El gobernador Pedro Pierluisi adelantó este lunes que acudirá al Tribunal Supremo para defender las acciones tomadas a través de órdenes ejecutivas y adminsitrativas para mitigar los efectos del COVID-19, luego que el Tribunal Apelativo determinara que ni el Primer Ejecutivo ni el secretario de Salud, Carlos Mellado, están autorizados a emitir directrices que constituyan reglamentación de la conducta de la ciudadanía en general y de terceros.

“Bueno, la recomendación que recibo es que sí, que se apele, porque obviamente ahí se está cuestionando aparentemente el poder de un gobernador en medio de una situación de emergencia, de atenderla, y eso es un poder básico que tiene el Gobernador bajo nuestra Constitución. El Gobernador es el primer ejecutivo del gobierno de Puerto Rico y su deber ministerial es precisamente velar por la seguridad de todos. Ese es su principal deber en el caso de la pandemia, eso es lo que ha estado bajo acecho y todavía hay restricciones impuestas”, respondió el gobernador en un aparte con la prensa luego de participar en Cataño de una actividad conmemorativa sobre los 246 años de la Independencia de Estados Unidos.

Explicó que recurrirá a la apelación al Tribunal Supremo a través de los abogados del gobierno, es decir, el Procurador General.

Defendió su postura aludiendo a que, si bien es cierto que actualmente no hay órdenes ejecutivas estrictas como en el pasado, aún hay unas vigentes que deben permanecer.

“Por ejemplo, una de las que entiendo yo involucrada en ese litigio es la exigencia que tenemos de que los niños y los estudiantes utilicen mascarilla en las escuelas. Entonces yo creo que es importante todavía en medio de esta pandemia, que se exija el uso de mascarilla en las escuelas. Ahora tenemos un Verano Educativo que está a punto de comenzar, así que por eso yo voy a insistir, entre otras razones”, sostuvo el Primer Ejecutivo.

La sentencia emitida la semana pasada por el Tribunal de Apelaciones, establece que, aunque las medidas adoptadas no son inconstitucionales, la forma en que se adoptaron no se ajusta a lo dispuesto por ley para la promulgación de reglamentación que afecta los derechos de la ciudadanía.

La acción desestimada fue presentada, en julio de 2021, por Lourdes Amadeo Ocasio y otros demandantes mediante una sentencia declaratoria, interdicto y daños en contra del Estado.

Algunos demandantes alegaron ser padres de estudiantes que adujeron que se les había requerido la vacuna contra el COVID-19 y usar mascarilla para regresar de forma presencial a la escuela. Otros alegaron ser universitarios sujetos al mismo requisito, mientras que algunos dijeron ser maestros a quienes se les pedía la vacuna para volver al trabajo.