Los fiscales especiales, Ramón Mendoza e Iris Meléndez, que tienen a su cargo el referido contra el exjuez y expresidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Rafael Ramos Sáenz, solicitaron al Panel de Exjueces del Fiscal Especial Independiente (PFEI), una extensión de 40 días para la pesquisa.

“Durante el curso de la investigación de este asunto, han surgido nuevos elementos que apuntan a que otros funcionarios públicos pudieron haber incurrido en actos indebidos o constitutivos de delito”, dice la resolución del PFEI.

Los fiscales tenían un término original de 90 días para hacer la investigación, pero ante la nueva prueba surgida, el Panel del FEI les otorgó los 40 días adicionales para que amplíen la pesquisa. Ahora tienen hasta el 24 de septiembre para completar la investigación.

En la resolución del PFEI no se mencionan nombres de los otros funcionarios que pudieron haber cometido delitos ni su participación en las conversaciones en los chats “Coffee Break” y “Estructura Gerencial”, que le costaron la suspensión de la judicatura a Ramos Sáenz,  así como su salida de la CEE. 

Sin embargo, el pasado mes de mayo cuando la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez refirió al PFEI a Ramos Saénz, también refirió a cinco altos funcionarios del Ejecutivo, que también salieron de sus puestos por el escándalo.

El mismo día el gobernador Rosselló pidió las renuncias de su otrora mano derecha y secretario de la Gobernación, William Villafañe, la sub secretaria Itza García, excoordinadora del programa de gobierno de Rosselló y creadora de los grupos en WhatsApp y la jefa de la Administración para el Sustento de Menores, Waleska Maldonado. Luego dejaron sus cargos, la directora de Transformación y Eficiencia de la Oficina del Gobernador, Yesenia Díaz y el subadministrador de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Yoniel Arroyo.

Contra los funcionarios de La Fortaleza existe causa suficiente sobre la posible violación al artículo 192 (influencia indebida) y posible violación de las disposiciones del Código Electoral, explicó al anunciar los referidos la titular de Justicia.

En el caso de García, la secretaria detalló que pudo haber cometido perjurio y además, dijo que la jefa de los fiscales, Olga Castellón, sometió otro referido en su contra en un sobre sellado, tanto al PFEI como a las autoridades federales, porque dijo que la abogada trató de intimidarla a ella con la investigación. En torno a este incidente podría enfrentar cargos por obstrucción a la justicia, intervención indebida e intento de intimidación a la Secretaria de Justicia.

Sólo en el caso de Ramos Sáenz, la Secretaria recomendó la designación de un FEI por posibles delitos de enriquecimiento ilícito, aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos, influencia indebida, malversación de fondos públicos y varios artículos del Código Electoral. Añadió que los demás no eran altos funcionarios del gobierno al momento de los hechos.

El chateo fue develado el 5 de febrero pasado por el senador popular Aníbal José Torres y también fue objeto de investigaciones en la CEE y la Administración de los Tribunales, que también confirmó que en octubre de 2016, mientras Ramos Sáenz fungía como juez presidente de la Junta de Inscripción Permanente de Moca, intercambió con el equipo electoral de Rosselló una decisión judicial en torno al voto encamado.

Unos 15 abogados, que participaron en el chateo, también fueron referidos al Tribunal Supremo, por posibles violaciones a los cánones de ética judicial.