Fiscales del Departamento de Justicia de Puerto Rico se reúnen hoy con el contralor electoral Manuel Torres como parte de la evaluación de la agencia de posibles violaciones de leyes estatales que surjan del juicio federal contra presuntos cómplices del recaudador del Partido Popular Democrático (PPD), Anaudi Hernández.

Así lo dejó saber hoy el presidente del PPD y candidato a la gobernación, David Bernier, en un comunicado de prensa. así como el secretario de Justicia, César Miranda, en comunicados de prensa por separado.

El PPD está en la mirilla por este juicio porque han surgido nombres de candidatos en la actual papeleta, como la senadora Mari Tere González y el senador Jorge Suárez, exlegisladores como el exsenador Eder Ortiz, el gobernador Alejandro García Padilla y recaudadores de la Pava como Irving Faccio.

“En la mañana de hoy, en mi carácter de presidente del Partido Popular Democrático, me comuniqué con el Secretario de Justicia, Honorable Cesar Miranda. Me complace saber que ha asignado desde el primer día dos fiscales a dar seguimiento a este caso y que actuará sobre cualquier posible señalamiento de violación a las leyes del Estado Libre Asociado. Me adelantó que su equipo de fiscales estará reuniéndose en la tarde de hoy con el Contralor Electoral", indicó Benier en sus declaraciones escritas, quien también designó al secretario general de esa colectividad, Javier Echevarría para que evalúe la prueba que vaya desfilando.

La Oficina del Contralor Electoral es la dependencia que evalúan el cumplimiento de la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico, incluyendo la fiscalización de los donativos y gastos de campañas políticas, con facultad de hacer referidos al Departamento de Justicia. En el juicio federal se ha hablado de diferentes esquemas de movimiento de donativos en grandes cantidades de dinero en efectivo.

Por su parte, Miranda reveló que desde la pasada semana ordenó la asignación de dos fiscales del Departamento de Justicia a asistir al juicio que se ventila contra Hernández, con el fin de recoger todos los aspectos de la prueba y que podría constituir delito estatal o faltas éticas de funcionarios públicos.

“Todos hemos escuchado los testimonios en el caso federal contra Anaudi Hernández. Como parte de los mismos se ha vertido información de supuestas irregularidades en el financiamiento de campañas para las elecciones de 2012 y de relaciones entre empresarios y funcionarios gubernamentales que como mínimo podrían constituir graves faltas éticas o, en la alternativa, delitos penados por ley. Es por ello que inmediatamente asigné a dos fiscales a la Sala 3 del juez federal Pedro Delgado Hernández, con el fin de agilizar nuestro contacto con lo que podría ser prueba para posibles encausamientos estatales”, detalló Miranda.

Hernández fue acusado con otras 10 personas por un esquema de fraude ascendente a $2.1 millones. Seis de ellos, incluyendo a Hernández, llegaron a acuerdos para declararse culpables, y los cuatro restantes que ahora enfrentan juicio son  Sally  López, exadministradora de la Administración de Derecho Laboral (ADL); Ivonne Falcón, ex vicepresidenta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA); su hermana Marielis Falcón, así como Glenn Rivera Pizarro, ex asistente del administrador de la Cámara de Representantes.  

El grupo enfrenta cargos por mal uso de dinero del erario, soborno y conspiración para cometer fraude electrónico.

Asimismo, Miranda dijo en sus declaraciones escritas que deben esperar a que concluya el proceso judicial federal para pedir que los federales les compartan la prueba que puedan tener, pero que eso no impide comenar a investigar.

“Como sabemos, la prueba que se expone en este juicio es prueba en poder de las autoridades federales que está siendo utilizada en estos momentos por sus fiscales para probar los cargos imputados. Por lo tanto, procesalmente, corresponde que el Departamento de Justicia de Puerto Rico aguarde por la culminación del juicio y solicite la prueba a las autoridades federal, con el fin de adelantar pesquisas estatales. No obstante, esto bajo ninguna consideración constituye un obstáculo para el ejercicio de nuestra facultad en ley de investigar y perseguir el crimen. Es por esto que estamos teniendo contacto con prueba, iniciando una investigación y desde ya podemos adelantar que estaremos solicitando a Fiscalía Federal toda prueba que pueda ser útil para el proceso investigativo estatal”, especificó el jefe de Justicia.

Ya hay cargos estatales contra Hernández, y el primer testigo de la fiscalía federal Héctor Vargas, pero por evasión contributiva.  La vista preliminar contra los imputados se celebrará los días 14, 15 y 16 de septiembre próximos. 

El secretario de Justicia recordó que como resultado de la decisión federal de Pueblo vs. Sánchez Valle tendrían que acusar a las personas por delitos diferentes a los que procese el foro federal.