El controvertido proyecto que reestructura la Junta de Directores de la Autoridad del Puerto de Ponce ya es ley, luego que el gobernador, Alejandro García Padilla, le estampara su firma.

La Fortaleza confirmo este viernes que el gobernador firmó la medida, que fue combatida por la alcaldesa de Ponce, María “Mayita” Meléndez, pero que tiene el apoyo de la Coalición del Sur, un organismo integrado por dos alcaldes, varios políticos, empresarios y personalidades del área, y por los dirigentes locales del Partido Popular Democrático (PPD) y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

La nueva Junta de Directores de la Autoridad para el Puerto de Ponce que se crea con esta legislación, será copresidida por el secretario o secretaria de Desarrollo Económico y Comercio y por el director o directora del Puerto de Ponce, una dependencia que se mantiene adscrita al Municipio de Ponce.

La integrarán, además, tres miembros nombrados por el gobernador, dos de los cuales serán residentes bonafide del sur de Puerto Rico y un representante del interés público; así como dos personas nombradas por el alcalde o alcaldesa de Ponce.

Los nombramientos del gobernador serán confirmados por el Senado, mientras que los que haga la administración municipal deberán ser refrendados por la Legislatura Municipal.

Dispone esta nueva ley que los miembros a nombrarse en en la Junta tendrán que tener experiencia en el comercio marítimo internacional y estar debidamente capacitados para cumplir con los objetivos que se persiguen.

 Se establece además que no podrá ser nombrado miembro de la Junta una persona que tenga interés económico, directo e indirecto, en alguna empresa privada dedicada al negocio de actividad marítima.

 Tampoco podrá ser parte de la misma un funcionario electo o persona que haya participado en alguna elección para algún puesto político bajo cualquier partido en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

 La medida le asigna a la Junta la responsabilidad primaria de “conseguir un operador de calibre internacional para el desarrollo del Puerto de Las Américas, Rafael Cordero Santiago, así como un administrador para las Zonas de Valor Añadido” que se supone acompañen el desarrollo de dicho puerto.

Dispone también la transferencia de propiedades a la nueva Junta y establece que “la Autoridad del Puerto de Ponce y su Junta de Directores, en un plazo de 60 días luego de ser aprobada esta ley, negociará de buena fe con el Municipio Autónomo de Ponce los términos y condiciones bajo los cuales se habrá de traspasar, arrendar o subconcesionar cualquier propiedad, instalación, concesión o derecho que le pertenezca al Municipio y que sea necesario y conveniente para el desarrollo y operación del puerto, tomando en consideración que el traspaso de las propiedades municipales a la Autoridad viabiliza el desarrollo del Puerto de Las Américas como proyecto de desarrollo económico para la Región Sur y de Puerto Rico”.

Pasados esos 60 días, la Autoridad pasará a ser usufructuaria “y con la capacidad de disponer mediante contratos de concesión de dichos activos, en lo que se llega a un acuerdo definitivo con el Municipio Autónomo de Ponce”.

La legislación enmienda la franquicia concedida al Municipio de Ponce sobre el puerto para traspasarlo a la Autoridad y establece que volverá al control municipal en un término de 10 años.