El gobernador Alejandro García Padilla convirtió en ley esta noche el polémico Proyecto 1922 que crea la Ley de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

El proyecto completó su trámite legislativo temprano en la noche. Fue aprobado con votación final de 26 votos a favor, 20 en contra y dos abstenciones en la Cámara de Representantes. Así el cuerpo validó en concurrencia la medida con las enmiendas que le introdujo el Senado en la noche del lunes.

“Con esta medida, se establece el marco legal que nos posibilitará garantizar la continuidad de la gestión pública en las áreas esenciales de salud, seguridad, educación, trabajo social y desarrollo. De esta forma, adoptamos un plan para manejar las consecuencias de la degradación del crédito y establecer una gerencia estructurada que permita cumplir con los compromisos del país, sin despedir empleados ni reducir la jornada laboral”, afirmó García Padilla en declaraciones escritas.

En un breve comunicado, el primer ejecutivo también agradeció el trabajo realizado por el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló, y del Senado, Eduardo Bhatia, así como por el resto del equipo legislativo de la mayoría.

Además, García Padilla reconoció a los líderes sindicales que, "poniendo al país sobre los intereses particulares, también han sido parte clave en la aprobación de esta legislación". La Ley de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico declara un nuevo estado de emergencia fiscal en el país.

 Por el lado de la Cámara los principales cambios fueron la eliminación de la facultad del gobernador de turno para extender más allá de los tres años estas medidas de recorte; la disposición de un recorte de 10% en todos los contratos profesionales y de servicios en todas las agencias; y la extensión hasta 60 días para que los sindicatos negocien con sus respectivas corporaciones y agencias los ajustes en los convenios que permitan lograr el ahorro programado y mantener, si fuera posible, algunos de los beneficios congelados.

El Senado mantuvo esas enmiendas y agregó algunas salvaguardas para garantizar que los fondos federales que reciben las agencias no resulten afectados con las medidas de ahorro que ordena la legislación.

También dispuso el Senado que los sindicatos podrán iniciar negociaciones transcurrido el primer año de la aprobación de la ley y restituir algunos de los beneficios congelados si sus corporaciones están financieramente estables, no tienen déficit y no dependen del Fondo General para su operación.

Recalcó además el Senado que al cesar el efecto de esta Ley los convenios que aún tengan vigencia, seguirán activos y se aplicarán sus cláusulas de forma prospectiva.

La legislación tiene como objetivo economizar y recortar el gasto gubernamental en sobre $1,350 millones para el próximo año fiscal que inicia el 1ro de julio.

En la Cámara, ambas delegaciones, la de mayoría del Partido Popular Democrático (PPD) y la del Partido Nuevo Progresista (PNP), anunciaron al momento de la votación que emitirían votos explicativos sobre la medida.

El presidente de la Cámara, Jaime Perelló Borrás, había adelantado temprano que habrían de concurrir con las enmiendas del Senado. “No hay ningún cambio que, valga la redundancia, cambie el propósito de la Ley que ya había sido atendida”, afirmó.

Recordó que los cambios fueron para clarificar el tema de las negociaciones de los convenios colectivos y para asegurarse de que no se afectaran fondos federales con las acciones que se tomarán a raíz de esta ley.