El desafío ya es abierto y frontal.

Mientras, Elías Sánchez lanzó dardos diciendo que los miembros de la Junta no han querido reunirse con los economistas contratados por el gobierno, han hecho proyecciones y pedidos basados en datos incorrectos y lanzó un reto a que si las objeciones al plan fiscal presentado son un subterfugio para imponer otro plan, que lo hablen claro.

La Junta recrudeció ayer sus propuestas de recortes en gastos y exigió nuevos ajustes a tres años en un plazo de menos de 48 horas.

“Nuestro gobierno y yo como gobernador estamos preparados para llevar esto al nivel que tengamos que llevarlo”, declaró Rosselló Nevares cuando se le preguntó si impugnaría legalmente a la Junta. 

El Gobernador dijo que las propuestas de la Junta sobre recortes que, según planteó, implicarían el despido de 45,000 empleados públicos y que 300,000 personas queden fuera del Plan gubernamental Mi Salud, es “lo más rápido” si se mira fríamente en el papel, pero explicó que se debe tener otras consideraciones para que el cantazo a la economía y a las familias no sea tan severo.

Por separado, Sánchez declaró que las premisas del ente son incorrectas. Criticó que la proyección de decrecimiento económico que ellos hacen sea de un 18%, cuando la Junta de Planificación y el Departamento de Hacienda asesorados por el Departamento del Tesoro estadounidense apuntan a que en el peor de los casos el decrecimiento sería 2.6%. Tampoco está de acuerdo en que estimen en $585 millones el gasto gubernamental en exceso para los próximos tres meses, cuando esa cifra es igual al gasto total de un año entero y sin tomar en cuenta ninguna de las medidas de ahorro que ya se han ejecutado.

“Nosotros vamos primero a contestarles los supuestos que obviamente hacen el plan no certificable... vamos a demostrar que su metodología es incorrecta”, afirmó Sánchez.

El plazo de la Junta vence el sábado a las 9:00 de la mañana.

No es tan fácil 

El Gobierno local tiene herramientas escasas para acudir a los tribunales federales en contra de la JSF, sobre todo después de la determinación en el caso Sánchez Valle, donde se reconocen los poderes plenos del Congreso de Estados Unidos sobre Puerto Rico.

Lo único que podría hacer el gobierno de Puerto Rico sería ir a los tribunales bajo el argumento de que, “la JSF está actuando fuera de los lineamientos establecidos en la ley Promesa; es decir, que la Junta interpreta que tiene un poder que no surge de la ley Promesa o que está interpretando unas disposiciones de manera distinta a como la hace el gobierno”, explicó el Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana, Julio Fontanet Maldonado.

El gobierno federal, en cambio, tiene la potestad de hacer “en términos estrictamente legales, lo que quiera” con el gobierno local, aseguró el licenciado al ser cuestionado sobre la posibilidad de una destitución al gobernador por negarse a cumplir con lo exigido por la junta fiscal.

Para Fontanet Maldonado, sin embargo, eso es una opción poco probable por las repercusiones políticas que tendría y, sobre todo, por el ánimo de Rosselló Nevares para manejar el asunto “de buena fe”.

El decano cuestionó la timidez del gobierno al solicitar los estados financieros de los miembros de la JSF para observar el interés que cada uno tiene en los bonos, si son titulares de ellos, lo que podría “impedirlos legal y moralmente” de ser parte del ente fiscal.

María de los Milagros Colón colaboró en esta historia.