El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) informó hoy que refirió a la Oficina de Ética Gubernamental el lío de los suministros que fueron encontrados en un almacén de Ponce en enero del 2020.

Se indicó que en el ámbito penal los fiscales Manuel E. Núñez Corrada y Emilio E. Arril García no encontraron suficiente prueba para someter imputaciones criminales.

El excomisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead), Carlos Acevedo, así como los funcionarios Joel Figueroa Betancourt, Evelyn Cumba y Luis G. Cruz pasarán a la jurisdicción administrativa de Ética Gubernamental, mencionó el PFEI en un comunicado de prensa.

El caso se remonta a una investigación preliminar del Departamento de Justicia que apuntaba a que los funcionarios pudieron haber incurrido en violaciones al Artículo 261 del Código Penal (influencia indebida) y el Artículo 4.2 de la ley orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental. El PFEI explicó que la prueba recopilada por Justicia señalaba la pérdida o daño a la propiedad pública en los almacenes de suministros, como consecuencia del incumplimiento de las funciones por parte de los funcionarios.

Contra Acevedo se señalaba que este sabía lo que estaba ocurriendo en el almacén, que ejercía actos de custodia y que tomaba decisiones sobre qué se distribuía, agregó el PFEI.

La agencia también sostuvo que los fiscales ampliaron su investigación para indagar los posibles delitos de omisión en el cumplimiento del deber y negligencia en el cumplimiento del deber, pero que sin embargo, tampoco hallaron prueba suficiente.

“No hay prueba de que las personas referidas actuaron con la intención o finalidad específica de que los suministros en el almacén se dañaran”, expresa el informe de los fiscales, según el PFEI.

Además, se mencionó que los fiscales encontraron evidencia que desde que Nmead asumió el control del almacén, hubo operativos de limpieza y organización del mismo, y que los suministros se almacenan y no se usan si no hay una emergencia, por lo tanto, los artículos expirados no se les pueden adjudicar a los funcionarios referidos.

Por otro lado, el PFEI señaló que al testimonio de Acevedo ante la Cámara de Representantes sobre este caso se le adjudicó total credibilidad. “Con esta prueba exculpatoria, es imponible sostener alegados cargos criminales por perjurio”, sostuvieron los fiscales, de acuerdo al PFEI.

El hallazgo de los suministros en un almacén en La Guancha, en Ponce, ocurrió después de los terremotos de enero del 2020 y provocó gran indignación en la Isla. Los artículos estaban allí desde el huracán María, que pasó por Puerto Rico en septiembre del 2017. Ciudadanos lamentaron que los artículos servibles no fueron repartidos a los damnificados por los temblores en el sur.