados de la corporación pública.

Delgado reafirmó que entraría en desacato si el Tribunal Supremo ordenara revelar la fuente, “porque no puedo cumplir con la misma”.

“Yo hice un compromiso de confidencialidad de esta persona que no puedo romper y, lamentablemente, si a mí se me ordenara revelar la fuente, estoy en posición de desacatar la orden del tribunal y asumir las consecuencias que sean determinadas”, indicó el comunicador al programa Jugando Pelota Dura, donde participa como panelista.

Enfatizó que dar a conocer la identidad de quien le entregó el documento tendría consecuencias graves para el gremio periodístico.

“Si yo revelo la fuente... no solamente (es) quién va a confiar en mí prospectivamente, quién va a confiar en todos ustedes, quién va a confiar en los periodistas puertorriqueños cuando tienen, quizás, las personas que no cumplen con la ley, una herramienta tan poderosa como una sentencia judicial para intimidar a empleados públicos o cualquier otra persona a que si revelas una fuente, van a ser identificados, van a obligar al periodista y se van a tomar represalias”, expresó.

Por otro lado, defendió la legalidad de divulgar el documento del NIE y sostuvo que, en más de una ocasión, solicitó entrevista con el fiscal Torres para aclarar el contenido del mismo.

“La autenticidad de ese documento es reconocida por los propios demandantes, tenía logo, tenía firma. El contenido de ese documento, no lo produjimos nosotros, lo produjo el Negociado de Investigaciones Especiales”, indicó.

De otra parte, la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) y el Overseas Press Club (OPC) han mostrado respaldo total y absoluto a los comunicadores.

“La confidencialidad de las fuentes de un periodista es la piedra angular de la libertad de expresión y la libertad de prensa, además que en este caso en particular, que citen y se dé a conocer la fuente, no tiene que ver absolutamente nada, me parece totamente innecesario”, sostuvo Damaris Suárez, presidenta de la Asppro.

Por su parte, el presidente de la OPC, Luis Guardiola, estableció como “catastrófico” que el alto foro valide lo ordenado por los tribunales de menor jerarquía.

“Si el Tribunal Supremo no concede el certiorari o confirma al Apelativo establecería un precedente muy peligroso que tendría el efecto de aterrorizar a las potenciales fuentes informativas. El resultado sería catastrófico para el objetivo de fiscalización, sobre todo de la gestión pública y para el derecho del pueblo a estar informado”, acotó.