Manatí.- El gobernador Alejandro García Padilla justificó hoy, viernes, el barril de unos $50 millones que le exigió un grupo senadores como condición para respaldar el aumento al arbitrio del petróleo crudo y sus derivados, propuesto en el proyecto bautizado como la crudita.

Aunque no fue categórico, García Padilla, rechazó que se trate de un barril y argumentó que la millonaria asignación será destinada para arreglar carreteras. Dijo que si fueran fondos que se pudieran utilizar a discreción de los legisladores, como se hacía tradicionalmente en los llamados barriles de tocino, tendría objeción.

“Se trata de dinero para arreglar las carreteras y aquí quiero deslindar dos temas distintos. Hay fondos que por su propia naturaleza necesitan aprobación legislativa para usarse. Eso no quiere decir que todos los fondos que necesitan aprobación legislativa sean barriles. No es correcto”, indicó García Padilla.

El señalamiento se produjo al contestar preguntas de otros temas al final de una conferencia de prensa en la que anunció la construcción de una nueva farmacéutica en el municipio de Manatí.

García Padilla sostuvo que el ordenamiento jurídico en el país dispone que para hacer obra pública y trabajos de infraestructura permanente es necesario buscar aprobación de la Asamblea Legislativa. “Eso está así para que ningún gobernador, ni yo, ni ninguno, pueda utilizar los fondos del país sin que los que representan al país en la Asamblea Legislativa también tengan algo que decir”, puntualizó.

Argumentó que lo que lo que tradicionalmente se llama un barril “es cuando se dan dineros no asignados por lo regular para obra no permanente, que si para una empresa comprar un aire, una iglesia comprar un aire acondicionado o que tal grupito de personas haga un viaje”. Añadió que “eso era lo que tradicionalmente eran los barriles de tocino”.

Recalcó que comparte el reclamo de algunos de los legisladores que condicionaron su voto a favor de la crudita, unos a cambio de que se les proveyeran los parámetros de la reforma contributiva y su fecha de radicación y otros, que reclamaron fondos para acondicionar carreteras como la PR-10 de Adjuntas y la PR-30, que conduce de Caguas a Humacao.

“El país y reclama, y tiene razón, que asfaltemos la carretera 30 y la carretera 10 y como esas, muchas otras. Para eso se necesitan fondos que tienen que ser asignados y para eso tienen que pasar por el escrutinio legislativo antes. Yo estoy de acuerdo con la exigencia de los legisladores de que haya dinero para arreglarle las carreteras a la gente. Creo que es buena función legislativa, buscar fondos para arreglar carreteras, para que la gente no coja hoyos en carretera. Nadie regala el asfalto, hay que pagarlo”, acotó García Padilla.

¿Pero, ellos (los legisladores) no tendrían la potestad de cambiar esos fondos para otros propósitos?, le cuestionó este medio.

“Si se destinan legislativamente para un fin, no se puede”, respondió.

Se le preguntó si tácitamente la legislación dice que esos fondos tienen que ser para carreteras.

Entonces contestó: “No conozco el detalle… Hay que deslindar fondos de barril de tocino de fondos que necesitan aprobación legislativa para gastarse. Son cosas distintas”.

¿Categóricamente usted dice que no es un barril de tocino?, se le volvió a preguntar.

“No. Lo que estoy diciendo es que con la información que ustedes me proveen en la pregunta, mi recuerdo es que había una exigencia de la Asamblea Legislativa de una cantidad de dinero muy similar para atender carreteras. Si se refieren a esa, eso es una gestión legislativa natural, adecuada cuando un legislador de distrito o por acumulación exige que se asfalte una carretera que está en malas condiciones. Es parte de su deber representativo y natural. Si son fondos que no son para obra e infraestructura permanente, fondos discrecionales que se pueden utilizar lo mismo para obras de infraestructura como para otra cosa, como pago de pasajes para viajes, pues yo tendría objeción, pero ese no es el caso, según la pregunta que ustedes me han hecho”, afirmó García Padilla.