El Departamento de la Familia se encuentra en proceso de contratar a una nueva compañía que ayude en la investigación de los referidos de maltrato de menores, en momentos en que la agencia solo cuenta con 99 trabajadores sociales para atender los casos de mayor gravedad, y la empresa que mantienen para indagar en el resto de las querellas -en la que la vida del menor, supuestamente, no corre peligro- ha acumulado desde el 2016 unos 10,458 casos sin atender.

Al alegar que no puede responder si está satisfecha o no con este escenario, la secretaria de la Familia, Carmen Ana González Magaz, detalló que tan pronto como en enero entraría en funciones la nueva empresa. No supo detallar, sin embargo, de qué casos se haría a cargo, si de los miles que se han acumulado en el pasar de los años bajo el contrato que mantienen con Social and Community Concepts o los nuevos referidos que llegan diariamente a través de la Línea Directa para situaciones de Maltrato (1-800-981-8333 o 787-749-1333).

“El punto es que se está haciendo el trabajo de estar investigando esos referidos de alegaciones de maltrato”, sentenció González Magaz, al salir en defensa de los procesos que realiza la agencia para indagar en las denuncias de maltrato que reciben.

La información la dio a conocer la funcionaria tras participar de la inauguración del albergue de emergencia San Pedrito, de la organización Lucha, en Hato Rey.

Durante sus expresiones a la prensa, la secretaria de la Familia aludió a que cada día se le añaden más referidos a los listados existentes, lo que alegó les han complicado el panorama para ponerse al día en las investigaciones. Sobre todo, destacó que el personal de Familia a cargo de investigar las querellas de maltrato de menores disminuyó de 238 a 99.

“Nuestro equipo de trabajo, que como sabes ha estado también en reducción, en términos, no tan solo del equipo de Trabajo Social, sino también lo de las Unidades de Investigaciones Especiales, sí necesitan un apoyo adicional. Así es que, mientras tanto las podamos ir bajando (las querellas) y nuestro equipo de trabajadores sociales pueda ir, entonces, asumiendo menos casos, tenga mejor calidad de vida, tenga mejor calidad en los servicios que se prestan, pues, vamos a estar dando mejor servicio”, manifestó.

Los argumentos de González Magaz y de la subsecretaria de la Familia, Ciení Rodríguez, estuvieron contextualizados en todo momento en la defensiva. Nunca aludieron a fallas en el contrato que mantienen desde el 2015 con Social and Community Concepts. Esta empresa tiene en la actualidad contratos activos con la Administración de Familias y Niños de $2,111,800.

Según aceptó Rodríguez, los casos que ha acumulados datan desde el 2016. De ese año en específico “quedan 800, verdad, que de alguna manera no han sido verificados”.

Las funcionarias indicaron que cada año se reciben unos 138,000 referidos, de los cuales atienden el 93%. El resto queda acumulado.

González Magaz señaló que todos los casos que reciben tienen un cernimiento de peligrosidad que se realiza en dos horas. En este proceso, dijo, se determina el periodo de respuesta. Comentó que los casos con peligro inminente, peligro presente, que se identifique la vulnerabilidad del menor por maltrato físico o sexual, así como que la víctima tenga menos de ocho años quedan en manos de los 99 trabajadores de Familia para trabajarlos con urgencia.

Explicó que estas investigaciones se deben realizar en un periodo de 30 días. No obstante, comentó que en ocasiones se demoran más.

“Hay momentos en que se necesitan más días todavía. Se necesitan identificar nuevos colaterales para que puedan corroborar con esa información”, sostuvo.

Las situaciones tipificadas como “alegado maltrato”, entretanto, pasan a la empresa contratada.

La subsecretaria de la Familia comentó que se trata de miles de casos que pueden estar duplicados, puede incluir casos de personas de edad avanzada, personas con discapacidad u otro tipo de situaciones que no impliquen riesgo a menores. Pero, la funcionaria no pudo proveer detalles específicos sobre en qué rango están los 10,458 casos acumulados bajo Social and Community Concepts.

González Magaz destacó, sin embargo, que tienen problemas con la utilización que se le ha dado a la Línea para referir maltrato de menores.

“El que no se esté utilizando la herramienta de manera apropiada, de manera segura, de la Línea de Maltrato, pues, obviamente aumenta también los referidos. Pero, no todos los referidos surgen que son con fundamento. Así es que hay algunos referidos que no tienen fundamentos, otros referidos que la información no ha sido validada, pues, la información es falsa. Hay duplicidad también de referidos. Esa es otra situación”, sostuvo.

Contó, por ejemplo, que tuvieron referidos sobre menores que no se conectaban a clases durante el encierro que hubo al inicio de la pandemia del COVID-19 y las escuelas no indagaron sobre los problemas de conectividad al internet o la disponibilidad del equipo de los estudiantes a los que referían.

“Muchas veces puede ser negligencia educativa. Hay veces que también recibimos emergencias sociales que no necesariamente son referidos por maltrato. O sea, si ha habido un accidente, múltiples agencias de gobierno, la comunidad también se comunica a través de la Línea y eso nos llega como referido, y no hay antecedentes, ni hay historial, ni está ocurriendo ningún tipo de maltrato”, dijo la secretaria.

Además de contratar a una nueva empresa, Familia también busca a través de la tecnología lograr identificar esas situaciones de posible duplicidad de referidos.