El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli, ha instado a las personas que pudieran tener pruebas que aporten a la investigación criminal sobre el caso de Bahía Jobos, en Salinas, que acudan directamente a la agencia para entregar la información, esto tras trascender públicamente la filtración de documentos que alegadamente fueron sacados del expediente del caso por órdenes de personal de Fortaleza.

Durante el fin de semana el activista y excandidato independiente a la gobernación Eliezer Molina, adelantó que este lunes saldría a la luz pública una serie de documentos vinculados a la pesquisa. Señaló a través de un vídeo en sus redes que los papeles fueron extraídos del expediente original del caso y entregados incompletos a Justicia y a la Asamblea Legislativa. Molina dijo que se disponía a entregar evidencia este lunes en el Departamento de Justicia, pero hasta mediodía se desconocía si había hecho algún trámite.

Primera Hora intentó comunicarse con Molina, pero no fue posible. También se le solicitó una reacción a Fortaleza, pero al momento de entrega de esta publicación no se habían ofrecido declaraciones.

Se trata de documentos que han sido filtrados en la mañana del lunes en diversas plataformas sociales, incluyendo la página de noticias “En blanco y negro con Sandra” de la periodista Sandra Rodríguez Cotto.

Parte de los documentos involucran a figuras claves como la exgobernadora Wanda Vázquez y a la exsecretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Tania Vázquez. El extitular Rafael Machargo, también es mencionado. A los tres se les señala que, supuestamente, tenían conocimiento sobre las ilegalidades o irregularidades perpetuadas en la reserva, pero no tomaron acción responsable sobre los hechos.

Primera Hora solicitó una reacción al secretario de Justicia ante lo acontecido públicamente y este respondió mediante declaraciones escritas y de manera generalizada que “cualquier persona que tenga conocimiento personal de actos ilegales o de corrupción a presentar una declaración jurada que nos permita contar con dicho testimonio para esclarecer y, eventualmente, probar el caso más allá de duda razonable en el tribunal”.

En ningún momento confirmó o negó haber recibido la documentación vinculada al caso.

Afirmó que cualquiera que tenga información, documentos y otra evidencia puede entregarla a Justicia o a los organismos que tienen obligación de investigar en la primera etapa del proceso, como lo es la Policía, el Negociado de Investigaciones Especiales y otras agencias concernientes.

“En el caso de la situación de la Reserva Natural de Bahía de Jobos, debe dirigirse a la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia”, puntualizó.

Agregó que por virtud de ley el expediente de una investigación criminal es confidencial. “Por lo que el Departamento de Justicia no comparte ni comenta su contenido a ninguna persona externa al proceso investigativo”, sostuvo.

Entretanto, afirmó que la investigación que realizan los fiscales de la agencia sobre las denuncias relacionadas con la invasión de la Bahía Jobos es conducida con rigor conforme a las normas y reglamentos dentro del ámbito penal.

“Nadie puede intervenir ni pretender dirigir el proceso investigativo que realiza el Ministerio Público, que es quien está facultado en ley para encaminar el procesamiento de índole criminal”, dijo Emanuelli.

¿Qué dicen los documentos?

Un sinnúmero de cartas, correos electrónicos, informes y escrituras sobre las irregularidades cometidas en el Camino del Indio, de la Reserva Estuarina y de Investigación Bahía de Jobos, en Salinas, presuntamente no llegaron hasta el escritorio del Departamento de Justicia y de la Asamblea Legislativa, ya que, según denuncian, personal de La Fortaleza los retiró del expediente antes de que llegara a manos de las agencias investigadoras.

Entre los documentos que se han filtrado mediante las redes sociales y algunos medios del País, se reveló un intercambio de correos electrónicos en noviembre de 2020 entre Jaime Green Morales, director de la División de Evaluación y Cumplimiento Ambiental de la Oficina de Gerencia y Permisos (OGPe) e Isabel Martínez González, del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), y Samuel Acosta Camacho, de la Junta de Calidad Ambiental (JCA), para identificar permisos de uso para obtener servicio de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en el área.

En el intercambio, Green Morales indicó que solamente se encontró un permiso (2016-101211-ASE-156310). Sin embargo, este permiso identificado correspondía a una residencia en Aibonito.

