El gobernador Pedro Pierluisi firmó varias medidas legislativas, incluyendo el Proyecto de la Cámara 1374 para elevar a rango de ley las iniciativas relacionadas a los servicios educativos dirigidos a la población de personas con impedimentos que incluye experiencias educativas vocacionales, ocupacionales y en las diferentes áreas de producción agrícola. La ley entrará en vigor a partir del año escolar 2024-2025.

La nueva ley enmienda la Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos de 1996 para establecer que, mediante, el Programa Educativo Individualizado (PEI) cada persona con impedimentos tendrá derecho a un plan que responda a sus necesidades educativas particulares, basado en las evaluaciones realizadas por un equipo multidisciplinario. También, que habrá actividades vocacionales y ocupacionales, incluyendo agrícolas educativas que tengan el propósito de servir como laboratorios de enseñanza para la práctica laboral y el desarrollo de destrezas empresariales, entre otros. A esos efectos, la medida faculta a la Secretaría Auxiliar de Servicios Educativos para Personas con Impedimentos a promulgar la reglamentación pertinente de conformidad con lo dispuesto en la ley, que fue avalada por la Defensoría de Personas con Impedimentos, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) y la Administración de Rehabilitación Vocacional (ARV).

Otra medida que el mandatario confirmó en ley, fue el Proyecto de la Cámara 594, que establece la política pública del Gobierno respecto al manejo de los pacientes con Angiodema Hereditario, hinchazón que se presenta debajo de la piel y que deberá ser incluida en la cubierta especial del Plan de Salud del Gobierno, así como de los planes médicos privados. Además, a través de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica, en coordinación con el Colegio de Médicos Cirujanos y la Asociación de Médicos Alergistas, se asegurará la educación continua de los profesionales de la salud sobre este tema.

Por último, el gobernador informó que de someterse un proyecto de ley que tenga el mismo objetivo que el Proyecto del Senado 1253, y en el cual se acojan sus recomendaciones, estaría dispuesto posteriormente a firmar el mismo. El proyecto senatorial pretendía crear la Ley de Recreación Inclusiva para que todos los parques públicos estén preparados para recibir a personas con diversidad funcional y que se creara un Registro Especial de Instalaciones Deportivas y Recreativas Inclusivas. En declaraciones escritas se explicó que “la pieza legislativa, que recibió un veto expreso, presenta interrogantes que deben ser atendidas para lograr su efectiva ejecución”.

En una misiva dirigida a los presidentes legislativos, el gobernador reiteró que “concuerda plenamente con esta iniciativa legislativa, por lo que, de atenderse estos aspectos en un nuevo proyecto de ley, les comunico que estoy dispuesto a impartirle mi firma”.

Pierluisi catalogó como insuficiente el término de 30 días para recopilar la información necesaria para certificar los parques en Puerto Rico como una instalación sin barreras para el disfrute de las personas con impedimentos. Además, criticó que el lenguaje de la pieza legislativa es amplio y no se especifican los requisitos con los que debe cumplir cada parque a construirse o remodelarse. “Más importante aún, aunque se establece que ‘todos los parques públicos en cada municipio de Puerto Rico, -que se construyan o remodelen a partir del 1 de julio de 2024- estén adaptados a una recreación inclusiva para el disfrute de las personas con impedimentos’, no queda claro qué sucede con los proyectos, que, aunque no ha comenzado su construcción o remodelación, el proceso de diseño y financiamiento ya se ha iniciado. Este aspecto es fundamental para no interferir con las obras que ya están encaminadas en todo Puerto Rico, incluyendo las obras que están siendo financiadas con fondos federales”, reza el comunicado.

“Finalmente, entiendo que este proyecto de ley conlleva un impacto fiscal que todavía no ha sido determinado sobre el presupuesto de ciertas agencias y municipios. De su informe no surge el impacto, y la medida no asigna recursos económicos para los rótulos requeridos ni establece cuál es la entidad responsable de cubrir este costo”, concluyó el gobernador.