La Federación y Asociación de Maestros describieron hoy a la Comisión de Educación, Turismo y Cultura del Senado cómo el cierre de escuelas públicas, que se intensificó bajo la incumbencia de la ex secretaria de Educación, Julia Keleher, afectó emocionalmente a estudiantes y maestros.

“Es inmensurable cómo esto afectó a los estudiantes. Eso es un crimen y es un crimen que la señora Julia Keleher jamás va a pagar. La acusan por otros casos de corrupción, pero aquí se cerró el 34 por ciento de las escuelas en dos años y por ese crimen, avalado por el gobernador Ricardo Rosselló, nunca van a pagar. El daño a nuestros niños y niñas todavía se siente”, expresó la presidenta de la Federación de Maestros, Mercedes Martínez en las vistas públicas sobre la resolución de investigación del Senado en torno al uso y estado de todas las escuelas cerradas entre enero de 2011 y enero de 2021.

Entre las escuelas cerradas, la Presidenta de la Federación de Maestros destacó la Lorencita Ramírez de Arellano en Toa Baja, que tenía el único teatro a nivel elemental. “Allí está ese teatro cerrado que le costó al erario cerca de $800 mil…, esos niños estuvieron deprimidos, llorando. Nosotros tenemos mucha documentación de testimonios de los estudiantes, de lo que vivieron, la depresión, la baja de notas”, relató Martínez.

Aludió también a la escuela Felipe Quiñones, en el barrio Barreal, en Peñuelas. “La escuela más cercana, porque es una zona montañosa, quedaba a 14 kilómetros y lo recuerdo porque estuvimos allí. En 2017 no la lograron cerrar y en 2018, Keleher la cerró. Esos niños se quedaron sin transporte escolar en una comunidad remota. Lo mismo ocurrió en Cayey”, detalló la líder sindical.

“No fue suficiente a ambas administraciones (de los ex gobernadores Alejandro García Padilla y Ricardo Rosselló) y a la Junta de Control Fiscal el promover estos cierres, sino que se desligaron totalmente del proceso una vez culminado, obteniendo como resultado que alrededor de la Isla haya cientos de escuelas en estado de abandono, deterioro y convirtiéndose en estorbos públicos”, sostuvo Martínez.

El presidente de la Asociación de Maestros, Víctor Bonilla Sánchez dijo por su parte, que el cierre masivo de escuelas pone de relieve el impacto en más de 600 comunidades escolares, 8 mil docentes desplazados, en la estabilidad emocional de 58,606 estudiantes desplazados y sus familias, de los cuales, 2,616 atravesaron más de un cierre de escuelas.

Recordó que en julio de 2018, la Asociación presentó una querella contra el Departamento de Educación ante la Comisión de Derechos Civiles , que concluyó que la agencia lesionó el derecho a la educación de los niños. Dijo que el proceso causó dolor, sufrimiento, angustia, incertidumbre y frustración.

“Fue masacre educativa y una masacre emocional”, sostuvo al comparar el proceso cuando se extrae a un hijo de un hogar para llevarlo a otra casa.

Bonilla Sánchez indicó que más allá de responder a medidas de control fiscal, el cierre de escuelas “fue una componenda para desarticular un sistema educativo que seguía un modelo con variaciones en el tiempo, desde su fundación en 1900”.

En la vista pública varios alcaldes populares reclamaron que el Departamento de Educación les traspase la titularidad de las escuelas cerradas para evitar que las estructuras abandonadas se conviertan en estorbos públicos.

“El ejemplo de Loíza es claro: las escuelas cerradas han provisto una nueva y valiosa infraestructura en la forma de sedes para los servicios municipales y estatales, así como para iniciativas comunitarias, fomentando el desarrollo en todos los ángulos y evitándose que estas estructuras se abandonen y representen un peligro para la salud y seguridad del pueblo”, dijo la alcaldesa de dicho municipio, Julia Nazario Fuentes.

También, el alcalde de Vega Baja, Marcos Cruz Molina solicitó que las escuelas cerradas en el municipio les sean cedidas, traspasadas o transferidas. “Nuestra intención es transformar su uso en uno social, desarrollar proyectos resilientes y/o programas con instituciones sin fines de lucro”, dijo para agregar que la transferencia de estos inmuebles debe ser libre de costos, a perpetuidad y que luego de su otorgamiento no surjan cambios que trastoquen su uso.

El director ejecutivo de la Asociación de Alcaldes, Nelson Torres Yordán abogó por el traspaso de las escuelas en desuso a los gobiernos municipales. Dijo que ya hay municipios administrando algunos de estos planteles, pero no pudo precisar cuántos.

“El principal uso de los fondos que se generen aquí debe ser para las escuelas del sur (afectadas por los terremotos), sostuvo Torres Yordán, ex alcalde de Guayanilla.