El Colegio de Médicos Cirujanos, Intercambios Puerto Rico y un profesor de Derecho apoyaron hoy la despenalización de la marihuana, pero mostraron reservas con dos proyectos de ley dirigidos a esos fines, que evalúa la Cámara de Representantes.

Los Proyectos de la Cámara 975 y 1037 conllevan una enmienda a la Ley de Sustancias Controladas a fin de despenalizar la posesión simple de 14 gramos o menos de cannabis -dirigidas al consumo personal- con multas administrativas no criminales.

El P.C. 1037 propone que la enmienda sea aprobada por la vía legislativa y llevada ante la consideración del Ejecutivo. Mientras que el P.C. 975 dispone que la enmienda sea llevada ante la consideración del pueblo en un referéndum. Ambas medidas son de los representantes populares Orlando Rosario Aponte y Juan Santiago Nieves. En el 975 se unieron los novoprogresistas Joel Franqui Atiles y José “Che” Pérez.

“El Colegio de Médicos Cirujanos no cree en el modelo penal. La posición institucional del Colegio es promover un modelo médico sanitario. La medicina como agencia encargada de dar respuesta a esta problemática, considera que los sujetos (pacientes) no son responsables de la práctica de consumir drogas. El sujeto deja de ser un vicioso y se convierte en un enfermo y, como enfermo, no es castigado sino tratado”, esbozó en una vista pública el presidente del gremio, el doctor Víctor Ramos Otero.

Dijo el galeno que las medidas propuestas superan “parcialmente” el modelo jurídico ya que se propone que la posesión para consumo del cannabis en cantidades menores sea tratada como una falta administrativa que implique cárcel.

“Lo propuesto conforme a nuestro criterio es un primer paso para superar el modelo penal y crear alternativas salubristas para los usuarios de sustancias controladas. Sin embargo, es una propuesta tímida que se limita a la posesión para consumo de la marihuana”, indicó para agregar que las iniciativas deben ampliarse a otras sustancias controladas.

Sostuvo Ramos Otero que, por ser un asunto que requiere “atención apremiante y vinculado con la salud del pueblo”, debe tratarse por la vía legislativa y no mediante una consulta al pueblo. “En una consulta existe el riesgo de que se tergiverse la controversia y se pierda de perspectiva la urgencia y necesidad de resolver este asunto, aparte del costo millonario de otro evento electoral y del costo de una campaña que la acompañe”, indicó.

Por su parte, Carla Correa Cepeda, coordinadora del Programa de Políticas de Drogas de Intercambios Puerto Rico pidió que las medidas sean enmendadas para atender “de manera responsable” el uso personal del cannabis.

“No se tiene claro por qué 14 gramos y no se utiliza la misma medida propuesta para el cannabis medicinal (28 gramos)”, sostuvo Correa Cepeda, quien no favoreció el propuesto referéndum. “Nos preocupa que de salir el ‘Sí' favorecido ocurra lo mismo que pasó en el 2005 cuando el electorado acudió a las urnas con la esperanza de reformar la rama legislativa a través de la implementación de un sistema unicameral y a pesar de que la propuesta logró el favor del 80% de los votantes, la mayoría legislativa de ese entonces, optó por ignorar el mandato, aduciendo una baja tasa de participación electoral”, expresó.

El profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, José Antonio Maes Aponte, por su parte, dijo que la despenalización del marihuana, sin legalización “generará un aumento de la criminalidad, del narcotráfico y el fortalecimiento de una economía subterránea de venta de cannabis y sus productos derivados”.

“Nos preguntamos, dónde lícitamente una persona puede adquirir los 14 gramos que le estamos permitiendo lícitamente poseer y consumir sin penalizarlo criminalmente”, cuestionó el abogado y argumentó que “existe la posibilidad de que esta despenalización sin legalización, desincentive a que pacientes que hoy forman parte del programa de cannabis medicinal no renueven sus licencias y decidan adquirir sus productos en el mercado ilegal”.

El profesor universitario añadió que “lo que más le conviene a Puerto Rico, sin colores político-partidistas, ni ideologías religiosas, es la despenalización como consecuencia de la legalización del uso adulto controlado”.

Por su parte, el representante Héctor Ferrer Santiago, quien reabrió en la Legislatura el tema de despenalizar el uso recreacional a través de mesas de diálogo, dijo que continúa trabajando en un proyecto de ley que despenalizaría el uso personal de hasta 28 gramos de marihuana. Indicó que “no tiene prisa” para radicar la pieza legislativa y que está consciente de que es un tema polarizante,

“Es momento de comenzar a hablar y de crear un marco regulatorio por la coyuntura histórica en que nos encontramos, en donde necesitamos nuevos ahorros y nuevas fuentes de ingreso para el gobierno y qué mejor oportunidad de un marco regulatorio para el cannabis. Hay un estudio económico que sostiene que el primer año produciría $522 millones en la venta, más de 10 mil empleos y el impacto en el mercado sería de más de $1,000 millones”, expresó Ferrer Santiago.