A cinco meses de su implementación, la Unidad Especializada de Atención Escolar -un esfuerzo interagencial entre los departamentos de Educación y Familia- los referidos de negligencia educativa se han reducido en un 72%.

Así lo afirmaron la secretaria de Familia, Ciení Rodríguez Troche, y la administradora de ADFAN (Administración de Familias y Niños), Glenda Gerena, en una mesa redonda en la que se actualizó información sobre los esfuerzos de las diversas dependencias que operan bajo la sombrilla de la agencia.

Explicaron desde que se creó la alianza -el pasado noviembre- se han absorbido un gran número de referidos que llegaban a la Línea de Maltrato y que pueden resolverse directamente en el entorno escolar. Para estos fines, la unidad especializada cuenta con 27 trabajadores sociales, 17 de estos de Educación y 10 de Familia.

“Se trata de asuntos como ausentismo, bajo aprovechamiento académico, padres que no van a buscar las notas o visitan la escuela”, destacó Gerena al informar que entre noviembre y abril se atendieron 83 casos de negligencia escolar, un número que para el mismo periodo el año anterior fue de 303 referidos. En promedio, la agencia recibía 3,000 referidos de este tipo de negligencia al año.

Por su parte, la secretaria de Familia destacó que con las intervenciones se evita el estigma que puede crear en un hogar un referido por la línea de maltrato, cuando se trata de situaciones que “con dos o tres intervenciones bien puntuales, pueden mejorar la calidad de vida del entorno familiar completo”.

Recalcó que después de todo el fin primordial de la agencia es “reunificar familias” y no separarlas.

“¿Qué ocurre cuando un referido de negligencia educativa entraba a la Línea? Automáticamente, se activa el sistema de protección. ¿Qué pasa cuando se activa el sistema de protección? Se estigmatiza una familia que, probablemente, por una situación que podría ser atendida en el entorno escolar o comunitario, entonces entran otras consideraciones que le ponen un sello a esa familia”, explicó.

Por su parte, el administrador de la Administración del Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), Alberto Fradera, explicó los esfuerzos más recientes para que Puerto Rico sea incluido en el proyecto de agricultura federal (Farm Bill). Entre estas acciones está el reclutamiento de personal, atemperar los procesos administrativos y de relgamentación, adelantar el proceso de digitalización de los expedientes de participantes y la ampliación del requisito de empleo para los participantes elegibles.

Sobre el requisito de empleo, se indicó que desde su inició en octubre de 2023, se han activado a 42 municipios, esto luego de los acuerdos que involucran al Departamento de Desarrollo Económico para su programa de Conexión laboral en áreas locales de Ponce, Norte Central, Sureste, Mayagüez-Las Marías, Suroeste, San Juan y Sur Central.

“Estos esfuerzos a nivel local buscan demostrar al Congreso federal que Puerto Rico está tomando medidas concretas para incorporarse al programa agrícola federal y a la vez responden a la política pública del gobernador, Pedro Pierluisi, de buscar trato igual en todos los programas federales, consistente con el Proyecto de la Cámara 5220 (HR 5220) presentado ante el Congreso, que propone hacer una transición en la isla del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) al SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria)”, explicó Fradera.