La Guardia Nacional de Puerto Rico (GNPR) quedó fuera de los procesos de vacunación en la isla luego que trascendiera que violaron disposiciones del acuerdo con el gobierno federal al inocular a niños menores de 16 años cuando no había autorización de las autoridades para inmunizar a este grupo demográfico.

Aunque desde el 6 de diciembre hay una orden de cancelación “inmediata” del gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a través de sus Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) para que la GNPR culmine cualquier acuerdo de redistribución de vacunas contra el COVID-19, en el organismo militar esperaban una “clarificación” del mandato a fin de saber si la directriz podría circunscribirse solo a que los oficiales militares cesen de inyectar las dosis a la ciudadanía, pero que sí puedan almacenarlas y llevarlas a más 900 proveedores alrededor de la isla.

Así lo aseguró el martes a Primera Hora el Ayudante General de la GNPR, José Reyes, quien cercano a las 7:00 de la noche no sabía precisar si el miércoles se seguiría la contundente directriz de los CDC con un proceso ordenado para traspasar a Salud unas 48,447 dosis que tiene en su posesión el organismo militar o si continuarían el plan de ordinario con los soldados que recorren las 58 rutas de distribución de vacunas para cientos de proveedores alrededor de Puerto Rico, desde los centros operacionales ubicados en Guaynabo y Ponce.

“Como buenos militares estamos esperando instrucciones de los CDC y, obviamente, de Salud que son los que lideran el esfuerzo”, dijo el general Reyes a Primera Hora. “Una cosa es vacunación y otra es almacenaje y distribución. Nosotros hemos procesado 2.8 millones de dosis y hemos perdido cero, ninguna. Y hemos ayudado en el proceso para que Puerto Rico esté al nivel de número uno en la nación americana en vacunación”, agregó al aclarar que el contrato establecido con los CDC culminaba el 9 de diciembre por lo que la orden adelantó esa salida con tres días de anterioridad.

En cambio, la portavoz de prensa de Salud, Lisdián Acevedo, rechazó los alegatos del Ayudante General.

“Eso no es correcto. El Departamento de Salud acatará las directrices de los CDC y a partir de hoy tomará control de las dosis. Estamos hablando de 50,000 que hay en la Ponce Health Science University y de unas 48,000 que hay en Buchanan”, precisó la oficial de comunicaciones.

La distribución de las vacunas contra el COVID-19 le había sido delegado a la Guardia Nacional desde el 15 de diciembre de 2020. Desde entonces, el cuerpo militar almacenó y distribuyó 2.8 millones de dosis de vacunas. A través de otro acuerdo con el gobierno federal se les concedió administrar (inyectar) vacunas en diversas fases del proceso. Hasta ayer unos 650,000 puertorriqueños habían sido inoculados a través de la GNPR.

No obstante el lunes los CDC, a través de su subdirectora Kristin Pope, notificaron a Salud mediante una carta que la misión de la Guardia Nacional había terminado efectivo “de inmediato”.

La carta explica que el pasado 28 de octubre la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud Federal recibió información que señala que entre febrero y julio de 2021 la Guardia Nacional de Puerto Rico había administrado la vacuna contra el COVID-19 a menores de 16 años “que no estaban autorizados” a recibir el tratamiento por parte de la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos) o por las recomendaciones del ACIP (Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización) de los CDC.

“Esta acción viola, como mínimo, las disposiciones de acuerdo entre proveedores de los CDC”, se advierte en la carta en la que se indica que se proveerán instrucciones para que se entreguen las dosis que queden bajo posesión de la Guardia Nacional. Además, se le orienta a la Guardia Nacional y al Departamento de Salud a que tiene 14 días para responder a la acción remediativa de los CDC. Una vez recibida cualquier alegación o explicación de lo acontecido, la autoridad federal emitirá un informe final en 30 días.

En entrevista con Primera Hora, Reyes admitió el “error” y explicó que el incidente ocurrió en uno de 14 centros de vacunación masiva que tuvo el GNPR hasta hace unos meses. Específicamente mencionó que los eventos se escenificaron en Caguas y que involucraron a 74 niños menores de 12 años.

