El secretario de la Gobernación, Víctor Suárez, respondió hoy, viernes, a las denuncias de discrimen que hizo ayer el procurador de las personas con impedimentos sobre una supuesta inacción de La Fortaleza para ayudarle a recuperar fondos federales que debe manejar su oficina.

El conflicto en la Oficina del Procurador de la Personas con Impedimentos (OPPI) se remonta a mayo de 2012 cuando la Administración de Deficiencias Intelectuales y en el Desarrollo (AIDD, por sus siglas en inglés) detectó durante una auditoría fallas en el manejo de fondos federales. Ninguno de los planes correctivos presentados por OPPI fue aceptado por la agencia, que en abril de 2014 catalogó la oficina como una en el alto riesgo y luego, en octubre del mismo año, descontinuó el desembolso de los fondos federales que esta entidad administra.

Según indicó el procurador Iván Díaz Carrasquillo en conferencia de prensa el jueves, entre los señalamientos que mantienen los fondos congelados, hay asuntos en los que Fortaleza debe intervenir, pues muchas leyes locales chocan contra legislaciones federales a las que están sujetos los fondos.

Díaz Carrasquillo, quien está al frente de la OPPI desde noviembre de 2011, nombrado bajo la administración de Luis Fortuño, indicó que el Ejecutivo se ha negado a concederle una reunión para subsanar esas diferencias, lo que consideró discrimen político.

Sin embargo, el secretario de la Gobernación aseguró hoy que en cuanto se le notificó a la Oficina del Gobernador la decisión de AIDD, surgió una reunión con el procurador para solicitarle información que incluía el trasfondo de los requerimientos de la agencia federal. Dijo que la Oficina del Gobernador, por su parte, comenzó conversaciones directas con la AIDD para ocuparse de los señalamientos que se podían atender desde La Fortaleza.

“No obstante, la mayoría de los asuntos debían ser atendidos por OPPI en el plan de acción correctiva”, señaló Suárez en declaraciones escritas.

“Es instrumental que OPPI demuestre capacidad para manejar los fondos federales apropiadamente. Nosotros entendemos que el procurador ha tenido a su disposición todas las herramientas necesarias para operar los fondos adecuadamente y no lo hizo. Inclusive, la agencia federal ha señalado que OPPI ni siquiera utilizó los fondos que se asignaron para el año fiscal federal 2014 que comenzó en octubre de 2013. Solamente solicitó, en diciembre del 2014, luego de terminado el año fiscal, un acceso al 10% de esos fondos”, añadió Suárez.

El secretario de la Gobernación exhortó al procurador de Personas con Impedimentos “a que trabaje en su plan y le demuestre a la AIDD que tiene la capacidad de manejar adecuadamente los fondos federales”.

Según el procurador, la situación con la AIDD pone en peligro unos 50 empleos en la OPPI y afectaría adversamente los servicios que se prestan a personas con impedimentos.

El 19 de marzo el funcionario deberá deponer en una vista administrativa ante las agencias federales sobre los avances en las correcciones de los señalamientos hechos en 2012.