A un año del inicio del plan piloto de municipios con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), alcaldes de los dos partidos políticos principales aseguraron que el ente creado por la ley federal PROMESA no ha cumplido con sus compromisos, sometieron planes fiscales a los municipios con información incorrecta, y criticaron que se pueda extender la iniciativa a otros municipios de la isla.

“Estamos bien preocupados con lo que pueda suceder, no solo con lo que pueda ocurrir con los 10 municipios que comprende el plan piloto, sino porque se va a replicar en los 78 municipios”, afirmó el alcalde de Villalba, Javier Hernández.

El anuncio de la Junta

El alcalde aseguró que cuando la JSF se reunió con ellos hace un año – el plan se hizo público en mayo de 2019- dijo que ellos querían conocer los municipios porque habían visto que muchos de ellos tenían “extraordinarias” finanzas, querían servir de enlace entre los alcaldes y desarrolladores, y proveerían expertos para el diseño de planes fiscales en municipios.

De hecho, en aquel momento de 2019, alcaldes le dieron la bienvenida al acercamiento de la JSF a los municipios ante sus promesas de ayudar pero, según se indicó en la conferencia de prensa de hoy, la realidad fue otra: “La participación de la junta en el plan piloto ha sido ambivalente, ha demostrado total desconocimiento del manejo de las finanzas municipales, no ha traído un solo proyecto de desarrollo económico y ha sido un proceso totalmente atropellado”, indicó Hernández, electo por el Partido Popular Democrático (PPD).

Además de Villalba, los otros pueblos elegidos para participar del plan piloto fueron Aibonito, Barranquitas, Camuy, Cidra, Comerío, Isabela, Quebradillas, Orocovis, y San Sebastián.

Las declaraciones de los alcaldes a la prensa se ofrecieron luego de una reunión de los mandatarios municipales en Villalba, en la que conversaron con asesores fiscales de los ejecutivos municipales.

Varios alcaldes hablaron a la prensa tras la reunión, entre ellos el alcalde de Barranquitas, Elliot Colón, del Partido Nuevo Progresista, quien dijo que no se niegan a trabajar con la JSF, pero deben cumplir con su parte de ayudas a los municipios.

“Parte de la ley PROMESA es que ellos nos ayuden al desarrollo económico de nuestro pueblo. La pregunta que me hago es, ¿dónde está ese desarrollo económico? para desarrollar la economía de nuestros residentes. Además de eso, queremos que todos los pueblos de Puerto Rico tengamos servicios esenciales y para eso necesitamos la cooperación de ellos”, dijo el alcalde.

Mientras, el alcalde popular de Comerío, José “Josian” Santiago, dijo que es “insólito” que en este momento que hay tanta necesidad de servicios, que quienes los prestan son los municipios, la JSF quiere imponer un plan fiscal que los obligaría a no cumplir son sus servicios esenciales y “eso es contrario a la ley PROMESA que dice que el plan fiscal debe garantizar los servicios esenciales”.

Parte de la premisa de los alcaldes es que la razón de ser de PROMESA era atender el incumplimiento del gobierno central con sus acreedores, pero que los municipios no tienen ese problema, sino que cumplen con pagar sus obligaciones y algunos incluso tienen superávits en sus presupuestos, por lo que en realidad no se justifica la intervención de la JSF con los ayuntamientos.

“Municipios que no tenemos déficit, a pesar de todos los golpes que recibimos, ¿tenemos que pagar los platos rotos?”, cuestionó el alcalde.

El alcalde de Orocovis, Jesús Colón Berlingeri se expresó en términos de la cantidad de recortes que ha ido realizando en términos de gastos y servicios en su municipio y señaló que los números que está presentando la Junta de Control Fiscal no son correctos. “Tenemos que reunirnos y ver todo esto en detalle, particularmente lo relativo en los ingresos”.

Los alcaldes señalaron además que en los presupuestos municipales se destina gran parte de los recursos a los renglones de seguridad, manejo y disposición de desperdicios sólidos, mantenimiento de carreteras, atención a instalaciones deportivas, recreativas y en algunos casos, escuelas y centros de salud. Ante dicha realidad, los presupuestos impuestos por la Junta carecen de detalles, pues lo sometido no tiene un desglose de las fuentes de ingresos y gastos.

“De hecho, es un documento de dos páginas, cuando los municipios ya realizaron sus presupuestos de manera detallada por departamento. Incluso se equivocaron en manifestar que los presupuestos de los municipios los aprueba la Gobernadora y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y eso aplica solamente para las agencias del gobierno”, dijo Hernández.

Asimismo, mediante comunicado de prensa se informó que luego de las declaraciones de los miembros de la JSF, personal de la entidad solicitó una reunión con los alcaldes, que sería pautada para la próxima semana.