El gobernador Pedro R. Pierluisi convirtió hoy en ley los Proyectos del Senado 232 y 117, así como el Proyecto de la Cámara 499. De igual forma, el primer ejecutivo firmó la Resolución Conjunta del Senado 16 y la Resolución Conjunta de la Cámara 49 y vetó el Proyecto de la Cámara 500 estableciendo las razones para su decisión.

La Ley 2 -2021 (Proyecto del Senado 117) permite a la Fundación Luis Muñoz Marín adquirir los terrenos del Bosque Urbano Inés María Mendoza Rivera de Muñoz Marín. El propósito de la ley es promover la conservación ambiental, la preservación y un buen manejo de los recursos naturales en la ciudad capital.

De otra parte, la Ley 3-2021 (Proyecto del Senado 232) busca ampliar la presencia de todos los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa para que puedan participar de los trabajos de las comisiones conjuntas y también facultar a los presidentes camerales para que puedan nombrar legisladores independientes.

“La composición plural de la Asamblea Legislativa es resultado del voto expresado por el pueblo en las pasadas elecciones. Esta ley busca ampliar la representatividad en las comisiones conjuntas dando paso a la diversidad de pensamientos y de opiniones. Desde que asumí las riendas del gobierno he reiterado que busco la cohesión, más que la división, y la unidad de propósitos como dirección de gobernanza. Pueden contar con que continuaré fomentado la apertura y escuchando la diversidad de pensamientos, enfocándonos siempre en lo que nos une por el bien de Puerto Rico”, sostuvo el gobernador.

De igual forma, el primer ejecutivo convirtió en la Ley 4-2021 el Proyecto de la Cámara 499. Con esto, se crea la Ley de Responsabilidad Fiscal y Presupuestaria del Gobierno que establece que el gobernador deberá presentar su propuesta de presupuesto general del gobierno ante la Asamblea Legislativa, en o antes del 15 de abril de cada año, excepto en el año siguiente a la celebración de las elecciones generales, cuando la fecha límite será el 30 de abril. Además, se ordena al secretario del Departamento de Hacienda y al director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto a presentar un informe detallado del presupuesto general dentro de cinco días calendario luego de la radicación de la propuesta del gobernador. Sobre esta medida, el gobernador les cursó una carta a los presidentes legislativos indicándoles que la Ley PROMESA establece un procedimiento presupuestario y que con la firma de esta Ley continuará un proceso de forma paralela. Es decir, que la firma del Proyecto de la Cámara 499 en nada afecta o puede afectar el proceso de elaboración y aprobación del presupuesto de Puerto Rico que requiere la Ley PROMESA.

Otra de las medidas firmadas por el gobernador fue la Resolución Conjunta del Senado 16 para designar la Calle Marginal de la Comunidad La Dolores, en Río Grande, con el nombre del reverendo David Figueroa Andino y la Resolución Conjunta de la Cámara de Representantes 49 para autorizar una extensión de un año adicional a la vigencia de los Fondos Legislativos otorgados mediante la Resolución Conjunta 9-2020.

Finalmente, el gobernador emitió un veto expreso al Proyecto de la Cámara 500, el cual propone, entre otros asuntos, eliminar los poderes que fueron delegados al gobernador para atender la emergencia fiscal por la que atraviesa Puerto Rico; extender el período de emergencia fiscal; y actuar conforme autorizado para mantener la prestación de servicios a la ciudadanía y garantizar la salud, seguridad y bienestar de los residentes de Puerto Rico.

El gobernador sostuvo en su escrito estar en desacuerdo con los fundamentos expresados para sustentar las enmiendas propuestas en la medida, ya que su aval constituiría un reconocimiento de la alegada inconstitucionalidad de las leyes en cuestión, con lo cual no está de acuerdo. “Si el Proyecto de la Cámara 500 se promulga, el mismo infringiría las disposiciones de la Ley PROMESA. Fue precisamente a raíz de la Ley PROMESA que dichas leyes le concedieron una serie de facultades a la Rama Ejecutiva para cumplir con el Plan Fiscal certificado, y lograr la responsabilidad fiscal y el acceso a los mercados capitales, sin provocar disloques innecesarios en la operación gubernamental. Más aún, esas leyes respondieron a un estado de emergencia fiscal que persiste al presente. Por consiguiente, las enmiendas incluidas en el proyecto restringen inadecuadamente las facultades del Ejecutivo para cumplir con sus responsabilidades bajo la Ley PROMESA”, subrayó el gobernador.