El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) informó hoy asignó un Fiscal Especial Independiente (FEI) para investigar a la presidenta del Negociado de Telecomunicaciones, Sandra Torres López, y a su asesora Katherine Erazo García, por la posible comisión delitos.

La determinación del PFEI surgió luego de evaluar un informe preliminar sometido por la secretaria interina del Departamento de Justicia, Inés Carrau Martínez, y suscrito por la directora de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor, Phoebe Isales Forsythe, y la fiscal auxiliar Teresita Morales Arteaga.

El PFEI indicó que el informe preliminar señala que durante horas laborables Torres López le solicitó al señor Exel López Vélez que organizara una actividad de recaudación de fondos para la campaña de reelección del entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

Además, se alega que lo instruyó a que vendiera las taquillas de dicha actividad entre los empleados de confianza del Negociado de Telecomunicaciones, las empresas reguladas por la entidad, así como contratistas.

La pesquisa señala que López Vélez se comunicó con los funcionarios y contratistas con dicho propósito. También que, como resultado de la investigación de Justicia, se incluyó una declaración bajo juramento que el individuo presentó ante esa agencia.

Por otro lado, López Vélez relató que también había presentado varias quejas contra la presidenta ante el Tribunal Supremo, la Secretaría de la Gobernación, la Oficina de Ética Gubernamental y el Negociado Federal de Investigaciones (FBI).

De acuerdo a expresiones de López Vélez, en las instalaciones del Negociado de Telecomunicaciones y durante horas laborales, Erazo García les comunicó a él y a Torres López que Rosselló Nevares había ordenado a cada una de las agencias de la rama ejecutiva recaudar fondos para su campaña de reelección. En ese momento, se alega que Torres López expresó que el Negociado de Telecomunicaciones iba a colaborar.

El PFEI agregó que de la investigación de Justicia surgieron otras irregularidades atribuibles a Torres López, como el uso de un vehículo oficial y chofer para asistir a reuniones de índole político partidista, y otras actuaciones relacionadas con la compra y pagos de servicios.

Se indicó que las infracciones de ley que se argumentan como violaciones son tanto al Código Penal de Puerto Rico y varias disposiciones de la Ley de Ética Gubernamental, en el ámbito penal.

El PFEI designó al licenciado Ramón Mendoza Rosario como fiscal especial independiente y al licenciado Miguel Colón Ortiz como fiscal delegado. Tendrán 90 días para llevar a cabo la pesquisa.