El Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico (MAMPR) exigió a la administración de Alejandro García Padilla un plan nacional que garantice los derechos reproductivos en la Isla con motivo de la conmemoración del 42 aniversario del caso de Roe versus Wade, el cual dio paso a la legalización del aborto en Estados Unidos.

De paso, reiteraron en comunicado de prensa, el cual está firmado por la abogada Mariana G. Iriarte Mastronardo, la posición de la organización a favor del derecho de todas las mujeres a decidir sobre su capacidad reproductiva. 

“En Puerto Rico, al igual que en Estados Unidos, el derecho de una mujer a optar por métodos anticonceptivos y de planificación familiar, incluyendo la terminación de un embarazo no deseado, tiene rango constitucional.  A pesar de ello, las mujeres enfrentan diversas barreras para lograr el acceso a información y servicios en el ámbito de la salud sexual y reproductiva.  Entre las principales se encuentran la desinformación y la escasez de recursos para acceder a este servicio de salud, en su gran mayoría provocada por la poca o ninguna voluntad política del gobierno de proveer estos servicios gratuitos, informar y educar en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos”, se indicó en las declaraciones escritas.

Alegaron que “la desinformación promovida por el Gobierno que se niega a eliminar delitos sobre aborto del Código Penal, pese a que el Tribunal Supremo de Puerto Rico y Estados Unidos lo reconoció, hace 40 años, como un derecho constitucional de las mujeres decidir sobre la terminación de un embarazo no deseado”, ha provocado que una de cada tres mujeres entrevistadas por los grupos Saludpromujer y Taller Salud consideren que el aborto es un delito o tienen dudas sobre la legalidad de este proceso. Por tal razón, exigieron que la administración actual promueva un cambio.

“Según organismos de derechos humanos, tales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el derecho de las mujeres de acceso a la información en materia reproductiva hace surgir una obligación a cargo del Estado, debido al reconocimiento de las limitaciones que suelen tener las mujeres, particularmente las mujeres de escasos recursos, para acceder a información confiable, completa, oportuna y accesible, que les permita ejercer sus derechos o satisfacer sus necesidades. Es por ello que recalcaron la necesidad imperativa de un plan nacional integral que atienda las limitaciones en cuanto acceso que enfrentan las mujeres en materia de derechos sexuales y reproductivos como así también la eliminación del aborto como conductas tipificadas como delitos en el Código Penal, de manera que sea cónsono con la realidad jurídica y práctica de Puerto Rico hace más de 40 años”, solicitó el grupo feminista.

El caso Roe versus Wade culminó con la legalización del aborto en los Estados Unidos, tras una decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos emitida el 22 de enero de 1973. El caso, sometido en el 1970, reconocía el derecho al aborto de Jane Roe, nombre ficticio para proteger a Norma McCorvey, una veinteañera de Dallas que alegó haber sido violada. Para aquel entonces, Texas estaba entre los estados que entonces condenaban con hasta cinco años de prisión a la mujer que abortara. La mujer dio a su hijo en adopción, tras no poder abortar.

Las abogadas Sarah Weddington y Linda Coffee, en aquel entonces recién graduadas de la Facultad de Leyes de la Universidad de Texas, fueron las que llevaron el caso.