El gobernador Pedro Pierluisi afirmó este miércoles que no puede criticar a su antecesora y excontrincante política, Wanda Vázquez Garced, por hacer un llamado público a la ciudadanía para que colabore con el pago de su defensa ante el caso de corrupción pública que se le imputa en la esfera federal.

De paso, afirmó que desea que se le “haga justicia” durante el proceso judicial que enfrentará.

Según destacó durante un aparte con la prensa, tras participar de una actividad del Departamento de Educación en el Centro de Bellas Artes de Santurce, Vázquez Garced es “una profesional de clase media” a que le asiste la presunción de inocencia. La expresión la hizo cuando se le requirió una reacción al pedido que ha realizado la exmandataria para obtener ayuda económica del pueblo.

Pierluisi estipuló que no observó el mensaje que Vázquez Garced realizó ayer en la tarde vía Facebook para anunciar que se creó la Corporación para la Verdad, la Justicia y la Honestidad para recaudar fondos para costear su defensa.

No obstante, opinó que “a la exgobernadora la asiste la presunción de inocencia y está en su derecho de solicitar donativos para el costo de su defensa. Yo sé que el costo de la defensa en el tribunal federal es altísimo, y también sé que la exgobernadora es una profesional de clase media, o sea, que yo sepa, ella no tiene grandes recursos, así que no me sorprende que haya hecho eso”.

Agregó que “lo que quiero es que se haga justicia. Ya sabremos el resultado en su momento. Mientras tanto, no puedo criticar lo que ha hecho. Ella está apelando a esa presunción de inocencia que tiene y a, pues, que la ayuden para sufragar el costo de su defensa. Y yo eso no lo puedo ver con malos ojos. Eso es lo que puedo decir”.

Vázquez Garced fue acusada junto a Julio Martín Herrera Velutini, quien es dueño de Bancrédito Interantional Bank & Trust Corporation; Frances Díaz, presidenta del mencionado banco; el exagente del Negociado Federal de Investigaciones, Mark Rossini, quien colaboraba con Herrera Veluntini, así como su exasesor político, John Blakeman. La alegación principal es que el grupo estuvo involucrado en un supuesto esquema de soborno durante la campaña primarista de la exgobernadora por el Partido Nuevo Progresista (PNP) entre finales del 2019 y mediados del 2020.

Díaz y Blakeman ya hicieron alegación de culpabilidad y colaboran con las autoridades federales.

Según la acusación federal, Herrera Velutini y Rossini presuntamente prometieron proveer apoyo financiero a la campaña de la exmandataria con el fin de que ella, con su influencia política, destituyera y reemplazara al comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), George Joyner, pues Bancrédito era objeto de una examinación de parte de esa oficina. En cambio, buscaron reemplazarlo con Víctor Rodríguez Bonilla, quien fue recomendado por el banquero.

Para el 28 de febrero de 2020, Joyner presentó su carta de renuncia. Su salida del cargo se concretó el 6 de marzo de 2020. Trascendió en aquel entonces que, supuestamente, había sido forzado a dimitir.

Tras la baja, Rodríguez Bonilla fue nombrado por la exgobernadora como comisionado de la OCIF para marzo de 2020.

Como parte de la transacción, supuestamente Vázquez Garced recibió un soborno de $300,000, dice la acusación federal.

Para montar el esquema, se alega que Herrera Velutini y Rossini se comunicaban “en secreto” y mediante intermediarios, identificados como Díaz y Blakeman.

“Herrera, Rossini, Vázquez y sus coconsipradores se comunicaron en secreto entre sí directamente y a través de intermediarios a través de mensajes de texto, correo electrónico y aplicaciones de mensajería basadas en Internet, y durante reuniones internas, para discutir aspectos del acuerdo de pago de sobornos a Vázquez”, lee la acusación.

Por estos alegados hechos, Vázquez Garced, quien llegó a la gobernación en agosto del 2019 luego de la renuncia del exgobernador Ricardo Rosselló, está acusada de cargos por defraudar el gobierno, soborno con fondos federales y fraude electrónico.