El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, asegura que no tiene intención de cerrar el Gobierno para pagar a los "fondos buitre" que le han demandado por la moratoria decretada en la devolución de la deuda.

Según el responsable político, el "pequeño grupo" de fondos que el viernes presentó a la Justicia federal una demanda previa contra la Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera aprobada por el Gobierno de la isla -declarada inconstitucional por los tribunales federales- "busca entorpecer la prestación de servicios que los puertorriqueños reciben del Gobierno".

"Esto afectará la capacidad del Estado Libre Asociado de tener policías en las calles, maestros en las escuelas y enfermeras en los hospitales", según dice en una nota que responde a la demanda interpuesta por cinco fondos titulares de 900 millones de dólares en bonos emitidos por el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), que en total acumula una deuda de 3,750 millones.

El pasado 1 de mayo, el BGF tuvo su primer gran impago de deuda pública de la isla, al no poder afrontar el vencimiento de 423 millones de dólares, y ofreció a sus acreedores un trato para reestructurar la deuda y recuperar cerca de la mitad de lo invertido.

La demanda pretende que se le prohíba al Estado Libre Asociado usar los poderes legales que se le confieren a través de la Ley de Moratoria -cuya declaración de inconstitucionalidad ha sido recurrida por el Gobierno- para dar prioridad al pago de los servicios públicos esenciales antes que a la devolución de la deuda.

"El Estado Libre Asociado se ha quedado sin opciones ya que el Congreso excluyó a Puerto Rico del Código de Quiebras en 1984, sin explicación alguna, y las cortes federales han impedido intentos anteriores de legislar herramientas para reestructurar la deuda", afirma García Padilla.

Si el Gobierno boricua no puede proceder con su intención de reestructurar la deuda de una manera organizada a través de una declaración de quiebra, el gobernante dice que "sobrevendrán litigios caóticos y los tribunales podrían arrebatarnos el control de los limitados recursos del gobierno para hacerlos disponibles a los intereses de los fondos de Wall Street".

"Por años hemos luchado contra la crisis fiscal y de liquidez que se desarrolló durante décadas y que es el resultado de políticas fiscales irresponsables del pasado y de prestamistas sin escrúpulos", recuerda.