“Ahora que se le ve… el costo político…ahora cualquiera dice que es macho”.

Así reaccionó la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, a la demanda que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) radicó contra el gobernador Ricardo Rosselló a fin de que se le exija el Primer Mandatario cumplir con la reducción de jornada laboral estipulada por el ente creado por la ley federal PROMESA.

“Esto es la crónica de una muerte anunciada. El Gobierno de Puerto Rico está ejerciendo su derecho al pataleo… pero en el plan fiscal del señor Gobernador se incluía la reducción de jornada, en aquel plan fiscal que ellos celebraron en el jardín hundido de Fortaleza”, expresó la alcaldesa argumentando que Rosselló sabía lo que acontecería y la autoridad que tendría la JSF sobre el Gobierno tras la firma de la Ley PROMESA.

“El país tiene una forma muy coloquial de decirlo. Pero, ahora que se le ve… el costo político…ahora cualquiera dice que es macho”, agregó.

Cruz le recordó a Rosselló que la Ley PROMESA tiene una “clausulita”  de supremacía que no se puede ignorar.

“Esa clausilita que algunos no van a poder evitar ver ahora dice que por encima de cualquier acción del Gobierno, del Ejecutivo o legislación va lo que diga la Junta de Supervisión Fiscal. Que el Gobernador está correcto en pelearlo, sí. Pero lo primero que debió haber hecho fue no sugerirlo”, manifestó Cruz.

“El Gobernador hará un pataleo como nunca y se rendirá como siempre”, añadió en su característica jerga la Alcaldesa quien auguró efectos dominó en la economía del país si se concreta la reducción de jornada de unos 135,000 empleados públicos a partir de este viernes 1 de septiembre.

De paso, la ejecutiva municipal invitó a Rosselló a unirse a las organizaciones sindicales y civiles que este jueves 30 de agosto marcharán en contra de las disposiciones impuestas por la Junta.

“Dele libre a los empleados para que vayan allí… y únanse ustedes también al reclamo”, exclamó.