Con el argumento de que dar marcha atrás comprometería la credibilidad del país ante potenciales inversores y amenazaría la estabilidad de los empleados de la Autoridad de los Puertos (AP), el gobernador Alejandro García Padilla anunció este martes que dará paso a la privatización de la operación del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín en Isla Verde, Carolina.

García Padilla alegó que, de haber estado en el gobierno el cuatrienio pasado, "hubiera manejado este asunto de manera muy diferente", pero adujo que el entonces gobernador Luis Fortuño, al firmar el contrato de Alianza Público-Privada (APP) el verano pasado, hizo un compromiso que le impone al gobierno obligaciones jurídicas.

"Nuestro gobierno habrá siempre de cumplir la palabra empeñada y honrar sus responsabilidades legales", manifestó el mandatario durante una rueda de prensa acompañado del director de la AP, Víctor Suárez, y otros miembros del gabinete ejecutivo en el teatrito de La Fortaleza.

"Lo que Puerto Rico firma, Puerto Rico lo honra. Lo que Puerto Rico firma, a lo que nos comprometemos como país, lo cumplimos como país, sin importar el vaivén politico partidista. Este capítulo debe cerrarse", abundó.

Según García Padilla, el acuerdo con el consorcio Aerostar Airport Holdings -avalado la noche del lunes por la Federal Administración de Aviación (FAA)- dispone que no habrá despidos en Puertos, que se permitirá el desarrollo de los aeropuertos regionales y que no se impondrán aumentos tarifarios para los pasajeros.

Asimismo, dijo que procurará que la privatizadora cumpla con todas las obligaciones contraídas mediante una comisión evaluadora que examinará que se honre el contrato que tendrá una vigencia de 40 años y que inyectará de inmediato $615 millones al Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

La comisión evaluadora actuará al margen de la Autoridad para las APP, y estará integrada por Suárez, la secretaria de la Gobernación, Ingrid Vila; los presidentes legislativos, Jaime Perelló y Eduardo Bhatia, y el alcalde de Carolina, José Carlos Aponte Dalmau. No habrá representación privada, por ahora.

García Padilla reconoció que el contrato de APP tiene algunos "puntos débiles" como el término a 40 años, pero en cambio destacó que asegura inversión inmediata para el aeropuerto para la cual la AP no tenía los recursos.

Señaló que el documento está sujeto a enmiendas, pero afirmó que por haber sido parte de un proceso de licitación, habría que ser cautelosos con los posibles cambios para evitar reparos de los consorcios que optaron por el contrato y fueron descartados.

Detalló que durante los próximos tres años, Aerostar invertirá $240 millones en infraestrucutra, y durante el cuarto y quinto año sumará $60 millones adicionales.

"Hoy la Autoridad de Puertos tiene cero dólares para invertir en la infraestructura de ese aeropuerto ", hizo énfasis el mandatario.

Durante la noche de este martes, la AP firmaría todas las escrituras que viabilizarán la transferencia de los $615 millones al BGF, que según el Gobernador le pemitirán a esa institución pública tener la liquidez necesaria para atender otras áreas pública, como el financiamiento de desarrollos hoteleros y de carreteras.

De los $615 millones, $500 millones son para pagar parte de la deuda de $935 millones que la AP mantiene con el BGF, $50 millones son para establecer un plan de retiro incentivado en esa corporación pública, y $25 millones se utilizarán para invertir en los aeropuertos regionales.

La transacción, además, permitirá a Puertos pagar una deuda de $60 millones que arrastra con la Wells Fargo y que vence este miércoles, y proveerá para que pueda saldar en junio otras obligaciones que totalizan $340 millones.

Como parte de la APP, el gobierno recibirá $2.5 millones anuales por los próximos cinco años; luego, durante 25 años devengará el 5% de la ganancia bruta que genere Aerostar por operar el aeropuerto; y en los últimos diez años del contrato a 40 años, el gobierno recibirá el 10% de la ganancia bruta.

El Gobernador admitió que existe ansiedad entre los empleados de Puertos respecto a su futuro laboral, y sobre ese asunto, el titular de la corporación pública dijo que la privatizadora podrá ofrecerles empleo a algunos de los trabajadores, otros podrán participar del plan de retiro incentivado o podrán ser reubicados en otras oficinas de la AP.

Suárez indicó que la AP tiene alrededor de 900 empleados, de los cuales cerca de 400 podrían optar por la ventana de retiro.

Antes de que el contrato con Aerostar entre en vigor por completo, trascurrirán seis meses de transición durante los cuales, el consorcio será el operador, pero los servicios los proveerá la entidad pública mientras la privatizadora organiza su estructura administrativa.

 Sin embargo, antes de que culmine ese plazo, la subsidiaria del Grupo Aeroportuario del Sureste y de Highstar Capital, comenzará la inversión de capital en obras como la señalización en la instalación y mejoras en una de las pistas, indicó Suárez.

El director ejecutivo de la AP dijo que la corporación pública ahora se enfocará en reestructurar su deudas, establecer el plan de retiro, impulsar un proyecto para desarrollar los aeropuertos regionales y reforzar el área marítima para aumentar los ingresos que se obtienen de las instalaciones portuarias.

García Padilla señaló que tanto Perelló como la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, habían actuado de manera "responsable" al reclamar públicamente que se desistiera del contrato de APP, y descartó que su empeño en continuar con esta iniciativa de Fortuño tenga algún costo en su carrera política.

Mientras el Gobernador y su equipo confirmaban la transacción, en el exterior de la Mansión Ejecutiva una treintena de personas convocadas por la organización Pueblo Unido en Defensa del Aeropuerto (PUEDE) se manifestaba en contra de la APP, y advertía que continuará la lucha contra la privatización del principal punto de entrada a la Isla, aunque se ratificaba la transacción.