El posible fraude de entre 10,000 a 15,000 empleados públicos por sospecha de solicitar ilegal del beneficio de Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA), es investigado por las autoridades locales en colaboración con el Buró Federal de Investigaciones (FBI), confirmó la secretaria interina del Departamento de Justicia, Inés del C. Carrau Martínez, quien aprovechó para advertir que algunos delitos de este tipo de crimen podrían exceder los 15 años de cárcel.

En entrevista con Primera Hora, la secretaria interina indicó que, actualmente, hay un equipo de fiscales manejando los casos en coordinación con las pesquisas que llevan a cabo agentes del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) -encargados de los casos por tratarse de la posible comisión de delitos de funcionarios públicos- y personal de la División de Robos a Bancos del Cuerpo de Investigaciones Criminales del Negociado de la Policía.

“Hemos hecho un grupo de trabajo y estamos conversando también con el FBI para que colaboren en las investigaciones”, detalló al agregar que el pasado viernes hubo una reunión para trabajar la logística a seguir en estos casos y en la que participaron funcionarios de Justicia, la Policía, el NIE y los fiscales de la División de Delitos Económicos. En cada una de las 13 regiones hay un fiscal asignado a los casos de PUA, agregó.

El posible fraude de miles de empleados públicos trascendió ayer a través de varios medios de comunicación y la información fue validada por el secretario del Departamento el Trabajo, Carlos Rivera Santiago.

“Por lo menos, en el caso de empleados públicos, podemos hablar sobre 10,000. Es una cantidad bien grande”, dijo el funcionario en entrevista con WKAQ 580 al recordar que los empleados públicos que no han perdido su empleo y siguen cobrando de la nómina del gobierno no clasifican para el PUA, aunque hayan tenido un trabajo a tiempo parcial o se haya afectado un negocio que tenían como ingreso adicional.

Carrau Martínez dijo que, aunque preliminarmente se mencionan entre 10,000 a 15,000 servidores públicos involucrados en posibles fraudes, esta cifra pudiera disminuir.

“Ese listado que nos provee el Departamento del Trabajo hay que depurarlo porque pudiera haber personas que ya no son empleados públicos porque renunciaron o se quedaron sin trabajo… probablemente en vez de 15,000 sean menos. Pero tenemos que investigarlo”, expresó.

Dijo que fue el personal del Departamento del Trabajo el que trajo la preocupación de miles de solicitudes realizadas por empleados de gobierno, quienes no cualificarían para el beneficio de PUA pues a nivel gubernamental no han surgido despidos o cesantías a causa de la pandemia.

“Nos traen la preocupación y ahí es que traemos al NIE”, dijo sobre la división que cuenta con 50 agentes, pero no todos están participando de las pesquisas relacionadas al PUA.

A preguntas de Primera Hora, la secretaria interina de Justicia dijo estar consciente de que hay poco personal para atender las miles de investigaciones, pero señaló que habrá tiempo para realizar las pesquisas pues algunos posibles delitos no prescriben y otros vencen en cinco años.

“Entiendo la preocupación porque son muchos los casos sospechosos de cometer fraude y pocos los recursos humanos para investigarlos. Pero algunos delitos no prescriben y otros prescriben en cinco años y tenemos tiempo para investigar estas acciones”, expresó.

Aprovechó para exhortar a posibles empleados públicos involucrados en el fraude a que cooperen con las autoridades y de esta forma minimizar las consecuencias legales que tendrán.

“Nuestro llamado a todo aquel que obtuvo estos beneficios de manera fraudulenta es que devuelvan el dinero. Esto no quiere decir que el delito no se haya cometido, pero puede ser un atenuante al radicar el caso”, explicó.

Recordó que algunos de los delitos criminales que se le pudieran imputar a personas vinculadas en fraudes al programa de desempleo conllevan extensas penas de cárcel.

“Por ejemplo, por apropiación ilegal de bienes públicos son 15 años de cárcel; por fraude son ocho años de prisión y por falsificar licencias son tres años”, explicó.

“El catálogo de delitos que se pueden cometer cuando solicitas ilegalmente los fondos PUA varían”, agregó.

Al momento, Justicia ha radicado cargos contra 11 de 67 personas intervenidas por la policía entre julio y septiembre cuando intentaban cambiar cheques del PUA en instituciones bancarias.

“La semana pasada se radicaron 8 casos. En todos se encontró causa probable para arrestos. Para esta semana tenemos casos preparados para radicar. Hemos estado investigando y radicando conforme van llegando los referidos y querellas”, dijo Carrau Martínez.

De otra parte, la funcionaria expresó que al momento “no hay certeza” de que se esté cometiendo fraude con el programa PUA desde las cárceles, como implicó el secretario del Departamento del Trabajo, en una entrevista radial en la que incluso mencionó el nombre de Jensen Medina Cardona, acusado del asesinato de Arellys Mercado en una marina en Fajardo en agosto de 2019.

“No hay certeza de que esta persona (Medina Cardona) haya solicitado y recibido beneficios del PUA… (de hecho), no hay certeza que desde las cárceles u otro lugar los confinados estén solicitando beneficios”, aclaró Carrau Martínez al explicar que la información está bajo investigación.

Mientras, sobre el aparente vínculo de estudiantes del Colegio San Ignacio de Loyola en un esquema de fraude, también con el programa PUA, la funcionaria dijo que no haría comentarios.

“Estamos investigando pero no se puede dar información… nos cobija la confidencialidad en todos los casos de menores, pero sí se está investigando”, sostuvo.

Hasta el momento el Departamento del Trabajo ha recuperado $12.5 millones, mientras que la agencia ha entregado sobre $5,000 millones en asistencia del PUA, desempleo y otros beneficios.