Líderes feministas de Matria, Taller Salud y Profamilias advirtieron hoy que cuatro de los cinco proyectos sobre el aborto que están bajo evaluación en la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes violentan el derecho a la intimidad, afectan el acceso de las mujeres a la salud reproductiva, las hacen más vulnerables a la violencia machista y las condenan a la pobreza.

Igual que los Departamentos de Justicia y de Salud, las feministas respaldaron únicamente el Proyecto de la Cámara 1403, que busca ratificar, defender y codificar mediante ley el aborto reconocido al amparo del derecho a la intimidad salvaguardado en la Constitución de Puerto Rico. Calificaron el aborto como un servicio de salud esencial.

En el tercer día de vistas públicas, la directora ejecutiva de Matria, Amárilis Pagán Jiménez, la directora ejecutiva de Taller Salud, Tania Rosario Méndez y la asesora legal de la Asociación Pro Bienestar de la Familia (Profamilias), Frances Collazo Cáceres, objetaron el Proyecto del Senado 693, que propone restringir el aborto después de las 22 semanas de gestación; el Proyecto de la Cámara 1084, que prohíbe el aborto luego de la detección del latido fetal; el Proyecto de la Cámara 1410, que propone realizar un referéndum sobre el tema del aborto y el Proyecto de la Cámara 715, que define el concepto del concebido no nacido.

“Estos cuatro proyectos pretenden quitar de las manos de las mujeres el poder de tomar decisiones sobre sus cuerpos y no proponen alternativas reales que eviten el sufrimiento y la pobreza que acompañan las maternidades no deseadas o no viables”, sostuvo la portavoz del grupo Matria, quien subrayó que las mujeres “de nuestro país, siguen siendo las olvidadas del sistema”.

“Llevamos casi dos décadas atestiguando el impacto emocional, físico, económico y social de ser madres en un país donde no hay sistemas de apoyo para estas. Sabemos y lo hemos escuchado de nuestras participantes que en Puerto Rico no hay educación sexual accesible para las niñas y mujeres. Sin educación tampoco hay un acceso real a métodos de planificación familiar”, declaró Pagán Jiménez, quien es una de las integrantes del Comité PARE, creado por el gobernador Pedro Pierluisi en enero de 2021 al decretar un estado de emergencia por la violencia de género.

La abogada presentó un perfil que resalta que un 68% de las familias lideradas por mujeres viven bajo el umbral de pobreza; las que son el único ingreso del hogar y trabajan a salario mínimo, ganan menos de $1,400 netos mensuales y, en julio pasado, la tasa de participación laboral de las mujeres en Puerto Rico, fue de 34.7% versus un 50% de los hombres. Como parte del cuadro, más de un 20% de las mujeres mayores de 25 años carecen de un grado de escuela superior y más de un 70% carece de bachillerato, mientras, el 5 de septiembre de este año el Observatorio de Equidad de Género tenía registrados 46 feminicidios.

Pagán Jiménez sostuvo que los cuatro proyectos antiaborto “responden a los intereses de un sector conservador que insiste en mantener control sobre los cuerpos y vidas de las mujeres, ignoran otras estrategias de prevención de embarazos, olvidan que los derechos sexuales y reproductivos también son derechos humanos, condenan a las mujeres a la pobreza y aumentan su vulnerabilidad frente a la violencia”.

Se expresó a favor del PC 1403 porque “es el único proyecto bajo consideración que defiende la vida” y reconoce que “el tomar decisiones sobre su propio cuerpo es parte fundamental de la autonomía, dignidad y del ejercicio de la intimidad de una persona y sus fundamentos están basados en una ética de respeto a la vida de las mujeres como personas y sujetas de derechos”.

Rosario Méndez, de Taller Salud, puntualizó que “el marco de legalidad y regulación existente le ha permitido a nuestro país cero mortalidad materna con respecto a los procedimientos de aborto”.

Dijo que el problema persistente con respecto al aborto en Puerto Rico, es uno de acceso a nivel económico, ya que no cuenta con cobertura de planes médicos. También aludió al acceso geográfico, pues destacó que actualmente todas las clínicas de terminación de embarazo están en el área metropolitana de San Juan.

“A modo de ejemplo, una mujer de Vieques debe tomar el ferry y de Ceiba a San Juan, recorrer al menos 78 kilómetros para llegar a una clínica de terminación de embarazos. Desde Hormigueros, debe recorrer al menos 174 kilómetros, desde Adjuntas 123 kilómetros y desde Loíza al menos 28 kilómetros”, dramatizó.

La salubrista agregó que cambiar el alcance del derecho a la intimidad con respecto a las decisiones reproductivas “en nada beneficiará” a las más de 630 mil mujeres en edad reproductiva en Puerto Rico.

Collazo Cáceres, asesora legal de Profamilias dijo que la organización brinda servicios a comunidades de escasos recursos, a mujeres en edad reproductiva y jóvenes. Añadió que a través de la clínica IELLA, uno de los cuatro centros certificados por el Departamento de Salud para terminaciones de embarazo en el país, ofrecen servicios médicos y de ginecología, que incluyen el aborto, consejería en opciones, pre-aborto y de anticoncepción a bajo costo. Estimó que un aborto en Puerto Rico tiene un costo de entre $250.00 a $550.00.

Dijo que no más del 5% de las pacientes que van a la clínica en estado de embarazo dentro del primer trimestre, eligen no hacerse el aborto y agregó que en más del 95% las mujeres “están decididas”. Sostuvo también el 97% de las terminaciones de embarazo se llevan a cabo en el primer trimestre, o 12 semanas, de gestación.

A preguntas del presidente de la comisión legislativa, Orlando Aponte Rosario, la abogada dijo que la clínica IELLA realiza alrededor de mil abortos al año.

“Quiero clarificar que el aborto efectuado en las clínicas seguras tiene unas complicaciones de 0.05%, por lo que es un procedimiento de salud que, por estar regulado y porque se hace con personal adiestrado, no presenta mayormente complicaciones y es totalmente ambulatorio”, agregó Collazo Cáceres.

Las vistas continuarán el jueves 15 de septiembre. Entre los citados están, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres y el Colegio de Abogados y Abogadas.