Junto a los trabajadores del sector de la salud y otros primeros respondedores en Puerto Rico, han estado desde inicios de la pandemia del COVID-19 en primera fila, expuestos al peligro de contagios, dispuestos a intervenir a cualquier hora del día o de la noche y han acompañando a las más de 3,074 familias que hasta el domingo habían perdido a un pariente a causa del virus y haciéndose cargo de los cuerpos de las víctimas de esta mortal enfermedad.

Son los trabajadores funerarios de la isla, quienes han hecho una contribución fundamental en la crisis sanitaria, pero que se sienten como héroes olvidados por el gobierno, que no los consideró para ser beneficiarios de los diversos incentivos que se han otorgado en los pasados 18 meses.

Al igual que los médicos y profesionales de enfermería, los recursos que laboran en las aproximadamente 350 funerarias que hay en Puerto Rico se sienten agotados física sicológicamente. Ha sido un año y medio en el que han trabajado a un ritmo, incluso, más intenso que el que experimentaron en periodos retantes, como el 2017 y 2018, tras el azote del huracán María, y donde han tenido que duplicar esfuerzos y recursos económicos en los protocolos de disposición de cadáveres.

“Cuando se enferma una persona, la primera parte que responde es la médica y los profesionales de la salud están haciendo una labor excepcional tratando de salvar vidas junto a los enfermeros y enfermeras. Pero, lamentablemente, cuando un paciente muere, como ha ocurrido con más de 3,000 personas en Puerto Rico, somos nosotros los que estamos ahí. Esa parte triste de la historia nos toca a nosotros porque somos los que procedemos con esos cadáveres y con esos familiares que perdieron a un pariente”, sostuvo Luis González, presidente de la Cámara de Dueños de Funerarios de Puerto Rico.

Resintió que por esta razón no fueran considerados por el gobierno cuando se concedieron diversos incentivos con fondos federales y que consideraron la labor heroica de profesionales de primera respuesta, como policías, bomberos, emergencias médicas, Ciencias Forenses, Manejo de Emergencias, médicos, enfermeras, entre otros profesionales. Los incentivos en estos grupos fluctuaron entre $2,000 y $4,500.

“Nosotros manipulamos los cuerpos de las víctimas, acompañamos a los familiares que muchas veces también, lamentablemente, están contagiados... estamos en un riesgo constante y nunca nos han considerado para nada. Somos de primera necesidad como todos los demás”, resaltó González.

Entre los retos que confrontaron en un principio fue la incertidumbre de cómo manejar los cadáveres de personas fallecidas por COVID-19. En Puerto Rico, el manejo y la disposición de cadáveres está regulada por leyes y reglamentación del Departamento de Salud. Es la Ley 258 de Servicios Funerarios de Puerto Rico la que establece las normas estatutarias relativas a la prestación de servicios funerarios. Esta ley define el término “enfermedad transmisible” como aquella que “por algún virus reemergente o novedoso pueda o tenga el potencial de causar una pandemia”, pero la ley no provee mecanismo para el manejo de este tipo de cadáveres. La única legislación que provee declaración para el manejo de cadáveres en casos de emergencia es la ley 1 del 12 de diciembre de 1985 conocida como “Ley para Declarar la Muerte en Casos de Eventos Catastróficos”.

“Eso fue lo primero que pasó. Que no había un protocolo como tal, así que el Departamento de Salud proveyó una guía y firmó unas órdenes administrativas... ahí fue que se dijo que los cadáveres con COVID se tenían que poner en doble bolsa plástica con cremallera y se habló de recomendar la cremación de estos cuerpos. Esto no es fácil. Desde el día 15 de marzo (de 2020), a las 3:00 de la tarde, cuando la (ex)gobernadora (Wanda Vázquez) habló, la vida cambió totalmente, incluyendo nuestra dinámica de trabajo. Los embalsamadores trabajaban con miedo, porque esto era un virus tan desconocido para los médicos como para nosotros. Los velorios que eran tan aglomerados antes, de la noche a la mañana eran con cinco personas, con mascarillas y guardando distanciamiento físico no importa si el fallecido murió o no de COVID. No hay abrazos, no hay besos, no hay saludos. Es bien triste. Ya los velorios en Puerto Rico no son igual”, dijo González al agregar que los funerarios buscan cuerpos en hospitales, hogares, centros de cuido prolongado y en el Instituto de Ciencias Forenses.

La flexibilización del gobierno permite más personas en las capillas, pero hay que evitar aglomeraciones y el uso de mascarillas es obligatorio. Además, no se permite la entrada a menores de 11 años de edad. Las tradicionales cafeterías permanecen cerradas. Los velorios en iglesias y en hogares están totalmente prohibidos.

“Aunque antes se estaban haciendo muchas cremaciones, ya están empezando a sepultar”, expresó el funerario con negocio en Cabo Rojo.

Son estos profesionales los que también tienen a su cargo completar los datos demográficos de los cadáveres en sus certificados de defunción, incluyendo información como nombre completo, seguro social, dirección, nombre de progenitores, fecha de nacimiento, entre otros datos importantes.

Obligados a poner un “covid fee”

Al igual que otras industrias, como los salones de belleza, los funerarios se vieron obligados a establecer un “covid fee” o cargo adicional en los servicios a causa de la crisis sanitaria. Este cargo aplica únicamente a los casos en el que el cadáver murió por COVID-19 y varía por negocio, pero fluctúa sobre los $300.

González detalló que con los súbitos cambios se duplicaron los gastos. “En mi caso, tengo un área en la morgue designada para los casos positivos a COVID. Los mantengo en ese lugar donde hay unas camillas exclusivas. Cada vez que se saca el cadáver esa camilla y zona se desinfecta con más químicos de los que se utilizaban antes. La morgue, además, se desinfecta todos los días con vapor y se fumiga. Asimismo, se desinfectan las capillas y todas las áreas del centro que, en mi caso, es de cremación”, acotó.

Además, mencionó, que como medida de control y seguridad realizan pruebas semanales de COVID-19 entre empleados.

Por su parte, el embalsamador licenciado y director funerario Jorge Lugo, quien tiene negocio en Hormigueros, coincidió en que el gobierno ha ignorado a los trabajadores funerarios.

“Nos sentimos olvidados totalmente por el estado. Somos profesionales esenciales. Somos los últimos que bregamos con el cuerpo, sin menospreciar jamás y nunca lo que hacen los profesionales de la salud. Ellos luchan por salvar vidas y nosotros estamos en esa última etapa tan difícil”, destacó el expresidente de la Cámara de Dueños de Funerarios.