El Inspector General del Departamento de la Vivienda de los Estados Unidos (HUD, en inglés) se encuentra “solicitando información” respecto a las operaciones que se realizan desde la organización sin fines de lucro Foundation for Puerto Rico con dinero federal concedido al Departamento de la Vivienda local, reveló este martes el secretario Luis Fernández, durante las vistas de transición.

No obstante, la presidenta de la fundación, Annie Mayol, alegó que es otra dependencia de HUD quien les hizo la petición de información, no el Inspector General. Dijo que se trata del Centro de Cumplimiento Departamental de HUD.

Foundation for Puerto Rico se fundó en el 2011 para “crear oportunidades que impulsan el desarrollo social y económico en Puerto Rico, con un enfoque en la economía del visitante y transformando la Isla en un destino global”, según indica su página cibernética.

La organización, según detalló Fernández, ha recibido hasta el momento $900,000 para gastos administrativos, pero todavía no ha realizado ningún proyecto.

“La entidad todavía no ha comenzado con el desarrollo de los programas”, señaló.

Fernández no estipuló las razones, pero aceptó que el inspector General ha requerido información -tanto a Vivienda como a la propia organización- sobre fuentes de gastos administrativos, personal de la entidad, presupuesto, plan de acción creado y procesos de subastas para su selección, entre otras cosas.

De inmediato, expuso que a Foundation for Puerto Rico se le ha asignado para sus proyectos $37.5 millones del programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la Recuperación ante Desastres (CDBG DR). Sin embargo, este dinero no se ha desembolsado.

“Sencillamente, no ha habido distribución de dinero a esta entidad”, expuso.

El titular también dijo que “no quiero usar el calificativo” investigación, cuando se le cuestionó si se trataba de una investigación criminal. Reiteró que se trata de petición de información.

En declaraciones escritas, la presidenta de Foundation for Puerto Rico, Annie Mayol, aceptó que se había emitido la solicitud de información hacia la organización, la cual administra el Programa de Planificación Integral para la Resiliencia Comunitaria (WCRP) desde fines del 2018. Pero, dijo que los datos provistos por Fernández eran “imprecisos”.

En primera instancia, dijo que la organización “nunca ha tenido señalamientos por parte del gobierno federal relacionados al manejo de los fondos asignados al Programa”.

No empero, expresó que “el pasado jueves, 12 de noviembre, Foundation for Puerto Rico recibió por parte del Departamento de la Vivienda local una a comunicación en la que nos informaba sobre una solicitud de información del Centro de Cumplimiento Departamental del Departamento de la Vivienda federal (HUD, por sus siglas en inglés)- no de la Oficina del Inspector General (OIG, por sus siglas en inglés)- en relación con el Programa WCRP. Cabe recalcar que dicha petición responde a una evaluación que realizará esta División, la cual pertenece a la Oficina del Asesor Legal de HUD, con respecto a la administración del Programa por parte del Departamento de Vivienda local. Esta petición es parte de los procesos rutinarios que se llevan a cabo para asegurar el buen uso y manejo de fondos federales”.

Mayol indicó que han trabajado junto a otros organizaciones para promover programas de “resiliencia en las comunidad más vulnerables”.

“Desafortunadamente, hemos estado tratando de hacer el lanzamiento oficial del programa desde finales del pasado año, pero nos hemos visto limitados esperando por la aprobación del Departamento de la Vivienda a los documentos necesarios para que las comunidades puedan acceder los fondos para poder hacer sus planes de resiliencia. El equipo de WCRP de FPR entregó el borrador final de estos documentos al Departamento de la Vivienda para aprobación en julio de 2020”, afirmó Mayol.

Por otro lado, durante la vista de transición, el secretario de la Vivienda reveló que hizo un referido a las autoridades federales. No obstante, no quiso dar detalles sobre lo que se trataba.

A la prensa, aceptó que estaba relacionado a la administración de Fernando Gil Enseñat, quien salió del cargo en febrero de este año.

Fernández no dio detalles de las irregularidades que detectó.

El presidente del comité de transición del gobernador electo Pedro Pierluisi, Ramón Luis Rivera Cruz, indicó que ha solicitado toda la información relacionada al referido.