El futuro político del representante penepé José Luis Rivera Guerra, quien llegó a la Legislatura en el 2000, está hoy en manos de la presidenta de la Cámara de Representantes, Jenniffer González.

Ayer, con rostro sombrío y con pocas palabras, Rivera Guerra entregó al filo de las 6:00 de la tarde -justo cuando se vencía el plazo que le había dado la líder legislativa- una paca de documentos que no quiso identificar, pero que están relacionados con las irregularidades en los permisos de construcción de sus propiedades en Aguadilla y Moca.

“Acabo de cumplir con la entrega de los documentos. Ahora esperamos que la Presidenta los pueda evaluar y tenga su determinación”, dijo escuetamente a los periodistas el representante, quien se mantuvo en su oficina en el anexo de la Cámara de Representantes y envió a un asesor a la Presidencia para entregar los papeles.

El legislador dijo que entregó “todo” lo que entendía pertinente. “Se entregó todo lo que se me había solicitado y que públicamente se me había preguntado”, indicó.

Un reportero de televisión le preguntó si había evaluado renunciar, pero Rivera Guerra no contestó. Enseguida fue escoltado hasta un carro negro por su asesora en relaciones públicas, Sheila Angleró, y el asesor de la presidenta de la Cámara, Edwin Mundo Ríos.

González ponchó los documentos pasadas las 6:00 de la tarde. Además, le dijo a la prensa que los evaluaría anoche mismo y que hoy, después de la sesión, se expresará sobre el asunto.

“El legislador cumplió con el plazo que le dimos para que nos entregara la información referente a los casos que se han estado ventilando de manera pública”, sostuvo la líder cameral.

“Voy a tomar el menor tiempo posible. Éste es un asunto que no se debe despachar a la ligera, pero tampoco es para que estemos más de un día ponderando el asunto”, indicó.

Agregó que no especularía sobre las acciones que pueda tomar. “Creo que aquí ha habido mucha especulación sobre los documentos, sobre los procesos, sobre la conducta o no del legislador”, sostuvo.

No obstante, González dijo que, con los documentos que le suministró el legislador, ella toma conocimiento personal de los hechos. “Con esta misma información, pues yo tengo personal conocimiento de lo que se está hablando. Así que esto me da a mí la oportunidad de tomar acciones concretas a nombre de la Cámara de Representantes, y eso es lo que vamos a estar haciendo”, afirmó la líder legislativa.

Cuando se le preguntó si como presidenta de la Cámara tomaría acciones directas, dijo que no descartaba nada ni escatimará en las maneras en las que el cuerpo legislativo pueda atender el asunto.

Sin entrar en el contenido, González sólo indicó que se trata de distintos documentos, incluyendo cheques y comprobantes.

En torno al trámite procesal, si el legislador incurrió en alguna falta ética, la Presidenta detalló que podría radicarle una querella o someterle un referido a la Comisión de Ética; someter una petición de información en las agencias pertinentes o hacerle un referido al Secretario de Justicia.

“No voy a escatimar. Siempre he tomado las determinaciones por el bien del pueblo de Puerto Rico. He asumido posiciones bien fuertes con miembros de mi propia delegación”, reiteró González, al hacer referencia a la expulsión del representante novoprogresista Iván Rodríguez Traverzo por faltas éticas. Mencionó también como expulsado al representante popular Luis Farinacci, pero éste renunció a su escaño antes de que fuera sometido al proceso de expulsión. Otro que renunció a su silla en la Cámara fue Rolando Crespo, luego de arrojar positivo a cocaína en una prueba de dopaje sorpresa.

“Estoy convencida de que, una vez tenga la oportunidad de examinar estos documentos, vamos a tomar las acciones que correspondan y eso incluye cumplir con los requisitos que sean necesarios para que cualquiera de las opciones que vamos a estar evaluando no se caigan”, sostuvo la presidenta cameral.

Temprano en la mañana, la presidenta de la Comisión de Ética, Liza Fernández, justificó la desestimación de las dos querellas (de Iván González Cancel y Juan Arroyo) que pesaban contra Rivera Guerra y acusó a la minoría popular de no haber leído “bien” las mismas.

“Si nosotros abrimos aquí la caja de Pandora porque por cualquier cosa que uno pueda decir le pueden radicar una querella, eso es algo bien serio que los legisladores no podemos permitir, y más en época de elecciones”, sostuvo.

El representante popular Luis Vega Ramos le salió al paso indicando que se trata de una defensa “desesperada para tratar de esconder el hecho de que se equivocaron”. Dijo que la Cámara tiene “el deber ético y ministerial de investigar esto hasta las últimas consecuencias”.