“Los demás números incluidos en la lista recibida, no existen en el sistema”, aseguró Green Morales.

“Surge que los permisos de uso que prestaron los residentes de la Bahía de Jobos para poder obtener servicio de AEE no existen en récord. Solo uno de ellos y corresponde a una residencia de Aibonito”, concordó Isabel E. Martínez González, ayudante especial de la secretaria del DRNA, en un intercambio de correos electrónicos entre otros funcionarios de la misma agencia.

No obstante, mediante una carta del 2020 del entonces director interino del AEE, Efrán Paredes, en respuesta a una petición del ahora exsecretario del DRNA, Rafael Machargo Maldonado, de detener el servicio a los contadores en los predios de la reserva, Paredes dijo que estos clientes sí habían presentado permisos de uso y certificación eléctrica.

“Si existe alguna violación de ley podemos proceder con la desconexión; sin embargo, en los casos que nos envió, y según surge de nuestros expedientes, Ios clientes cumplieron con los requisitos para la conexión del servicio de energía eléctrica”, reza la misiva.

En un anejo, Paredes lista los contadores con supuestos permisos de uso y marca seis de ellos que tienen el permiso de uso de una localidad en Aibonito.

Además, se divulgó también el informe de la División de Agrimensura que, tras datos de campo recopilados en junio de 2016, el cual estableció que “las elevaciones de las condiciones actuales del terreno versus la elevación de la superficie de diseño se calculó que el volumen de material de relleno a ser removido es de 531.04 metros cúbicos” para “llevar a cabo trabajos de agrimensura” en la Reserva Natural.

Mientras, se descubrió también una carta dirigida a Jeffrey L. Payne, director de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) que data a abril 10 de 2017 y firmada por la exsecretaria del DRNA, Tania Vázquez Rivera, que señala que “durante los últimos 35 años, el DRNA ha sometido varios casos contra construcciones ilegales en propiedades localizadas en la zona marítima de la Reserva Estuarina de Bahía de Jobos”. La misiva establece que el DRNA estaba “interesado en unir fuerzas con el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos para establecer acciones de ley y orden para remover las estructuras ilegales”.

Asimismo, en el 2019, Vázquez Rivera había solicitado a la entonces secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, la investigación de las construcciones, sosteniendo que “entre los hallazgos realizados por el Agrimensor Carlos Vega, se ha evidenciado que cerca de 21 parcelas han sido establecidas dentro de los predios de la Reserva en el área al final del Camino del Indio. La Reserva ha trabajado junto al Cuerpo de Vigilantes y Ia División Legal del DRNA para tratar de resolver los casos de violaciones a los recursos naturales localizarlos dentro y fuera de los terrenos de La Reserva. Las personas que están realizando estas acciones ilegales, alegan tener la titularidad de los terrenos que pertenecen al DRNA y a la NOAA y que conforman la parte occidental de La Reserva. Recientemente personal del DRNA realizó una inspecci6n ocular del área, encontrando nuevas construcciones y depósito de material de relleno, poniendo en riesgo especies de flora y fauna características de la zona y provocando daños al ecosistema. De esto continuar, estaremos poniendo en riesgo, además, los fondos federales que la NOAA le ha asignada al DRNA para La Reserva”.

Reacciona La Fortaleza

Por su parte, La Fortaleza, por medio de la secretaria del a gobernación, Noelia García Bardales, negó que se ordenara eliminar información del expediente del notorio caso y aseguró que cooperarán con el mismo.

“Fiel a la política de apertura y transparencia que siempre ha fomentado el gobernador Pedro R. Pierluisi, el Departamento de Recursos Naturales sometió al Departamento de Justicia todos los documentos existentes en sus expedientes relacionados al crimen ambiental perpetuado contra el área de la Reserva Nacional de Investigación Estuarina de Bahía de Jobos”, expresó García Bardales en declaraciones escritas a este diario.

“Negamos categóricamente cualquier insinuación de lo contrario”, afirmó.

Asimismo dijo que “esta administración siempre estará en la mejor disposición y compromiso de cooperar con toda investigación que lleve a esclarecer cualquier asunto que atente contra la ley y el orden”.