En medio de cuestionamientos sobre su utilidad y justificación, la Cámara de Representantes le dio paso este miércoles durante la sesión legislativa a un proyecto de ley para regular la participación de empleados gubernamentales en actos o eventos político-partidistas.

A pesar de que la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) tiene jurisdicción sobre la materia, la Cámara aprobó en votación partidista una medida que pone en manos de la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia la facultad conjunta de investigar e imponer sanciones a quienes violenten las disposiciones de la propuesta "Ley para Regular la Participación de Empleados Públicos en Actividades Político-Partidistas".

El Proyecto de la Cámara 1908 es una iniciativa de la administración del gobernador Alejandro García Padilla, y entre otras cosas, prohíbe a los funcionarios del Ejecutivo y los municipios utilizar su autoridad oficial para influir o interferir en el resultado de cualquier evento electoral o con las aspiraciones de candidatos a puestos electivos, pedir, aceptar o recibir donaciones políticas, hacer gestiones políticas durante su turno laboral o identificarse en su vestimenta o con artículos en su oficina con partidos políticos.

"Aquí lo que se añade es una capa adicional, importante, para que en el conjunto de esas capas, se proteja la función pública del germen de la política partidista fuera de los lugares donde debe estar la política partidista", dijo el representante Luis Vega Ramos, presidente de la Comisión cameral de lo Jurídico, que evaluó el proyecto.

La pieza fue enmendada para extender las restricciones a los miembros del gabinete del gobernador y su personal de confianza, pues el proyecto de administración enviado a la Legislatura excluía a esta categoría de empleados de la aplicación de la medida.

La minoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) votó en contra de la legislación, y el representante de esa delegación Ricardo Llerandi argumentó que su aprobación no se justifica, pues resulta "innecesaria", ya que la OEG se encarga de investigar y fiscalizar las mismas prácticas.

"En Puerto Rico, estamos sobrelegislados, y hay agencias con duplicidad de funciones. Esto crea más burocracia... Ya el ordenamiento jurídico es más amplio de lo que propone este proyecto", subrayó el legislador novoprogresista.

El proyecto de ley busca atemperar el ordenamiento jurídico de la Isla con la "Hatch Political Activity Act" de Estados Unidos que impone limitaciones similares a personas cuyos ingresos provienen de fondos federales.

La propia exposición de motivos de la medida reconoce que existen otras leyes que regulan conductas análogas, como la "Ley de Ética Gubernamental", el Código Penal y el Código Electoral, pero para Vega Ramos esto no es ningún inconveniente.

"No es inusual que -en nuestro ordenamiento- proteger la función pública de la intromisión político partidista sea algo que miren muchos pares de ojos, desde diferentes puntos de vista, para asegurarnos que no se dé", manifestó el legislador del Partido Popular Democrático sobre el enfoque complementario que, según dijo, se persigue con la propuesta legislativa.

La directora ejecutiva de la OEG, Zulma Rosario, se opuso a la medida durante las vistas públicas por entender que el ordenamiento jurídico vigente en Puerto Rico es más abarcador que el que propone el proyecto de ley.

De otra parte, la Cámara aprobó de manera unánime un proyecto que enmienda la "Ley para la Prevención e Intervención contra la Violencia Doméstica" (Ley 54-1989) para ordenar al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) a notificar a la víctima de esa conducta violenta cuando se aproxime la excarcelación de su agresor.

La pieza de la autoría de la senadora popular Mari Tere González dispone que la comunicación a la víctima deberá ser, al menos, 120 días antes de que se consuma la sentencia.

 "De esta forma, la víctima tendrá una cantidad de tiempo razonable para hacer los ajustes correspondientes, para garantizar su seguridad y bienestar personal, acorde con su apreciación de los riesgos relacionados a la reinserción a la comunidad de su agresor", señala la exposición de motivos del proyecto de ley.