El gobernador Alejandro García Padilla dijo hoy viernes que su administración está preparada para posibles demandas de los bonistas a los que el Gobierno no les ha pagado.

“Nosotros estamos preparados para cualquier eventualidad. Lo que sí es que tenemos que ser responsables y hacer esto bien. Como un país unido, vamos a salir adelante, como lo han hecho otros países”, dijo el primer ejecutivo a preguntas de la prensa luego de participar en la apertura de la junta ampliada del Consejo Empresarial de América Latina (CEAL), que se reúne en San Juan del 12 al 15 de agosto.

García Padilla indicó, sin embargo, que sería “una conjetura” decir que con la carta que le envió la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Melba Acosta Febo, a los principales bonistas de la Corporación para el Financiamiento Público (PFC, por sus siglas en inglés), el Gobierno busque protegerse de demandas.

En la misiva de dos páginas, Acosta Febo le dice a los bonistas que las asignaciones presupuestarias para el pago de la deuda son un asunto discrecional de la Legislatura.

El gobernador dijo que la carta es parte de la negociación.

“Intercambio de cartas va a haber y mucho”, sostuvo al agregar que en cuanto a estos bonistas “no ha habido incumplimiento”.

“En este caso por el contexto jurídico de lo que dice el contrato no ha habido un incumplimiento, pero la reestructuración de la deuda va a durar meses. Nosotros vamos a ser constantes”, indicó García Padilla.

“Este es un proceso técnico, bien complejo y va a demorar unos meses y cada detalle va a tener su complejidad propia”, dijo. “No se sería correcto analizar toda la deuda de igual forma y el reclamo jurídico que incluye cada contrato”, agregó el mandatario.

En la carta de dos páginas, Acosta Febo le respondió a los principales bonistas del gobierno de Puerto Rico, Oppenheimer Funds y Franklin Advisers, quienes presionaron la semana pasada al Gobierno para que realice cuanto antes el pago de $58 millones a la PFC.

Tanto Oppenheimer como Franklin resaltaron en su exigencia al Gobierno mediante carta, varias leyes locales que facultan y ordenan al secretario de Hacienda a adelantar el dinero para que la PFC pueda cumplir con el pago de sus obligaciones.

Cinco días más tarde, Acosta Febo respondió a los bonistas puntualizándoles que las asignaciones presupuestarias para el pago de la PFC son un asunto discrecional de la Legislatura.

“Las asignaciones presupuestarias para el pago de las Notas son un asunto de discreción legislativa y no una obligación legal. Aunque algunas de las leyes que autorizan las Notas le permiten al secretario de Hacienda adelantar los fondos para los pagos de las Notas, tal autoridad es claramente discrecional”,  apuntó Acosta Febo en su carta de respuesta a los bonistas.