“A algunos les faltaba días para cumplir 12 años y a otros semanas. Sus padres nos los trajeron y con sus consentimientos se vacunaron pero fue un error de interpretación. Se hizo una investigación por parte de la Guardia Nacional, se hizo un reporte y se compartió con Salud. También se le sometió copia a los CDC en Atlanta y se le informó a la línea de mando del Departamento de Defensa”, sostuvo el militar.

Agregó que tras el “error” se contactaron a los padres y madres de los menores y se monitorearon durante cuatro semanas. “Con autorización de los padres visitamos a 33 de estos niños para saber que estaban en buenas condiciones de salud”, dijo.

El Ayudante General alude a que se tomaron medidas correctivas que consistieron en orientar a los soldados involucrados en el incidente. No hubo sanciones, ni suspensiones.

“Se le da un ‘counseling’ (consejería) por escrito y un reentrenamiento a todo ese personal. Esa es la acción correctiva en el aspecto militar. Además se paralizó la vacunación en los menores de 18 años”, acotó.

Por su parte, la Primera Oficial Médico del Departamento de Salud, Iris Cardona, reconoció que la agencia conoce de la investigación sobre “incidentes aislados de vacunación a menores” que vinculan a la Guardia Nacional de Puerto Rico.

“Conocemos de la investigación sobre incidentes aislados de vacunación a menores, por lo que seguimos siendo celosos y sobre todo rigurosos en la fiscalización de los procesos que llevan a cabo todos nuestros proveedores. Es sumamente importante el cumplimiento de los requisitos del Programa de Vacunación y toda la reglamentación del Gobierno Federal”, indicó Cardona en declaraciones escritas.

En un escueto comunicado de la agencia se informó que a partir del martes Salud retomaría la tarea de distribución y administración de vacunas contra el COVID-19 basado en las estrategias organizadas que supone garantizar el arribo de las dosis del medicamento preventivo contra el SARS-CoV-2 en toda la Isla.

“Por el pasado año, hemos contado con la activa colaboración de la Guardia Nacional de Puerto Rico en la distribución y administración de vacunas, esfuerzos que nos permitieron atender el inicio de la inoculación. Ahora, estamos tomando el control de la logística de recibo y entrega para continuar avanzando en la vacunación y en los refuerzos. Estaremos garantizando la continuidad de los servicios y promoviendo la accesibilidad de la vacuna a la población hábil, a través de los proveedores, como lo hemos hecho hasta ahora. El Departamento de Salud tiene un largo historial efectivo de administración de vacunas en Puerto Rico y es apropiado que, ya habiendo pasado casi un año del proceso de vacunación, sea el DS quien lidere todas las estrategias”, insistió la principal oficial médico de Salud.

Más temprano Reyes reaccionó mediante declaraciones escritas en las que dispuso que “recientemente” recibió una comunicación del CDC en Atlanta donde se le notificaba “la no renovación de la licencia o permiso temporero, como resultado de la vacunación a niños próximos a cumplir los 12 años”.

“Hace poco más de tres meses terminamos las operaciones en los diversos centros de vacunación que administrábamos alrededor de la isla. A ese momento, el 83 por ciento de la población elegible ya había sido completamente vacunada”, agregó Reyes.

“Al comienzo de la emergencia causada por la pandemia del COVID-19 la Guardia Nacional de Puerto Rico recibió un permiso temporero del CDC para administrar vacunas en la isla hasta el 9 de diciembre de 2021, para acelerar y expandir el proceso de inmunización”, subrayó.

“Hombres y mujeres, que sin importar el riesgo trabajaron con un solo propósito en mente, el proteger la salud del pueblo de Puerto Rico. Hoy podemos ver el resultado de su esfuerzo y devoción. A cada uno de ellos les debemos el agradecimiento por su sacrificio, dedicación, lealtad y compromiso en bien de nuestra isla”, finalizó.

¿En riesgo la refrigeración de vacunas?

