El gobernador Pedro R. Pierluisi Urrutia anunció hoy que convirtió en ley un paquete de 10 medidas legislativas y vetó una.

Entre las medidas que el primer ejecutivo del país convirtió en ley, está el Proyecto de la Cámara 273, que enmienda la Ley de Armas de Puerto Rico para que a toda persona que dispare un arma de fuego desde un vehículo de motor o acuático, se le suspenda la licencia de conducir o de navegación por un periodo de cinco años a partir de la extinción de la pena recibida.

Además de esa medidas, las otras piezas legislativas firmadas por Pierluisi Urrutia, son:

- Proyecto de la Cámara 517, que enmienda la Ley para Autorizar a la Policía de Puerto Rico la Expedición de Antecedentes Penales a los fines de disponer la eliminación automática de las convicciones de delitos menos graves si la persona convicta no se encuentra en el Registro de Personas Convictos por Delitos Sexuales y Abuso Contra Menores, en el Registro de Personas Convictas por Delitos de Corrupción o en el Registro de Personas Convictas por Violaciones a la Ley para la Prevención e Intervención contra la Violencia Doméstica.

- Proyecto de la Cámara 1430, que tiene como fomentar el desarrollo socioeconómico de los predios de la Antigua Base Naval de Roosevelt Roads en Ceiba. Con esta nueva ley se dispone que, entre el 1 de julio de 2024 y el 1 de julio de 2069, el 50 por ciento del Impuesto de Ventas y Uso (IVU) que sea cobrado por los comerciantes en los Proyectos de Mejoramiento en la Estación Naval y que no esté gravado, se transfiera a la Autoridad para el Redesarrollo de los Terrenos de Roosevelt Roads. Los fondos serán transferidos trimestralmente por el Departamento de Hacienda e ingresarán a un fondo separado por lo que no formarán parte de los ingresos totales anuales del Fondo General.

- Resolución Conjunta de la Cámara 569, que transfiere la responsabilidad, operaciones, organización y mantenimiento de la Banda de Conciertos de Puerto Rico a la Corporación de las Artes Musicales.

- Proyecto de la Cámara 1826, para que todo acreedor financiero-concesionario de venta de vehículos de motor y gestor de licencia relacionada con vehículos utilice las plataformas digitales provistas o autorizadas por el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).

- Proyecto de la Cámara 1797, para incluir la palabra ‘veterana’ en las tablillas de vehículos de motor.

- Resolución Conjunta de la Cámara 256, para que el Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles (CEDBI), evalúe la transferencia, usufructo o cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, de las instalaciones de la Escuela Amalia Marín al municipio de Guayama.

- Proyecto de la Cámara 1626, que declara el último domingo del mes de agosto de cada año como el Día del Paso Fino.

- Resolución Conjunta de la Cámara 473, para que el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) así como la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) realicen un estudio sobre el tránsito en la carretera estatal PR-19 y la intersección con la Avenida Ramírez de Arellano para descongestionar el tránsito de vehículos de motor.

- Resolución Conjunta de la Cámara 373, que designa varios kilómetros de la carretera PR-146 en Ciales con el nombre de Frank Campos López.

Pierluisi Urrutia apuntó en declaraciones escritas que la pieza legislativa vetada es el Proyecto de la Cámara 1014, que enmendaba la Ley de Reclamaciones Fraudulentas a los Programas-Contratos y Servicios del Gobierno a los fines de limitar la discreción de intervención por parte del Estado en estos pleitos, ampliar los derechos del delator y otros fines relacionados.

Según explicó el también abogado, concretó el veto expreso debido a que la Constitución de Estados Unidos, así como la de Puerto Rico, reconocen el derecho a la confrontación, “y que ya hay leyes de avanzada con disposiciones anti represalias”. razón por la cual emitió un veto expreso

“Tanto la Constitución de Estados Unidos como la Constitución de Puerto Rico reconocen el derecho a la confrontación, garantía constitucional que según redactado el Proyecto no se protegería. Mantener la confidencialidad del delator en la etapa del proceso judicial es contrario al debido proceso de ley, pues la parte demandada podría quedar en un estado de indefensión y sin posibilidad de contrainterrogarla o dirigir requerimientos en el proceso de descubrimiento de prueba. Esto cobra más relevancia en los procesos judiciales de naturaleza criminal, donde existe el derecho a la confrontación. Es sabido que el derecho o principio de la confrontación opera en la etapa de juicio y su objetivo principal es evitar la celebración de juicios mediante declaraciones ex parte y deposiciones que priven al acusado la oportunidad de examinar y contrainterrogar personalmente a los testigos”, explicó Pierluisi Urrutia en su veto.

“Asimismo, advierto que el posible efecto de dejar de considerar al Gobierno de Puerto Rico como parte indispensable en estos pleitos es que se tengan que desestimar múltiples investigaciones y casos, pues con las enmiendas propuestas a la Ley de Reclamaciones Fraudulentos a los Programas, Contratos y Servicios del Gobierno esta dejaría de ser una Ley análoga a la Ley de Reclamaciones Fraudulentos Federal y las acciones no se podrían continuar tramitando en los foros federales. Lejos de afectar las reclamaciones instadas por personas privadas, la participación del Gobierno fortalece estas acciones y viabiliza que se otorguen los remedios solicitados”, terminó diciendo.