García Padilla insistirá en la constitucionalidad de la Ley 160
Al presentarle al Tribunal Supremo un informe actuarial del 2014 en el que se exponga la realidad fiscal de ese fondo de jubilaciones.
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 10 años.
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El gobernador Alejandro García Padilla insistirá en la constitucionalidad de la Ley 160 que reforma el Sistema de Retiro de Maestros, al presentarle al Tribunal Supremo un informe actuarial del 2014 en el que se exponga la realidad fiscal de ese fondo de jubilaciones.
Así lo informó el primer ejecutivo en entrevista radial con NotiUno, luego de que se le preguntara la razón por la que no tocó el tema durante su Mensaje de Situación del Estado del País y Presupuesto para el año fiscal 2014-2015.
Tras afirmar que gran parte de la regulación está en vigor, García Padilla afirmó que “el Tribunal Supremo, al fin al cabo, lo que dice en su determinación es que nosotros utilizamos un informe actuarial del 2012 para una ley de 2013 y que ellos entienden que el informe actuarial también debe ser del 2013 y, en cuanto a eso, estamos haciendo otro informe actuarial”.
Añadió que “la Ley 160 está en vigor. Lo que hay que hacer es que los 10 artículos u 11 artículos que el Tribunal Supremo declaró inconstitucional, ver cómo logramos que el Tribunal entienda la validación del informe actuarial que se haga. Pues, entonces, se mandó a hacer un informe actuarial nuevo”.
García Padilla no detalló qué harán cuando tengan listo el nuevo informe actuarial, si presentarían un nuevo proyecto de ley o si someterán un recurso de reconsideración ante el Supremo.
Específicamente, en una decisión que contó con cinco votos a favor y tres en contra, el Supremo determinó el pasado 11 de abril que aplicar los cambios del plan de pensiones a los maestros activos es una medida irrazonable. Asimismo, señaló que los informes actuariales usados por el gobierno para justificar el estatuto no contemplan los efectos que tendría la Ley 160.
Los gremios que agrupan a los maestros han amenazados con paralizar el sistema de educación pública si el Gobierno insiste en cambiar las fórmulas en que se distribuyen los fondos de su Sistema de Retiro. Además, han abogado porque el Gobierno acoja una serie de propuestas creadas bajo el Comité de Diálogo y Negociación.