Legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP) ven como oportunismo político la intención detrás de un proyecto cameral de anticorrupción pública que se aprobó la semana pasada en ese cuerpo legislativo y que busca sustituir la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) y crear una nueva entidad para investigar y procesar los casos de cuello blanco en la isla.

Las expresiones de rechazo llegaron ayer por parte de los representantes por acumulación del PNP, José Enrique “Quiquito” Meléndez y Lourdes Ramos, quienes acusaron a la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara Baja de “intentar obstruir” mediante legislación los casos sometidos por la OPFEI contra los alcaldes populares de Mayagüez, José “Guillito” Rodríguez; Ponce, Luis Irizarry Pabón y Arecibo, Carlos Ramírez Irizarry.

“Es llamativo y altamente irresponsable que cosas como estas estén ocurriendo... hay que manejar con cuidado este tema porque tiene implicaciones severas y directas a los casos y cargos ya radicados... pudiera tener el efecto de que los crímenes por corrupción imputados queden impunes”, sostuvo Meléndez al reiterar que los proyectos en discusión se aprobaron días después de que se encontrara causa para arresto contra el alcalde de Ponce, se llevara la vista preliminar contra el alcalde de Mayagüez y posterior a que se asignara un FEI al jefe de ayuntamiento de Arecibo.

La medida en controversia -y que fue aprobada a viva voz la semana pasada en la Cámara de Representantes- es el Proyecto de la Cámara 1701, que en un inicio también buscaba eliminar la Oficina del Inspector General. Este proyecto también establece que la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) sea redirigida hacia la educación y prevención de actos de malversación de fondos públicos. Cabe destacar que también se avaló el Proyecto de la Cámara 1072 que propone la creación de un nuevo Código Anticorrupción.

El autor principal de los proyectos de ley -que ahora pasarían al cedazo del Senado- es el legislador de la Pava, Héctor Ferrer Santiago, quien durante el debate que se dio en el hemiciclo, previo a la aprobación de las medidas, destacó que en 2023 la OPFEI sólo ha logrado una decena de determinaciones de causa para arresto, en las más de 75 denuncias que han incoado.

“Esto representa un ínfimo 13%”, subrayó el legislador popular que agregó a su discurso que cuando “una entidad no sirve al país de forma adecuada, se convierte en un refugio para la batatería política, la arbitrariedad, la injusticia, el atropello, pero sobre todo, el abuso de poder”.

Por su parte, el también representante popular Jesús Manuel Ortiz ha dicho que apoya el proyecto, principalmente, por el gasto público que supone la dependencia que ha recibido casi $16 millones en 10 años, de los cuales $10 millones han sido para la contratación de fiscales. “El gasto del gobierno es más alto que el dinero que se recuperó”, dijo Ortiz recientemente a Primera Hora.

Este diario preguntó a Meléndez y a Ramos qué nota le darían a las gestiones realizadas por la OPFEI considerando, precisamente, el mar de críticas que han surgido a sus gestiones, las cuales son similares a las expresadas por el representante Ferrer y Ortiz.

“No hay legislación perfecta y siempre hay espacio para mejorar a la OPFEI y capacitar a fiscales, pero eso no implica eliminar de golpe y porrazo a la oficina. Las estadísticas ahora mismo dicen que hay 1,669 convicciones desde que se fundó y hay 98 casos en los que no se ha logrado convicción. Mientras, hay 29 casos pendientes. En total, son 1,796 los cargos presentados. Las estadísticas nos dicen que esto es una B alta, casi una A porque tienen un 89% en convicciones. Claro que quisiéramos que fuera un 100% y hay manera de mejorar ese asunto, pero no es eliminando la oficina porque hay intereses políticos de por medio”, puntualizó Meléndez.

Ramos por su parte, insistió en que la visión de los legisladores del PPD por eliminar a la OPFEI “de casualidad es cuando casi todos esos individuos que están siendo investigados forman parte del Partido Popular”.

“Es difícil uno señalar y votar a favor para que expulsen a una persona de nuestro propio partido y en la pasada Cámara expulsamos a dos penepés y le pedimos la renuncia a dos más. En total, son cuatro personas que le fallaron al pueblo y que no son parte del gobierno de Puerto Rico. A mí me encantaría ver una acción como esta en el Partido Popular y que digan: ‘aquí hay cero tolerancia a la corrupción’. Pero que actúen de la misma manera. Los líderes del Partido Popular deben rechazar ese proyecto y demostrarle al pueblo que venga de donde venga la corrupción no será tolerable y la persona será procesada y encausada”, sentenció Ramos.

Los legisladores de la Palma recordaron que la OPFEI proviene del interés de contar con una figura independiente a la Rama Ejecutiva para realizar investigaciones a oficiales electos. La oficina tiene su génesis en el escándalo conocido como ‘Watergate’, que le costó la presidencia a Richard Nixon en el 1973 y llevó a muchos de sus principales asesores a prisión.

“Esta no es la primera ocasión que el PPD intenta eliminar la OPFEI, en el 2013 la delegación de la Pava en el Senado radicó el Proyecto del Senado 691 a esos fines, sin embargo, el entonces titular de Justicia, César Miranda, rechazó la propuesta”, acotó Meléndez.

El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente se creó por virtud de la Ley 2 del 23 de febrero de 1988 y comenzó a operar ese mismo año con un panel integrado por tres miembros en propiedad y dos alternos.

Según se desprende de la página de la OPFEI en términos porcentuales la mayor parte de los cargos han sido presentados contra alcaldes y exalcaldes (29%); legisladores y exlegisladores (21%); diversos funcionarios de otros niveles (18%); le siguen los cargos contra coautores (15%); jefes y exjefes de agencia (13%); y jueces y exjueces (4%).