La violencia económica es desde hoy, viernes, una nueva modalidad de maltrato entre parejas.

Es que el gobernador Pedro Pierluisi firmó varias medidas legislativas, entre las que se destaca una importante enmienda a la Ley 54 de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica en la que se incluyó el uso de los aspectos económicos o financieros como una causal para encausar y conceder órdenes de protección.

Según el Proyecto del Senado 865, “se define a la violencia económica como aquella conducta ejercida con el fin de menoscabar la capacidad financiera presente o futura, la estabilidad económica o la seguridad habitacional y de vivienda a través de amenazas, coerción, fraude, restricción o privación de acceso o uso de cuentas, activos, información financiera, tarjetas de identificación o crédito, dinero o asistencias gubernamentales. También se incluye ocultar información relacionada al pago de renta o hipotecas, o de desalojos forzosos. ejercicio de influencia indebida en las decisiones o comportamiento o las decisiones financieras y económicas de una persona, así como interferencia en la relación o desempeño laboral de una persona o en su negocio propio. Incluye también el usar indebidamente los recursos económicos de la persona para beneficio propio, y el impedir el acceso a cursos formales de estudios para perjudicar el desempeño académico de la víctima”.

Si usted sufre de este tipo de violencia de género, puede conseguir ayuda al llamar al Sistema de Emergencia 9-1-1, al cuartel de la Policía más cercano o a la línea de emergencia de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres al 787-722-2977 o al 1-800-981-7676.

Las otras medidas firmadas por el ejecutivo están relacionadas al sistema educativo, los municipios y designar una semana en honor a la Policía, entre otras cosas.

En torno a medidas relacionadas al sistema educativo el gobernador convirtió en ley los proyectos de la Cámara 933 y 1411. En la primera medida se ordena que el Programa sobre Derechos Humanos de la Ley de Reforma Educativa de 2018 sea parte del currículo académico mediante un curso electivo. A esos efectos, el Departamento de Educación (DE), podrá solicitar asesoramiento voluntario de diversas entidades legales, facultades de Derecho de universidades en la Isla, entre otras organizaciones o personas capacitadas para colaborar con la implantación y ejecución del plan. En lo que respecta al proyecto 1411 se dispone que el superintendente de cada Región Educativa deberá entregar, no más tarde de 30 días de la graduación de 12mo grado, el diploma oficial de grado.

Pierluisi también firmó el proyecto de la Cámara 1420 que enmienda el Código Municipal de Puerto Rico a los fines de disponer que toda Ordenanza o Resolución municipal sea enviada a la Oficina de Servicios Legislativos, en un término no mayor de 10 días, para su publicación en el Sistema Único de Trámite Legislativo (SUTRA).

Otra medida relacionada a la Legislatura es el proyecto de la Cámara 1480 que, al enmendar la Ley de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario, establece el deber de la Comisión Especial de notificar a las organizaciones que soliciten sus servicios, la existencia de deficiencias en su solicitud y proveer un término razonable para subsanar tales deficiencias, entre otras disposiciones

De igual forma, mediante la Resolución Conjunta de la Cámara 287, radicada por petición de la joven Yarianis Rivera Maisonet, se designa la semana en que transcurre el 21 de febrero de cada año como la Semana de la Policía de Puerto Rico. Se informó que durante ese día 21 de febrero ondearán a media asta las banderas que se encuentran en edificios gubernamentales en conmemoración de los policías caídos en el cumplimiento del deber.

Igualmente, a través del proyecto de la Cámara 1708, declaró la segunda semana del mes de mayo de cada año como la Semana de The Salvation Army.

Asimismo, dio paso a la Resolución Conjunta de la Cámara 412 para designar un tramo de la carretera PR-145 de Ciales con el nombre del exrepresentante, agrimensor y expresidente del Colegio de Ingenieros, Israel Otero Rosario. Mientras, con la Resolución Conjunta de la Cámara 176, se ordena al Departamento de Agricultura y a la Junta de Planificación a proceder con la liberación de condiciones y restricciones de una finca adquirida por un matrimonio en Canóvanas.