El gobernador Alejandro García Padilla se expresó esta noche en declaraciones escritas en torno al borrador propuesto por el Congreso federal para establecer una Junta de Control Fiscal en Puerto Rico.

Aunque alabó que haya interés en ofrecer mecanismo para que Puerto Rico pueda superar su actual crisis económica, García Padilla fue enfático en que no aceptaría el lenguaje actual propuesto en el borrador de la Junta de Control Fiscal. Inclusive, el Gobernador fue más lejos y advirtió que de aprovarse tal como está ahora, lo impugnaría "en los tribunales federales y la comunidad de naciones". 

No obstante, García Padilla reiteró su disponibilidad para lograr un acuerdo que satisfaga a las partes y respete la democracia puertorriqueña.

A continuación, la totalidad del texto enviado por el Gobernador: 

“La reciente discusión sobre los méritos del anteproyecto preparado por la Cámara baja del Congreso de los Estados Unidos evidencia que se ha comprendido que la deuda, según contraída por pasadas administraciones, es insostenible y tiene ancladas las posibilidades de recuperación del pueblo de Puerto Rico.  El liderato de la mayoría Republicana ha accedido a nuestro reclamo de brindarle a Puerto Rico las herramientas legales para una reestructuración ordenada de la deuda.  El anteproyecto reconoce la necesidad de una reestructuración amplia y destaca la oportunidad para la misma.

Ahora bien, ese poder de restructuración no sería oponible a los acreedores hasta que una junta federal lo determine.  De la manera propuesta resulta deshonroso y degradante.  A costa de más y mayores sacrificios de los puertorriqueños – en beneficio de nuestros acreedores – se lograría acceso a ese mecanismo de restructuración tan necesario.  Esa condición no es aceptable.

El estado de derecho sobre las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos no permite dejar sin efecto la Constitución del Estado Libre Asociado para concentrar el poder del gobierno en un cuerpo no electo por los puertorriqueños.  De aprobarse una legislación como esa, Puerto Rico la impugnará inmediatamente en los tribunales federales y ante la comunidad de naciones.  Confío en que, en lo que se refiere a la junta, la legislación que finalmente se apruebe diste considerablemente de la que se discute y reitero mi disponibilidad para continuar trabajando con el Congreso en lograr una solución bipartita que respete el derecho inalienable de los puertorriqueños a autogobernarse.

Si a cambio de la facultad jurídica de reestructuración ordenada de la deuda, es necesaria una junta de supervisión, ni su punto de partida ni su conclusión, puede ser el asesinato de la democracia puertorriqueña.

En este momento histórico donde podría estar en riesgo a muy corto plazo la continuación de la provisión de servicios esenciales a nuestra gente, cualquiera que pretenda reducir este asunto a una mera discusión del estatus, exclusiva de la dinámica partidista, le hace daño al país y a sus posibilidades.  El anteproyecto debe verse solo como el acercamiento inicial del Congreso para cumplir con su compromiso de brindar a Puerto Rico una solución comprensiva a la situación fiscal.

Los puertorriqueños debemos presentar un frente unido en oposición a una junta que priva al país de un gobierno propio.  Para ello, esta semana estaré convocando para reunión a los candidatos a la gobernación de todos los partidos políticos y a otros sectores gubernamentales y no gubernamentales para unirnos en ese reclamo básico, sin distraernos con la discusión político partidista, para adelantar la recuperación de nuestras futuras generaciones”.