Si el proyecto que busca viabilizar la Ley Habilitadora del Plan de Ajuste de Deuda (PAD) no sufre enmiendas radicales en su evaluación en el Senado de Puerto Rico, el gobernador Pedro Pierluisi lo firmaría sin contratiempos.

Así lo adelantó a la prensa el Primer Ejecutivo, mientras insistió en que urge reestructurar la deuda de Puerto Rico pues redundará en ahorros para el gobierno, al tiempo que evitaría que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) continúe limitando el presupuesto de las agencias.

“La reestructuración es indispensable. Esto conllevará unos ahorros extraordinarios para el gobierno, va a conllevar que la Junta de Supervisión no pueda seguir cortándole presupuesto a, prácticamente, todas las agencias en Puerto Rico porque vamos a tener una situación fiscal mucho más llevadera y positivo”, acotó el mandatario.

Asimismo, subrayó que el compromiso y la política pública de su administración es de “cero recortes a las pensiones públicas”.

“Lo digo no solo a bae de los recursos adiciinales que vienen bajo el programa Medicaid, sino a base de los nuevos estimados de la oficina que asesora al Congreso en cuanto al desempeño de la economía de Estados Unidos de la cual nosotros somos parte. Esos nuevos estimados lo que proyectan es una economía mucho más robusta que lo que la Junta anticipó cuando elaboró el plan fiscal y exigió esos recortes”, puntualizó el gobernador.

“Hay que ver qué cambios ocurren en el Senado (con el proyecto). Yo lo que espero es que no sean significativos e impidan que yo lo firme porque esta reestructuración de la deuda es clave para el futuro de Puerto Rico y eso yo lo apoyo”, reiteró Pierluisi quien, posteriormente, se trasladó al Capitolio y se reunió por espacio de 45 minutos con los legisladores que integran la conferencia legislativa del Partido Nuevo Progresista (PNP) para pedir un voto a favor del proyecto que se trabaja con nuevas enmiendas en el Senado para garantizar que no haya reducción en las pensiones.

La medida se aprobó la semana pasada en la Cámara de Representantes con votos populares y penepés, dando paso a una emisión de bonos de $7,400 millones al Plan de Ajuste, sustituyendo así la llamada deuda vieja valorada en $18,800 millones. El PAD también contempla un adelanto en efectivo de $7,000 millones para los bonistas.

De la pieza legislativa se sacó el lenguaje alusivo al recorte de pensiones que, en un inicio, impulsaba recortar el 8.5% en exceso de los que reciban $2,000 mensuales y creaba un fondo de restitución de $45 millones anuales que se cubrirían con recaudos del fisco y fondos de Medicaid.

A último momento se aprobaron varias enmiendas en sala, una de las cuales dispone que “las transacciones de restructuración de deuda que están autorizadas mediante la presente ley están totalmente sujetas y condicionadas a que la JSF no apruebe recorte alguno a las pensiones de los empleados gubernamentales retirados en el Plan de Ajuste o Restructuración”.