El gobernador Pedro Pierluisi firmó este martes una Orden Ejecutiva para declarar un estado de emergencia en 15 municipios que sufrieron daños a causa de las inundaciones repentinas ocasionadas por una vaguada y la humedad asociada a un frente frió que afectó a varios sectores de la Isla el pasado fin de semana.

El decreto -que permitirá a los alcaldes realizar compras de emergencias para alivianar los daños y respaldar a las familias afectadas- incluye a los siguientes pueblos: San Juan, Guaynabo, Cataño, Dorado, Toa Baja, Toa Alta, Vega Baja, Vega Alta, Naranjito, Aguas Buenas, Patillas, Humacao, Bayamón, Naguabo y Trujillo Alto.

Cabe señalar que el gobierno de Puerto Rico tiene hasta el 9 de marzo para solicitar al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que apruebe una declaración de desastre para estos municipios. Esta acción permitiría al gobierno estatal recibir reembolsos federales por trabajos realizados para cubrir la emergencia. De hecho, Pierluisi sostuvo que, el lunes, la administradora de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), Deanne Criswell, se comunicó con él para ponerse a la disposición de ayudar a las jurisdicciones afectadas.

“Cuanto tengamos estimados certeros , les daremos más detalles”, indicó el mandatario en conferencia de prensa.

Al momento, los municipios que han presentado informes de gastos preliminares son San Juan ($19.5 millones), Vega Alta ($2.5 millones) y Vega Baja ($8 a $10 millones). En el caso de Guaynabo, el portavoz de prensa Alex Ramos informó que se espera por una geóloga para examinar unos deslizamientos ocurridos tras las lluvias torrenciales. Mientras, en Toa Baja, se espera tener para mañana una cifra preliminar pues, según explicó la portavoz de prensa, Brenda Mangual, todavía el martes se atendían situaciones por desprendimientos en una carretera principal ubicada en el área residencial del barrio San José.

El gobernador aclaró que el Secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Alexis Torres, está autorizado a incluir como parte de la declaración de emergencia a cualquier otro municipio que entienda necesario.

“Con esta declaración de emergencia la Administración de Servicios Generales, las agencias y municipios pueden activar los procedimientos especiales de compra para adquirir materiales y servicios esenciales para responder a la emergencia. El DSP preparará y presentará al gobernador, al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y al director de la Autoridad Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) un estimado de los fondos requeridos para realizar labores de desalojo, rescate, respuesta y recuperación de las regiones afectadas. Lo anterior incluirá aquellos gastos incurridos hasta el momento y aquellos que se incurrirán para realizar las referidas labores”, señala la Orden Ejecutiva 2022-008.

Durante una conferencia de prensa, el Primer Ejecutivo recordó que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aprobó su solicitud para tener disponibilidad a los $450 millones que hay en el Fondo de Emergencia estatal.

Basado en el estimado que presente el DSP, a través de una evaluación que se hace a través Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), el secretario del Departamento de Hacienda (Francisco Parés) y el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (Juan Carlos Blanco), asignarán los fondos disponibles a las agencias y a los municipios que identifiquen para cumplir con lo dispuesto en la orden ejecutiva.

La Orden autoriza al secretario de Hacienda y los directores ejecutivos de OGP y AAFAF (siglas para la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico) a que establezcan un presupuesto especial para cubrir aquellos gastos necesarios para efectuar las labores de emergencia en las zonas afectadas. El DSP y las agencias involucradas en la respuesta a la emergencia, deberán rendir un informe al secretario del Departamento de Hacienda, al director de la OGP y al director de la AAFAF, Omar Marrero, detallando los gastos incurridos al cierre de las labores realizadas.

Finalmente, se ordena a las agencias a promocionar y a realizar esfuerzos dirigidos a que las comunidades afectadas conozcan y se beneficien de los distintos programas de asistencia que están disponibles.

De hecho, el comisionado de NMEAD, Nino Correa, dijo que los alcaldes de los 15 municipios que mencionó el gobernador entregaron una petición indicando que sus pueblos deben ser declarados “zonas de desastre”. Sin embargo, no todos han detallado el desglose de daños pues, por ejemplo, los daños de infraestructura se divide en diferentes renglones, algunos bajo jurisdicción municipal y otros por la estatal.

“De otra parte, a los daños que sufrieron las casas van en una solicitud y los de los negocios van en otra. Lo que sí, puedo adelantar, por ejemplo, es que el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) ya va por un estimado de $3.1 millones. Pero eso es bien preliminar y se refiere a daños en carreteras, puentes, derrumbes, etcétera”, explicó el comisionado.

En cuanto a las familias afectadas, Correa les recomendó tener a la mano información de corroboración tales como: fotos y vídeos de áreas afectadas, recibos de agua o luz y título de propiedad o declaración jurada que demuestre que la persona reside en la casa afectada.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a tener preparado una mochila de emergencia con ropa, medicamentos de uso diario, copias de identificaciones personales, equipo de protección contra el COVID-19, así como algún tipo de alimento.

“La temporada de huracanes dejó de existir hace un rato y esto es tema para todo el año. Estamos en un país en el que pueden ocurrir temblores, lluvias como las del fin de semana, en fin, es mejor estar preparado para cualquier tipo de emergencia”, dijo el experimentado rescatista.

Por su parte, el secretario del Departamento de la Vivienda, William Rodríguez, declaró que aun no hay un estimado de familias perjudicadas “pues todavía estamos haciendo la evaluación de los daños con NMEAD”.

“Hoy, por ejemplo, hay brigadas destacadas en Toa Baja... tenemos grupos interagenciales dando apoyo”, expresó al hacer hincapié en que todavía el martes habían residencias inundadas.

Sostuvo que de lo que se ha podido observar algunas casas podrían ser reparadas, pero otras tendrán que ser relocalizadas. Este escenario se vislumbra para algunas familias de las comunidades de Juana Matos (Cataño) y Candelario (Toa Baja). “También hay otros que lo que necesitan es que se les provean equipos que se dañaron”, acotó Rodríguez.

Señaló que, al momento, hay sobre 400 vales de alquiler de Sección 8 y más de 200 unidades de vivienda pública.

Precisamente, hoy el gobernador junto al director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia de Puerto Rico (COR3, por sus siglas en inglés), Manuel A. Laboy Rivera, actualizaron el progreso del Programa de Subvención para la Mitigación de Riesgos (HMGP, por sus siglas en inglés), cuyo fin es desarrollar proyectos de construcción que salvaguarden vidas y propiedades ante un futuro desastre natural.

El primer ejecutivo detalló que FEMA ha aprobado aproximadamente $1,800 millones para 39 propuestas para la mitigación de riesgos. Mientras, bajo evaluación de FEMA hay unas 144 propuestas que ascienden a $1,300 millones. “Hoy se presentaron 51 propuestas que representan $207.4 millones, de las cuales 19 son para control y mitigación de inundaciones”, indicó.