Se especificó que Salud no estará emitiendo comentarios adicionales sobre el tema, aun cuando quedan varias dudas por aclarar entre estas: cuántos incidentes están bajo investigación de la agencia, si hubo efectos secundarios en los menores involucrados y qué otros proveedores han violado los acuerdos estipulados por regulaciones federales.

Primera Hora supo que son entre 150 y 200 los incidentes que involucran a menores de edad bajo investigación que están en el radar de Salud.

La activación de la Guardia Nacional como custodio de gran parte de las vacunas que llegan a la isla se concretó a mediados de diciembre de 2020 y culminaba el 9 de diciembre.

Principalmente, al cuerpo militar se le delegó guardar las vacunas en congeladores que llegan hasta 90 grados bajo cero, una característica importante para asegurar la eficacia de las vacunas, particularmente las de Pfizer. La Guardia Nacional adquirió estos equipos exclusivamente para apoyar a Puerto Rico en el proceso de vacunación en la emergencia de la pandemia.

“Tenemos las neveras para refrigerar las vacunas... puedo garantizar que las vacunas estarán seguras”, sostuvo a Primera Hora la portavoz de prensa de Salud, Lisdián Acevedo.

Una historia en el archivo de Primera Hora, indica que para el 13 de julio el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, reconoció que había unas pesquisas en curso referente a vacunación de menores no autorizados a recibir la inoculación.

Preliminarmente se habló de un proveedor que administró a 22 niños, entre los 7 y 11 años, una dosis de la vacuna de Pfizer. Se mencionó también un segundo proveedor, que da servicio en Caguas, que administró la vacuna a 65 adolescentes de 11 años de edad. Al momento, en Puerto Rico se han administrado más de 5 millones de dosis que han provocado que el 77.5% de la población apta (5 años o más) estén completamente vacunadas y que el 87.1% tenga al menos una dosis.

“Es lamentable advenir en conocimiento de estos sucesos cuando hay órdenes ejecutivas y administrativas claras y específicas. Hay unos procesos y unas guías elaboradas que se entregan a los proveedores y todos deben seguir para proteger la salud de sus pacientes. Aquellos que no cumplan con la ley ni las directrices serán referidos a las agencias de primer orden”, expresó Mellado en aquel momento.

Desde que comenzó el proceso de vacunación contra el COVID en Puerto Rico, en diciembre de 2020, la Guardia Nacional jugó un papel protagónico instalando 14 centros de inoculación entre estos, unos de inoculación masiva en San Juan, Bayamón, Ponce, Mayagüez y Arecibo. El personal de la organización militar tuvo a su cargo, entre otras tareas, de inmunizar a más de 56,500 personas del Departamento de Educación.

Asimismo, desde la Guardia Nacional lideraron esfuerzos de inoculación en hogares de personas de edad avazanda a través de más de 30 municipios. También tuvieron la responsabilidad de vacunar en las primeras etapas a personas mayores de 65 años, primeros respondedores y profesionales de la salud de toda la isla.

En la actualidad, solo tenían la asignación de poner el refuerzo de vacunas a policías y empleados del gobierno federal.

La Guardia Nacional también participó en operaciones de cernimientos de COVID-19 y rastreo a los viajeros que arriban al aeropuerto Luis Muñoz Marín y otros puertos y aeropuertos de la isla. En una entrevista reciente con Primera Hora, el ayudante general José Reyes, dijo que a través de la Guardia Nacional se llegaron a realizar sobre 200,000 pruebas de detección del virus.

El pasado martes 6 de diciembre, día que comenzaron los refuerzos de protocolo en el aeropuerto internacional -incluyendo pruebas aleatorias de PCR a personas que llegan a la isla- personal de Salud informó que los miembros de la Guardia Nacional no estaban autorizados a salir en las tomas fotográficas de los diferentes medios de comunicación que cubrían las incidencias ocurridas en el proceso. Aunque varios periodistas cuestionaron el porqué no se ofrecieron explicaciones adicionales.

Sheila Angleró, portavoz de prensa de Fortaleza, indicó a preguntas de Primera Hora que la Guardia Nacional continuará con la misión en el aeropuerto.