Un error en el contenido de la medida circulada provocó esta noche que la Cámara de Representantes tuviera que detener la consideración de la resolución conjunta con que se autoriza el pago a bonistas y otros acreedores del gobierno como parte de la negociación del Plan de Ajuste de Deuda (PAD) y que igualmente crea un barril de $50 millones a ser repartido entre todos los legisladores.

Transcurridos unos 40 minutos del debate y luego de que el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa Rodríguez, finalizara la presentación de la medida, la representante de Movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales Molinelli, advirtió que la versión de la Resolución Conjunta de la Cámara 278 en discusión no era la misma que fue aprobada en la mañana en una vista de consideración final.

La mayoría determinó recesar a las 7:30 p.m.

La diferencia estriba en que la versión en discusión no establece que el barril a ser creado de $50 millones sería repartido mediante una resolución conjunta. La versión aprobada en la mañana tenía dicha cláusula.

Cada cuerpo legislativo tendrá acceso a $25 millones. El lenguaje de la medida, que sufrió múltiples enmiendas –fueron seis versiones- desde que fuera radicada el lunes, dispone en el contexto del barril que el dinero se utilizará para “proyectos, equipos, y servicios esenciales para los municipios y comunidades”.

El presidente de la Cámara Baja, Rafael “Tatito” Hernández Montañez ha defendido la creación del fondo, que no le llama barril, utilizando el argumento que se trata de dinero que no llegaría a las comunidades ni a través del gobierno central ni a través del gobierno federal.

“Los que critican eso son los turistas políticos que van a una comunidad una vez o cuando hay un issue grande”, dijo el presidente de la Comisión de Hacienda, Jesús Santa Rodríguez.

“¿Por qué el legislador no puede ayudar? Y caen en el ridículo de criticarnos por asignar eso. ¿Qué rayos hacemos cuando trabajamos el presupuesto?”, cuestionó. “Los que dicen eso (críticas a los legisladores) ifaman e insultan a los legisladores de distrito”.

La pieza legislativa cruzaría al Senado, donde su presidente José Luis Dalmau Santiago indicó que espera llevarla a votación el lunes o el sábado. Aseguró desconocer si tiene los 12 votos requeridos, pero El Nuevo Día supo que hay penepés que favorecen el proyecto, que es prioridad del gobierno de Pedro Pierluisi.

La medida, entre otras cosas, permite el pago de $1,376 millones para reponer en las cuentas de contribuyentes el dinero no destinado por el gobierno al Sistema de Retiro 2000, asigna $1,420 millones para crear la reserva del Fideicomiso de Pensiones y un total de $269.3 millones para el retiro de la Policía.

“Esto no es todo para los bonistas. Son gente de carne y hueso que están en nuestro gobierno”, dijo Santa Rodríguez.

Igualmente da paso a pagos ascendentes a $10,906 millones por sentencias e indemnizaciones, pagos a bonistas del gobierno central, al Sistema de Retiro de Empleados, Corporación del Distrito de Convenciones, la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura, la Autoridad de Edificios Públicos y pagos a aseguradoras como Ambas Assurance, Assured Guaranty y National Public Finance Guarantee.

También hay pagos para trabajadores afiliados a la unión AFCSME, a los Centros 330 ($146 millones), a pagar reclamaciones de Productores Lácteos ($31.1 millones), $100 millones a ciertos empleados a los que les cobija las leyes 1-1990 y 447-1951.

Además, $344 millones para pagar expropiaciones realizadas por el gobierno.

“Esto es un dinero que ha sido guardado desde antes de caer en Título III (de la ley Promesa)”, dijo Santa Rodríguez. “En cuatro días, sin discusión pública (hubo una vista pública) vamos a aprobar el pago y los adelantos en efectivo por el pago de la deuda. Esto en momentos en que empleados públicos han reclamado mejores salarios”, dijo la representante Mariana Nogales Molinelli, de Movimiento Victoria Ciudadana.

La pieza legislativa autoriza una serie de modificaciones al presupuesto, como por ejemplo la reducción en el dinero para operar Plan Vital de $1,522 millones a $696.9 millones. Así, además de la creación del fondo de $50 millones, incluye una asignación adicional de $5.8 millones a los municipios a ser asignados siguiendo los parámetros de la Ley del Fondo de Administración Municipal y una asignación de $22.1 millones para cubrir la nómina hasta el 30 de junio de exempleados de la Autoridad de Energía Eléctrica que se quedaron en el gobierno y declinaron trabajar para Luma Energy.

El representante popular Luis Raúl Torres logró que se eliminara un lenguaje propuesto por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que supuestamente colocaba en peligro el Sistema de Retiro de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) ya que establecía que la transferencia para lo que queda del año fiscal de $14.1 millones solo será liberado a favor del sistema de retiro de la corporación pública después de que la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) proporcionara, a satisfacción de la JSF, una opinión legal que identificara la base legal sobre la cual los exempleados de la AEE transferidos al gobierno central pueden continuar participando en el Sistema de Retiro de Empleados de la AEE. Esto, en lugar de estar inscritos en el plan de Contribución Definida.