El Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) arrestó esta madrugada a la representante María Milagros “Tata” Charbonier y a miembros de su familia.

En conferencia de prensa hoy el fiscal federal Stephen Muldrow dijo que los cargos contra los cuatro acusados son conspiración para robar, robo de fondos federales, sobornos mediante“kickbacks”, lavado de dinero y fraude electrónico a servicios honestos.

Además, Charbonier enfrenta un cargo por obstrucción a la justicia porque cuando se le solicitó su teléfono celular mediante una orden de allanamiento, la legisladora novoprogresista borró sus mensajes, incluyendo las comunicaciones por WhatsApp.

Junto a la legisladora, fueron acusados su esposo Orlando Montes Rivera, a su hijo Orlando Gabriel Montes Charbonier, y una asesora de nombre Frances Acevedo Ceballos.

La acusación del gran jurado federal es del 7 de agosto, pero Muldrow explicó que, conforme unas guías del Departamento de Justicia de Estados Unidos exhorta que a ser “sensitivo” en ciertos casos, “no hemos hecho nada para influir de forma incorrecta en una elecciones, y hemos esperado hasta hoy, después de las primarias, para arrestar, para proteger el proceso de la primaria”.

Según se alega en el pliego acusatorio, Charbonier infló a principios de 2017 el salario de una ayudante de apellido Acevedo, de $800 quincenales a hasta $2,900, pero tenía que pagarle de ese dinero, entre $1,000 a $1,500 a Charbonier y su familia, un intercambio que se extendió hasta junio pasado. Estas transacciones de Acevedo a Charbonier y Montes eran en efectivo, a veces dejándole el dinero en la gaveta de la guagua de la legisladora, o a través de la aplicación ATH Móvil. Muldrow dijo que en este caso la legisladora se lucró ilícitamente de más de $100,000.

“El hijo estaba usando activamente sus cuentas bancarias”, dijo Muldrow, a preguntas de la prensa sobre cuál era la participación del hijo de Charbonier en el esquema.

Las penas a las que se enfrenta Charbonier y su familia, así como Acevedo, podrían ser de hasta 20 años de cárcel por los delitos de fraude electrónico, lavado de dinero y obstrucción a la justicia; hasta 10 años de prisión por los cargos de robo y soborno; y hasta 5 años de cárcel por el cargo de conspiración.

El FBI diligenció hoy las cuatro órdenes de arresto del caso de corrupción pública en el gobierno de Puerto Rico. Fiscales federales de la División de Integridad Pública de Washington DC asistieron a la fiscalía de Puerto Rico en este caso.

El jefe del FBI en Puerto Rico, Rafael Riviere Vázquez, dio a entender que pudo intervenir este caso porque alguien reportó este acto de corrupción y exhortó a la ciudadanía a no quedarse callado ante estos crímenes.

El agente Riviere Vázquez dijo que, cuando se le tocó la puerta de su residencia, esto fue una oportunidad para ella decidiera cooperar, lo que no ocurrió.

Muldrow dijo que los agentes federales están obligados a revelar si una persona es “objeto” de una investigación, si estos preguntan si es “target” de la pesquisa. Sin embargo, no quiso decir si la legisladora y abogada preguntó si ella era “target” u objeto de la pesquisa.

El jefe de la fiscalía federal no descartó futuros arrestos de legisladores. “Por hoy, estamos aquí para hablar de este caso”, sostuvo.

Charbonier fue derrotada ayer en primarias del Partido Nuevo Progresista (PNP), quedando al último lugar de los representantes por acumulación y hace varias semanas el FBI le había incautado su celular en un allanamiento realizado en su casa de Río Grande.

Días después del allanamiento, la legisladora fue suspendida como notaria por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, órgano que rige la abogacía en la isla y que ya se había expresado en contra de la representante. En el 2015, fue censurada por el Supremo y se le imputaron violación de cánones en el 2002.

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Charbonier tendría su vista inicial hoy mismo, en horas de la tarde ante el magistrado federal Bruce McGiverin.

Según detalla la acusación, los cuatro acusados enfrentan un cargo de conspirara para robar; tres cargos de robo de fondos federales, soborno y “kickbacks” (o recibo de comisiones ilegales); y seis cargos de fraude electrónico a servicios honestos.

Además, Charbonier, su esposo y su hijo enfrentan un cargo por lavado de dinero.

Y por último, Charbonier enfrenta un cargo adicional de obstrucción a la justicia.

Según detalla la acusación, como parte de la alegada conspiración, el grupo usaba diversos métodos para hacer llegar a la representante y su familia el dinero del soborno o comisión ilegal que salía del salario inflado de Acevedo. En ocasiones Acevedo entregaba el dinero a la mano a Montes, a Montes Charbonier, o a alguna otra persona relacionada con Charbonier. Otras veces, Acevedo transfería el dinero a una tercera persona, que luego le entregaba el dinero a Charbonier. En otras ocasiones, Acevedo transfería el dinero por ATH Móvil a Montes o a Montes Charbonier. Otro método era dejar el dinero en algún lugar preacordado, como el bolso de Charbonier, para que ella lo recogiera.

La acusación detalla decenas de trasferencias y transacciones bancarias en varios bancos, involucrando cuentas controladas por Acevedo, Charbonier, su esposo y su hijo, entre 2017 y 2020, que estarían relacionadas con el esquema.

Asimismo, la acusación contiene detalles de algunos de los mensajes de texto que habrían intercambiado Charbonier y Acevedo con relación a la entrega del dinero de los sobornos o comisiones ilegales.

En uno de esos mensajes, por ejemplo, Charbonier le da a Acevedo las siguientes instrucciones: “Y ponme en la gaveta de la guagua el sobre. Si cambiaste”.

Sobre los cargos de lavado de dinero, la acusación indica que los miembros de la familia Charbonier hacían todas esas transacciones con dinero que sabían procedía de acciones ilegales, con el propósito de ocultar o disfrazar la procedencia y naturaleza de ese dinero.

En cuanto al cargo de obstrucción a la justicia contra Charbonier, la acusación indica que para el 11 de julio de 2020 la representante tuvo conocimiento de que había una investigación del FBI en su contra. Luego, en algún momento de la mañana del 15 de julio de 2020, supo que se había emitido una orden judicial para ocupar un teléfono celular suyo. Ese mismo día, Charbonier borró del teléfono casi la totalidad del registro de llamadas, casi todos los mensajes de WhatsApp y casi todos los iMessages.

La acusación contiene además una notificación de parte de la fiscalía alertando que buscarán confiscar cualquier bien cuya adquisición se pueda vincular a este esquema ilegal, incluso si ha sido transferido a terceros.