Un hervidero de imputados de fraude en la Sala de Investigaciones de Bayamón.

La jueza Lorraine Biaggi Trigo, de la Sala de Investigaciones del Tribunal de Bayamón, determinó causa para arresto contra 29 personas implicadas en el fraude primarista del precinto 7 de Guaynabo, fijándoles fianzas de $1,000 por cada cargo imputado.

De los imputados, 26 se allanaron a la vista de causa para arresto y solo tres enfrentaron esta, determinándose de igual modo causa para arresto contra ellos.

“No voy a hacer expresiones”, indicó Norma Miranda Gallardo, una cercana ayudante de la ex presidenta de la Cámara Jenniffer González.

A Miranda le sometieron cuatro cargos por apropiación ilegal de identidad, falsificación ideológica, perjurio y archivo de documentos o datos falsos.

“[...] certificó como cierto ante un funcionario un hecho esencial con conocimiento de su falsedad consistente en que compareció ante Dilia E. Vázquez Centeno, funcionaria de la Junta de Inscripción Permanente, precinto 7 de la CEE... y certificó que su dirección residencial permanente era...”, reza parte de la denuncia por pejurio contra Miranda Gallardo.

Funcionarios muy allegados al alcalde Héctor O’Neill también fueron citados e imputados. Ese es el caso de Karen Velázquez, estrecha ayudante del alcalde; Ricardo Marrero Santos, su chofer y escolta. También, la coordinadora de Parques y Canchas, Clara Vázquez, una ex softbolista durante la incumbencia del fenecido alcalde Junior Cruz, además, Carlos Rey, director de Recreación y Deportes municipal.

Se sometieron cargos contra Yahaira Rojas López, del Consorcio de Guaynabo.

Son 13 los guardias de la Policía Municipal de Guaynabo imputados, entre los que figuran con prominencia el comisionado de Seguridad, Wilfredo Martínez Hernández; las tenientes Ingrid Echevarría Colón y Brenda Rodríguez, y los sargentos César Beltrán Colón y Miguel Díaz Vélez.

Sorprendió la denuncia contra tres altos oficiales de la Policía estatal: el ex capitán retirado Ariel Soto, el ex teniente de la División de Drogas de Caguas José Rodríguez Pagán y el sargento Ángel Hernández Pérez.

El ex capitán lucía extremadamente tenso y preocupado.

Contra este pesan cuatro cargos relacionados con ofrecer información falsa sobre su lugar de residencia al hacer el cambio de dirección en la Junta de Inscripción Permanente.

Se indica en el cargo por apropiación ilegal de identidad que “ se apropió de un medio de identificación de otra persona, de la dirección de Eileen M. Purcell Martí, con la intención de realizar varios actos ilegales...”.

“Fueron 110 las denuncias y en todas hubo determinación de causa. Fueron 29 los imputados”, dijo el fiscal Edmanuel Santiago al concluir el extenso proceso.

Explicó que solo tres, el capitán Ariel Soto, y los sargentos José Rodríguez y Miguel Díaz, prosiguieron con la vista.

“No se allanaron. Se dieron las vistas y hubo determinación de causa”, aclaró.

“Lo que nos compete a nosotros es probar el caso como cualquier otro caso”, dijo.

Se le preguntó al fiscal que si el hecho de que no se sometieron cargos por “concierto y común acuerdo” imposibilita el llegar al alcalde O’Neill, y ripostó que “en este momento estamos concentrados en este proceso”.

Nervios a mil

Desde las 9:00 de la mañana comenzaron a llegar al tribunal los imputados, muchos de ellos acompañados por familiares. A su vez, iban llegando los abogados contratados, en su mayoría, por las asociaciones de policías COPS, FUPO y Conapol. Otros, como Miranda, contrataron abogados privados, en este caso el ex FEI Ernie Cabán.

“Me llegó la citación el domingo”, dijo un guardia municipal a Primera Hora.

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¿Pero usted lo esperaba?

Yo no esperaba nada.

La abogada Ana Quintero indicó que, para esa vista, representaba a siete imputados, pero fueron ocho.

“En realidad, los míos son los menos importantes. Son empleados que no participaron de nada”, afirmó.

El abogado Alexis Acevedo representa a cinco imputados, varios de estos muy cercanos a O’Neill, incluido al comisionado de Seguridad.

El abogado Michael Corona representa al capitán Ariel Soto Cruz. Corona cuestionó los cargos sometidos bajo el Código Penal al sostener que “lo que aplica es la Ley Especial Electoral. Este anticipó que los cargos no procederían, criticando las denuncias como muy llanas, ya que –según este– “no prueban nada”.

“La Ley Especial tiene preferencia sobre la Ley general. Estos cargos dependen de información incorrecta. No todo es un delito. El que dieran información incorrecta no lo hace delito. Puede ser pena administrativa, civil. Puede dejar un mal sabor los actos, pero no es delito”, sostuvo.

Ernie Cabán abrazó el mismo argumento al sostener que el Código Penal aplica cuando no hay una ley especial o cuando no está tipificada la conducta.

La jueza Biaggi señaló la vista preliminar para el 24 de abril en la sala 404 del Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

El superintendente de la Policía, Héctor M. Pesquera, por su parte, expresó que las imputaciones no manchan la reputación de los agentes del orden público, al anunciar que suspendió sumariamente de empleo y sueldo al teniente y al sargento.