El comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista, Jorge Dávila Torres, exigió hoy a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) que cumpla con una decisión del tribunal federal que ordena la reactivación de sobre medio millón de electores que no participaron en los comicios generales de 2012.

Dávila Torres denunció que la presidenta de la CEE, Liza García Vélez, se ha negado a cumplir con el dictamen emitido el pasado 30 de enero por la jueza del tribunal de distrito federal en San Juan, Carmen Consuelo de Cerezo, sobre la reactivación de los electores.

"Ella puede tener la intención de apelar, pero en lo que eso ocurre, el estado de derecho vigente es que tiene que reactivar a los votantes", sostuvo Dávila Torres. "Una decisión del tribunal federal va por encima de una ley local", aseveró.

La jueza declaró ilegal el artículo 6.012 de la Ley Electoral de Puerto Rico, que establece que una persona que falla en votar en una elección queda inactivo. 

El dictamen se basa en que la ley federal titulada Help America Vote Act (HAVA) de 2002 que establece que para un ciudadano quedar inactivo tiene que haberse fallado en votar en dos elecciones consecutivas.

En una reunión posterior con la presidenta de la CEE, Dávila Torres y el comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Guillermo San Antonio, votaron a favor de que se cumpla con la orden de Cerezo.

No obstante, según Dávila Torres, no hubo consenso unánime, pues el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) votó para que se apele la decisión de Cerezo en Boston. Dávila Torres dijo que, al no haber unanimidad, García Vélez decidió y optó por apelar.

"Considero que es una decisión lamentable y errada, pero le corresponde acatar la orden de la jueza reactivando a los electores que no votaron en el 2012. Pero ya van cuatro meses y no lo ha hecho", dijo Dávila Torres. 

"Le estoy exigiendo que se tome esta acción porque estamos a pocos meses de comenzar el año electoral y este es un proceso que toma tiempo, y por eso fue que no se pudo hacer en el 2012", añadió.

La orden de Cerezo no establecía una fecha límite para cuando ya debía haberse cumplido con la sentencia, pero el funcionario del PNP dijo que su aplicación entraba en vigor de inmediato, por lo que entiende que actualmente la CEE está en incumplimiento con lo dispuesto por el tribunal.

Ante este panorama, Dávila no descartó que nuevamente se busque un remedio legal en el tribunal federal para presionar a la CEE.