Ante los aires de huelga que se asoman según avanza el trámite para aprobar el proyecto de ley que modificaría el Sistema de Retiro para Maestros (SRM), el gobernador Alejandro García Padilla lanzó este lunes una clara advertencia al magisterio al afirmar que ese proceder acarrea serias consecuencias.

“La Constitución es clara, y no les da ese derecho. Solo los empleados de las corporaciones públicas tienen derecho a la huelga. Eso lo intentó un grupo de maestros en el pasado, y su gremio fue descertificado”, afirmó el mandatario en entrevista con este medio.

García Padilla se refirió a la descertificación de la Federación de Maestros por parte de la Comisión de Relaciones del Trabajo del Servicio Público tras la huelga magisterial del 2008. Esa organización, que hoy milita intensamente en contra de la reforma al SRM, perdió entonces su representación exclusiva del magisterio por promover la paralización de labores en los planteles públicos.

La ley máxima solo reconoce el derecho a la huelga a las entidades privadas y a aquellas “agencias o instrumentalidades del gobierno que funcionen como empresas o negocios privados”.

“Estoy confiado en que la razón va a imperar. Me consta que los maestros entienden que hay más de 80,000 maestros, entre los activos y retirados, y no están acudiendo a ningún tipo de manifestación porque saben que estamos presentando un proyecto justo que salva su retiro”, sostuvo el primer ejecutivo.

Los cambios que impulsa el gobierno el SRM y al Sistema de Retiro de la Judicatura (SRJ) han enfrentado la férrea resistencia de ambos gremios. El propio juez presidente del Tribunal Supremo, Federico Hernández Denton, presentó el domingo sus objeciones por la aplicación retroactiva de las enmiendas propuestas.

Ante los reparos esgrimidos por los togados, García Padilla ordenó a sus asesores hacer un análisis de la medida sobre el retiro de la Judicatura. “He pedido que se revise para evitar cualquier 'issue' (controversia) constitucional”, acotó.

No obstante, recalcó que las enmiendas sobre la aplicación retroactiva de la medida fueron añadidas por la Legislatura y no formaban parte de la pieza que envió desde La Fortaleza.

De igual forma, quiso acallar a quienes plantean que existe una doble vara en el gobierno al abordar el tema de retiro sobre los maestros y el de los jueces.

Argumentó que su propuesta garantiza a los educadores del sistema público una pensión mínima de 70% del salario promedio, la cubierta de un plan médico con medicinas gratuitas y la edad para jubilarse la mantiene en 55 años, mientras que los jueces obtendrían una pensión de, al menos, 30% del salario de un juez superior, no se les garantiza el seguro de salud y se fija la edad de retiro en 65 años.

Reconoció, no obstante, que el salario promedio de los docentes es de $28,000 y el de los jueces, de $90,000.

“Se está siendo más generoso en un caso que en el otro”, dijo al insistir en que su propuesta es más onerosa para los jueces que para los maestros.

De otra parte, García Padilla dijo que está dispuesto a acoger la propuesta que divulgó el domingo el arzobispo de San Juan, monseñor Roberto González Nieves, de crear un equipo especial de mediadores profesionales para que intervengan en el conflicto con los maestros.

A pesar de que la idea del monseñor es para que se designe el grupo de inmediato, previo a que se conviertan en ley los cambios al SRM, el gobernador dejó entrever que podría adoptar su recomendación luego que firme la pieza.

“El arzobispo está tratando de ayudar, y lo agradezco muchísimo, y de mi parte, la apertura al diálogo es absoluta. Esa apertura al diálogo es para antes, durante y después de firmar esta ley”, indicó el mandatario.

¿Qué podría resolver el diálogo luego de firmada la ley?, le preguntó este medio.

“Las ideas que surjan después pueden provocar enmiendas en la ley, como todas las leyes, se puede mejorar siempre. Lo que necesito es que haya más gente dedicándose a propuestas y menos dedicándose a protestas”, puntualizó.