Dos senadores populares y dos portavoces del gobierno se enfrentaron hoy en una vista pública en el Senado por el contrato a diez años otorgado a GeneraPR para la privatización y eventual decomisación de cerca de una docena de unidades generatrices de la Autoridad de Energía (AEE).

Los senadores Juan Zaragoza Gómez y Javier Aponte Dalmau cuestionaron la fiscalización, alcance del contrato y el futuro de los empleados de la AEE, mientras el director ejecutivo de la Administración para las Alianzas Público Privadas (APP), Fermín Fontanés y el presidente de la Junta de Gobierno de la AEE, Fernando Gil Enseñat defendieron el acuerdo contractual, a razón de $22.5 millones anuales.

Fontanés dijo que el contrato no conlleva la venta a GeneraPR de los activos legados de generación. “La AEE es y continuará siendo la dueña de esos activos durante la vigencia del contrato”, sostuvo el funcionario, que lideró el proceso de privatización.

¿De aquí a dos años, who’s in charge (quién está a cargo? ¿Qué queda de la AEE?, cuestionó el senador Zaragoza Gómez, mientras, Gil Enseñat sostuvo que “seguiremos con las hidroeléctricas”. Fontanés a su vez, indicó que quien administrará el contrato es la AAPP, pero es el Negociado de Energía el que lo fiscalizará.

“Pero, si la AAPP no ha podido con el contrato de LUMA, ha hecho el papelón nacional. ¡Bendito sea Dios!, voy a tener que comprar un generador auxiliar para casa”, soltó Zaragoza Gómez en las vistas públicas que lleva a cabo la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía del Senado sobre el contrato que el gobierno oficializó el pasado 25 de enero.

Aponte Dalmau inquirió que el contrato “no tiene cláusulas de auditoría de desempeño ni métricas”, mientras Fontanés le ripostaba que “sí, tiene y más. derechos de cláusulas de reporte que el anterior (LUMA Emergy)”.

“No están establecidas expresamente cláusulas de auditoría de desempeño”, insistió el senador Aponte Dalmau y presidente de la comisión legislativa. Fontanés argumentó que las métricas operacionales las establece el Negociado e Energía.

El senador por el distrito de Carolina alegó además, que al final del día no ve en el acuerdo que la empresa esté obligada “en el tema de demolición y decomisación” de las plantas generatrices.

“Esto es mucho para mí, me tengo que ir a medicar”, expresó en tono sarcástico Zaragoza Gómez antes de excusarse de la vista pública.

El representante del interés público ante la Junta de Gobierno de la AEE, Tomás Torres Placa, quien fue el único voto disidente en el cuerpo rector de la corporación pública, calificó de innecesario el contrato.

Torres Placa cuestionó si es necesario que los empleados de la AEE renuncien para ser contratados por el operador.

“Los últimos cinco años serian para decomisar y si querían privatizar no era conveniente, dejar a los empleados allí y después decomisar. La privatización funciona y un buen manejo publica funciona también. Si tienes empleados de 20 años y les pides que renuncien y se vayan para el (operador) privado, ¿no vamos a tener una crisis de recursos humanos en esa planta cuando la mayoría decida irse al gobierno? Esto puede resultar en falta de empleados para operar esta planta como ocurrió con la transmisión y distribución”, planteó el ingeniero.

Gil Enseñat indicó por su parte, que “hay un compromiso con los empleados de generación” de la AEE. “El operador tiene la obligación de realizar una oferta de empleo a todos los empleados de las plantas que, al 30 de junio de 2022, se encontraban realizando funciones a tiempo completo y con good standing”, sostuvo.